El candidato de la coalición PRD-PT, Cuauhtémoc Cárdenas, se manifestó durante su gira en Chihuahua a favor de reconocer derechos políticos plenos a los ministros de culto, que están limitados por el artículo 130 de la Constitución. ``Debemos incorporar su derecho a participar plenamente en la vida política del país, incluso como candidatos a puestos de elección popular'', dijo. Cárdenas considera que la ley restringe indebidamente el ejercicio de un derecho universal, el derecho a ser votado, (o un derecho humano, según el obispo Obeso) a pesar de que en cualquiera de los Estados del mundo la calidad de ciudadano se obtiene solamente si se cumplen ciertos requisitos y normas que son, por su propia naturaleza, restrictivas.

Cárdenas opina que es muy discutible la conveniencia de mantener una ley que no cumple porque es imposible apartar a los religiosos de la política: ``Lo cierto -afirma- es que los ministros de culto tienen preferencias políticas por partidos y candidatos y que, de una u otra manera ejercen. Es mejor que asuman a plenitud sus derechos políticos porque de cualquier manera lo hacen''. Y tiene razón, si tomamos en cuenta la hipocresía en la materia. Los sacerdotes hacen política todos los días, dentro y fuera de la ley, pero esa constatación de ninguna manera obliga al Estado a otorgarles derechos que ni siquiera ellos piden. Una cosa es que los sacerdotes no puedan excluirse de la política en el sentido mas amplio del término y otra muy distinta es facilitar su participación activa en el proceso político-electoral que es la que está expresamente vedada por la ley.

Cárdenas puso en un mismo plano de razonamiento la libertad de creencias, que es esencial para la vida democrática y la participación activa de los ministros de culto en los procesos electorales, cuando una cosa no lleva necesariamente a la otra, como lo comprueba la inmediata respuesta que el arzobispo de Jalapa dio a las inquietudes de Cárdenas. ``Si por hipótesis se nos diera el derecho a ser votados para cargos públicos no aceptaríamos... la razón por la que nos está prohibido aceptar posiciones políticas es porque la fe no tiene partido y nosotros somos representantes de esa fe''. (La Jornada, 1-XI-99). Es, pues, el derecho canónico, no el anticlericalismo de algunos despistados, el que establece restricciones a los curas que quieren ser políticos. Justo Mullor no se anduvo por las ramas y señaló las razones de la prohibición establecida por el derecho canónico: ``Los sacerdotes no pueden ser partidarios de ningún instituto político''. Pero si así hay actitudes tendenciosas desde el púlpito, ¿se reducirían sus efectos por el solo hecho de llevar a los curas a la plaza pública pidiendo votos para su causa?

La presencia del Clero es absolutamente real y tangible, pero ese no es el asunto que ahora se discute. Lo que está mal es que se mezclen política y religión y que esta confusión se convierta en unas siglas, un partido, o una campaña. Eso si atenta contra el derecho de todos los ciudadanos a decidir sin coacciones, así sean de orden espiritual.