n Es válida para todos los países, incluso Argentina

Ordena Garzón la prisión provisional de los 98 represores

n Incluye también exhorto de búsqueda y captura internacional

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 3 de noviembre n El juzgado a cargo del juez Baltasar Garzón dictó hoy una resolución en la que ordena la prisión provisional incondicional y comunicada de 98 acusados (militares y civiles) por delitos de genocidio, terrorismo y torturas, cometidos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Este auto, según informa desde España la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, incluye las órdenes de búsqueda y captura internacional, validas para todos los países del mundo, incluida Argentina, ya que este país y España están vinculados por el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, que les obliga a dar curso legal a resoluciones de este tipo.

Esta resolución afecta:

1.- A los miembros de las tres primeras juntas militares.

2.- A los máximos responsables de las zonas uno, 2 y 3 del ejército argentino (ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, provincia de la Pampa, provincias del noreste argentino, del centro y del noroeste del país).

3.- A todos los responsables de torturas, secuestros, asesinatos, apropiación de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres, robos, violaciones, desapariciones y demás conductas delictivas que han podido ser identificados del centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada en la ciudad de Buenos Aires.

4.- A los responsables de los mismos delitos de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Tucumán.

5.- A los responsables de los mismos delitos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Santa Fe.

El magistrado describe 340 centros clandestinos de detención en todo el país, y menciona, de conformidad con la prueba obrante en la causa, que las personas secuestradas y actualmente desaparecidas ascenderían a varios miles.

Las pruebas en que se fundan las medidas adoptadas están constituidas por más de 150 testimonios de sobrevivientes y de familiares de desaparecidos, informes de organismos de derechos humanos, planes y órdenes secretas de los represores que fueron incorporadas a los autos, testimonios de representantes de grandes colectivos sociales y otros trabajos de investigación.

El informe de derechos humanos de España establece que según el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado entre España y Argentina y en vigor desde julio de 1990, este gobierno tiene la obligación de trasladar a la justicia argentina la reclamación judicial española.

El juez Baltasar Garzón dice en este auto que ha despertado esperanza: "Los hechos relatados en esta resolución son legalmente constitutivos de un delito de genocidio contemplado en la legislación española y que, además, viene definido en la Convención sobre la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, de diciembre de 1948".

España y Argentina son firmantes de esta convención y también ambas naciones han firmado la Convención sobre la Tortura, del año 1984.

Claves del auto de Garzón

--Hace ahora un año, el 4 de noviembre de 1998, una resolución del pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional estableció la competencia española para el procesamiento, por los delitos de genocidio y terrorismo, de los responsables de la última dictadura militar argentina. Esa resolución confirmó la competencia de Garzón para continuar la instrucción de esta causa 19/97, que había sido iniciada tras una denuncia que presentó la Unión Progresista de Fiscales, en marzo de 1996.

--Ninguno de los 98 procesados para los que ahora se ordena prisión ha sido juzgado con anterioridad --en territorio argentino-- por los delitos de "genocidio" y "terrorismo". La competencia extraterritorial de la justicia española se apoya en la legislación nacional y en pactos y acuerdos internacionales vigentes que obligan a los estados a la persecución de los delitos contra la humanidad.

--Entre los 98 procesados que el auto ordena detener aparecen Jorge Rafael Videla, quien encabezó el golpe de 1976 y está actualmente procesado por apropiación de bebés; varios integrantes de los grupos de secuestro y tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada: Alfredo Astiz, Antonio Pernia, Juan Carlos Rolón, Francis Whamond, Jorge Carlos Radice, Raúl Enrique Scheller, el ex juez federal Víctor H. Brusa --actualmente procesado por delitos de prevaricación-- y Antonio Domingo Bussi, quien encabezó la represión en la provincia de Tucumán.

--Según el artículo 3 del Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal, firmado entre el reino de España y la república argentina, en vigor desde julio de 1990, "darán lugar a extradición, conforme al presente tratado, los delitos incluidos en convenios multilaterales en los que ambos países sean parte".