El conflicto de la UNAM, desencadenante o revelador de una crisis de intensidad y gravedad sin precedentes, se ha ido dando como pola-rización que parece dificultar un desenlace más o menos racional y satisfactorio para la mayoría de los integrantes de la institución, y para la sociedad. Uno de los principales obstáculos es el dilema espacios o foros de discusión, o congreso democrático y resolutivo. Cualquiera sea la decisión final y, en general, el desenlace, no podrá volverse a la situación anterior al paro. Se requieren el debate amplio y profundo sobre la universidad, el diagnóstico riguroso sobre su situación y principales problemas, una auténtica reforma, todo ello con la participación de los sectores involucrados y con garantías efectivas de concreción y aplicación real de los resultados.

Cualquiera sea la organización que asuma este proceso de debate, diagnóstico y reforma, es ya de importancia decisiva la fijación de una agenda que cubra la gama de problemas y fuerzas en juego, de la universidad en sí misma, y en sus relaciones con la sociedad. Ante todo, se plantean interrogantes centrales: ¿Qué universidad se quiere, con qué fines, funciones, poderes y recursos? ¿Para qué tipos deseados de economía, sociedad, cultura, sistema político y Estado? ¿En relación con qué proyecto académico, para qué proyecto nacional de desarrollo? ¿Para qué tipo de integración internacional? La universidad asume, y deberá asumir cada vez más, una esencia y una misión a partir y a través de una convergencia y una integración de dimensiones y funciones que se presuponen y refuerzan mutuamente. La universidad tiene un ideal educativo que se asume y se realiza como sede de la razón para la búsqueda de la verdad por una comunidad de cultura, mediante la investigación, innovación, enseñanza, producción y difusión de conocimientos, tecnologías, valores y modelos. Se define como espacio de libertad, humanismo y universalismo, garantizado por la autonomía, el pluralismo, la libertad de cátedra, investigación y creación, el antiautoritarismo y el antidogmatismo. Al mismo tiempo, como institución, la universidad es parte de un sistema educacional y debe por tanto reconocer las demandas que provienen de la sociedad y el Estado y sus principales componentes, asumir los fines y funciones, y aceptar los límites, que una y otros le fijan. En tal sentido, la universidad es parte fundamental en la producción y organización del saber, y en la selección y distribución de los individuos hacia posiciones diversificadas de actuación, efectividad y logro. Simultáneamente, en sentido inverso, el papel selector y distribuidor de la universidad es modelado y calificado por la idea democrática, que le impone la obligación de atender las reivindicaciones de educación universal, gratuita y obligatoria, y de dar respuesta a los dilemas que se plantean a este respecto: ¿Derecho de todos? ¿Finalidad de la nación? ¿Necesidad y obligación del Estado? La universidad es, y debe ser, participante indispensable en el cre-cimiento económico, el desarrollo social, la democratización política, la integración internacional con preservación de la autonomía y los intereses sociales y nacionales. En especial, debe responder a demandas masivas de profesionalización, especia-lización, tecnificación, y de una mayor y mejor incorporación de los habitantes a una cultura científica y tecnológica actualizada.

Finalmente, pero no menos importante, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no, la universidad se vuelve ineludiblemente sede de funciones y actividades políticas que provienen, de su propia naturaleza y dinámica, de lo que la sociedad y el sistema político proyectan en su interior, y de lo que ella proyecta hacia la sociedad y el sistema político. Es también ineludible el examen y el debate sobre los factores, rasgos y efectos de la crisis universitaria. Por una parte, cuáles han sido las realizaciones, éxitos y retos de la universidad, los requerimientos y garantías de las funciones, tareas y resultados de una universidad de élites, en las condiciones y bajo las coacciones de una universidad de masas, de las crisis nacionales e internacionales, y de la reducción e insuficiencia de los recursos. Nunca sería superfluo el examen de las contribuciones que la universidad ha brindado y debería brindar como respuestas a los retos planteados por la llamada globalización; por el estancamiento o el retroceso del crecimiento económico; por las limitaciones a superar en la producción de conocimientos, de investigación y de innovación: por la desigualdad y polarización sociales, por las insuficiencias de la democratización, y de los consiguientes reajustes internos. Todo ello, a su vez, por su incidencia en la necesidad de una reafirmación o de una redefinición de papeles, funciones, situaciones y posibilidades. Es obvio que en el examen de la crisis y en la búsqueda de soluciones y reformas ocupan un lugar central los problemas internos. Entre ellos destacan el crecimiento cuantitativo con masificación, la alta capacidad instalada, crecientes costos y gastos, con recursos insuficientes; las restricciones al ingreso, a la titulación, y a la incorporación al mercado de trabajo. Se agregan además las insuficiencias, inadecuaciones, e irracionalidades, en las formas de dirección, organización, planeación, administración y operación. Tales factores y rasgos críticos generan y acumulan frustraciones cuantitativas y cualitativas. Se dan desequilibrios y diferencias en los logros, rendimientos y productos de los principales sectores: investigación, docencia, innovación, difusión; así como su desarticulación y mutuo aislamiento. A las insuficiencias del proyecto académico se agregan su disociación y sus divergencias con el proyecto nacional de desarrollo.

La presente crisis genera o refuerza una imagen negativa de la universidad en la sociedad y el Estado, el sistema político, el empresariado, los medios de comunicación; ha revelado la insuficiencia o la inexistencia de apoyos y aliados, y de los esfuerzos para contrarrestar la imagen ne-gativa con una imagen positiva. El debate sobre la crisis y la reforma no puede ignorar la presencia y la incidencia de uno entre varios dilemas: ¿Educación ad hoc, vocacional, profesionalizante, especializante? O ¿Educación polivalente, continua, vitalicia? ¿Dilema excluyente o convergencia y coexistencia? Este tipo de cuestión se interrelaciona con el debate sobre las modalidades de la enseñanza-aprendizaje, los patrones de autoritarismo vertical o de horizontalismo democratizante, la necesidad de un mayor énfasis sobre las prácticas de investigación y docencia que privilegian el enseñar a aprender. Se interrelaciona también con el imprescindible examen de las cuestiones de la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, y la transdisciplinariedad.

Siguen pendientes otras cuestiones cruciales. Una de ellas es la de la evaluación: prioridades, métodos; órganos y procedimientos; criterios: ¿Utilidad, rendimiento, función social, calidad, excelencia? Otra es la de las relaciones de la universidad con el mercado, el aparato productivo, otros actores y sectores. La cuestión del financiamiento abarca el examen crítico de las opciones, fuentes, formas, uso de los recursos, garantías de legalidad y transparencia.

El replanteo de las relaciones con el Estado incluye obviamente el examen de la autonomía universitaria, sus contenidos y alcances, los derechos, garantías y obligaciones para las partes involucradas.

De un lado y otro de las partes directamente confrontadas en la crisis, y para el resto de los miembros de la universidad, se han multiplicado los interrogantes y postulaciones en cuanto a las autoridades universitarias, los actuales órganos de gobierno y administración, otras participantes de jure y de facto, los estudiantes, los trabajadores y el sindicalismo universitario. Todo ello apunta a la cuestión más general de la participación y la democracia en la Universidad. Apunta también a las opciones estructural-funcionales y territoriales: centralización, desconcentración, descentralización, división y reestructuración.

Se trata, en lo que precede, de sugerencias para un temario mínimo destinado al debate, el diagnóstico y las propuestas de reforma de la universidad en crisis.