n Aún evalúa la oferta de la PGJDF de dar vigilancia personal a Digna Ochoa
Espera el Prodh ayuda de ONG internacionales
n Aguardan a que organismos especializados se sumen a las acciones de protección y seguridad
Matilde Pérez U. y Juan Antonio Zúñiga n El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) aún evalúa la oferta de vigilancia personal que ofreció la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a la abogada Digna Ochoa, pero ya aceptó que elementos de esa corporación mantengan recorridos constantes en la zona donde están sus instalaciones.
Edgar Cortés, director del Prodh, explicó que la decisión respecto a la vigilancia especial para la abogada Ochoa -coordinadora jurídica de la organización- es porque esperan que se sumen otras acciones de acompañamiento que han ofrecido organizaciones no gubernamentales especializadas en actuar frente a amenazas y agresiones en contra de organismos y personas que defienden los derechos humanos, como es el caso de Colombia y Guatemala.
Agregó que varias de esas ONG ya han ofrecido su apoyo al Prodh, y esperan que un especialista llegue para lograr esa adecuada combinación y tener mayor seguridad. "Somos respetuosos de la ley y del marco jurídico, y por eso esperamos que las autoridades investiguen a fondo, y de los organismos internacionales esperamos corresponsabilidad", explicó.
De agosto a la fecha, el personal del Prodh ha sido intimidado en ocho ocasiones. El 4 de agosto recibieron una amenaza de allanamiento; el 9 de ese mes secuestraron a la abogada Digna Ochoa; el 3, 8 y 14 de septiembre se localizaron sobres con amenazas en de las instalaciones; el 5 de octubre dejaron en las oficinas de la organización la credencial de elector que le habían robado a la abogada Ochoa; el 13 de octubre, una llamada anónima de amenaza de bomba, y el pasado 29 de octubre, el secuestro e intento de asesinato de la abogada Ochoa.
El provincial de la Compañía de Jesús, Mario López Barrios; el presidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y Defensa de los Derechos Humanos, Jorge Abdo Francis; la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la organización internacional Comité de Abogados para los Derechos Humanos demandaron al gobierno investigue las agresiones y tome medidas adicionales de protección para el personal del Prodh.
La agresión contra la abogada Ochoa y el allanamiento de las oficinas del Centro Pro Juárez son hechos que no pueden dejarse pasar porque "vulneran no sólo la integridad física y sicológica de personas generosas, sino la civilidad y el estado de derecho del país", indicó el provincial López Barrio.
Demandó a las autoridades del país intervengan para terminar los ataques que ponen en riesgo la normalidad democrática del país; investiguen su origen, castiguen a los responsables y ofrezcan garantías de libertad y seguridad a los defensores de las garantías.
El Comité de Abogados para los Derechos Humanos solicitó medidas urgentes para garantizar la integridad de la abogada Ochoa y de los otros integrantes del Prodh, y en cartas enviadas al presidente Ernesto Zedillo y al secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, señalan que los Estados deben adoptar medidas para garantizar el derecho de los individuos, grupos e instituciones.
Exige el PRD castigo a los responsables
El CEN del PRD envió una carta al presidente Ernesto Zedillo, en la que considera que las agresiones perpetradas en contra del Prodh y de la abogada Digna Ochoa "manifiestan la falta de vigencia de un estado de garantía", y exige una investigación de los hechos y castigo inmediato a los responsables.
Enfatiza que la vida de la abogada está en grave peligro, "como lo muestran los actos de intimidación y privación ilegal de la libertad de que ha sido víctima en los últimos tres meses, y que culminaron con lo sucedido el 29 de octubre de 1999, cuando fue allanada su casa y ella fue vendada de los ojos para que no reconociera a los agresores, quienes la interrogaron sobre el trabajo que realiza el Prodh y sobre supuestos vínculos de éste con el EZLN, el EPR y el ERPI".
La directiva nacional perredista recuerda que el mismo 29 de octubre fueron allanadas las oficinas del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. La puerta se encontró abierta, fueron registrados documentos del área jurídica y dejada una carpeta con la leyenda "poder suicida".
Como parte de la campaña de hostigamiento de que es víctima este centro de derechos humanos, precisa, son cortadas sus llamadas telefónicas y su sistema de comunicación electrónica, "lo que muestra la intolerancia con quienes se dedican a trabajar por la justicia".
Por otra parte, en conferencia de prensa, la secretaria de Derechos Humanos del CEN del PRD, María Rosa Márquez, expresó que estas agresiones son causa de una profunda preocupación de su partido, sobre todo porque no se trata de una cuestión aislada, ya que desde hace tres meses aproximadamente se tuvo conocimiento público de las acciones de hostigamiento y amenazas, tanto contra el Centro Agustín Pro como de la abogada Digna Ochoa, sin que la Procuraduría General de Justicia hiciera nada por investigar y frenarlas.
Preocupa la pasividad observada frente a estos hechos por parte del gobierno y sus distintas instancias, apuntó.