Si en los primeros meses del conflicto el rector fue capaz de llegar a un acuerdo con la alta jerarquía del PRD para hacer voluntarias las cuotas, tratando de moderar así el atropellado reglamento que dio origen a la huelga, es incomprensible que hoy Barnés nos venga con el cuento de que este partido es el responsable y el promotor de la crisis universitaria. Pero una fuerza de oposición en México, la víspera de elecciones presidenciales, puede esperar lo que sea. Si el Gobierno de la ciudad trata de evitar el enfrentamiento con los estudiantes y para ello busca una salida con el rectorado (lo que no es ninguna traición sino una forma de hacer política en cualquier país), esas mismas autoridades delatan ese intento de solución porque el resultado no fue inmediatamente satisfactorio para el levantamiento de la huelga, y de paso azuzan a los grupos radicales en contra del PRD. Si el Gobierno de la ciudad trata de evitar el enfrentamiento con los estudiantes en las marchas y en un eventual desalojo de las instalaciones, es inmediatamente acusado por no hacer cumplir estrictamente la ley. Si por el contrario, desaloja Periférico exigiéndole al rectorado acelerar el diálogo hacia la solución del conflicto, el rector es convertido por los medios de comunicación en víctima indefensa del poder de Rosario Robles, presentándose todo el evento como un ataque a la autonomía de la UNAM. Por su parte, el candidato priísta Labastida y el propio Presidente de la República se toman la libertad de calificar la legitimidad, la calidad moral, la orientación político-ideológica y hasta la filiación guerrillera de las fuerzas del conflicto sin que ello provoque la más mínima protesta por intromisión.

Digamos que así es la política y subrayemos que la virulenta confrontación de las últimas dos semanas entre el Gobierno de la ciudad y el rector Barnés y su séquito de directores, ha vuelto este confuso escenario bastante nítido: no es la primera vez que se echa mano de la UNAM para allegarle a las fuerzas de la reacción y de la derecha una bandera que no esté ridículamente atada a las moralinas vaticanas o a las cursilerías conservadoras. Durante la crisis global de los años treinta que enmarcó a la activación popular y el gobierno cardenista, la UNAM se convirtió en una furibunda trinchera antipopular al extremo de que aquel régimen tuvo que crear el IPN para balancear tan desproporcionada reacción. Hoy el frente antipopular presenta variantes, pero podría resultar más amenazante para esta institución; el grupo que está al frente de la UNAM se rige por las pretensión científicista de ponerse en la primera fila de los avances del saber y de la técnica global; para lograrlo considera indispensable la preparación de excelencia a sabiendas de que en un país pobre esa función recaería en una élite que se asocia irremediablemente con las familias mejor alimentadas y con mejores bibliotecas. Esto se corresponde como anillo al dedo con una política económica privatizadora, es decir, de recortes al gasto social y a la redistribución del ingreso, permitiendo dirigir los fondos públicos a las élites políticas y económicas (Fobaproa, IPAB) y recibiendo nuevos préstamos y blindajes financieros. Excelencia, exclusividad, clase, son atributos que atraen por naturaleza a los sectores con mejor escolaridad hasta que llega el momento en que las Mujeres de Blanco y las familias bien no necesitan más argumentos para tomar partido contra los huelguistas que las fotos donde las mesas de debates del CGH son protegidas con alambres de púas. Esta amplia alianza dominante quedó sellada el día en que el coordinador de las ciencias de la UNAM le fue a pedir a Zedillo que ordenara el desalojo de los huelguistas; al lado del primer mandatario se encontraba el mismísimo Barnés, como recibiendo la queja desde el poder estatal (pero nadie vio en ello atentado alguno a la autonomía). Otra imagen de la alianza reaccionaria: el desplegado firmado por todos los directores de las dependencias universitarias responsabilizando al PRD por intromisión e insultos al rector (pero se autodefinen como anticorporativos y apolíticos). Una más: el grupo de la UDUAL, opuesto a una reforma democrática de la UNAM.

Uno pensaría que ante este amplio frente de la dominación y de la exclusión se estaría formando un amplio frente de resistencia y defensa de la institución y de la educación pública, influyente y gratuita: pero no, por desgracia no es así. La resistencia del proyecto popular y democrático se encuentra dividida, porque con cierta razón los más radicales creen que es una traición pactar con este sistema para obtener el poder por la vía electoral para que luego los cambios sean lentos o inexistentes; y los otros, también con razón, consideran que la vía de la acción directa sólo conduce a sacrificios sin ninguna esperanza de mejoría. Esa división es fácil de profundizar, como hoy lo vemos, gracias a un puñado de provocadores. ¿Qué hacer?: ¿evitar el choque a toda costa, poniendo incluso en medio a la sociedad civil, con tal de evitar la violencia y la manipulable imagen de la ingobernabilidad... o bien, ejercer la autoridad en contra de los radicales tanto del CGH como de rectoría (a sabiendas de que meterse con estos últimos es declararle la guerra al respecto completo de la dominación)?