n Injerencia absurda, la orden de captura de 98 represores: Menem

Apegada a derecho se cumplirá la decisión del juez Garzón: Madrid

n En caso extremo se podría recurrir al Tribunal de La Haya para que sean apresados, dice fiscal

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 3 de noviembre n El gobierno español, encabezado por José María Aznar, afirmó hoy que su actuación frente a la orden de captura internacional emitida ayer por el juez Baltasar Garzón contra 98 militares y policías argentinos acusados de genocidio, tortura y terrorismo de Estado durante la dictadura en el país sudamericano será bajo el más estricto cauce de la justicia.

Desde Buenos Aires, el presidente saliente, Carlos Saúl Menem, advirtió que "no aceptaremos que nos quieran colonizar judicialmente", y calificó la decisión del magistrado español como "una injerencia absurda en los asuntos de un país soberano".

"Vamos a rechazar de lleno ese pedido apenas entre en la cancillería y le vamos a ahorrar esta tarea al futuro gobierno", añadió Menem, según reporte de Reuters.

Mientras, Ricardo Gil Lavedra, posible ministro de Justicia del gobierno de Fernando de la Rúa, quien asume el 10 de diciembre, dijo que veía difícil conceder extradiciones debido a los principios de te- rritorialidad y de cosa juzgada.

"A primera vista... no parece posible que un pedido de esta naturaleza pueda prosperar", dijo. Pero un acuerdo bilateral firmado entre España y Argentina en 1987 obliga al gobierno del país sudamericano a detener y comenzar el proceso judicial de extradición contra los 98 militares represores.

Según explicaron hoy a La Jornada juristas y fiscales españoles y organizaciones no gubernamentales, existe el marco legal para que la administración de De la Rúa empiece el proceso judicial basado en leyes de tratados internacionales y bilaterales.

Si Argentina fuera respetuosa del acuerdo, afirmaron, debería detener a los acusados y así permitir que se inicien los tramites de extradición, a pesar de que Menem ya negó su colaboración a Garzón en 1998.

Los altos mandos de la dictadura argentina, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, fueron juzgados pero salieron de prisión indultados por Menem en 1990.

El Tratado de Extradición y Asistencia Judicial que firmaron el 3 de marzo de 1987 los gobiernos argentino y español dice en su artículo 28: "Impone a las partes la obligación de prestar asistencia mutua en la realización de investigaciones y diligencias relacionadas con cualquier procedimiento penal por hechos cuyo conocimiento competa a la parte requirente en el momento en que la asistencia sea solicitada".

En el artículo 29 del documento, publicado en los diarios oficiales de los dos países, se asienta: "La asistencia judicial sólo puede ser rehusada cuando la solicitud se refiere a delitos políticos (por ejemplo asilo o ataques a la libertad de expresión) o si se refiere a delitos militares (que se juzgan bajo las leyes internas de los militares)".

Ni militares ni políticos, los motivos

Los delitos por los que Garzón ordenó la búsqueda y captura internacional para la cúpula de la dictadura militar en Argentina "no son ni militares ni políticos", explicó a este periódico el presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Carlos Castresana, fiscal anticorrupción y quien comenzara este proceso judicial en 1996 cuando dirigía la Unión de Fiscales Progresistas, indicó que la única presión que puede --y debe-- ejercer el gobierno de España es "exigir el cumplimiento de los acuerdos de cooperación y en caso de que se vea perjudicado tendrá que renunciar al tratado, que cuenta con una cláusula específica sobre la extradición de ciudadanos nacionales".

En el terreno jurídico, Castresana señaló que se "podría llegar en un caso extremo al Tribunal de La Haya" para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado por los dos gobiernos.

Agregó que una vez dictada la orden de búsqueda y captura, "ésta llega a las oficinas de la Interpol en Lyon, y desde ahí se manda a todos los aeropuertos, policías y gobiernos del mundo, en donde serían detenidos" estos 98 represores argentinos.

José Luis Galán, abogado de la acción popular en el caso de los más de 30 mil desaparecidos durante el régimen militar argentino, calificó como "histórico" el auto de Garzón, que significa "un paso muy importante" para fijar responsabilidades en este genocidio.

Galán aseguró que los procesados, aunque no sean extraditados, se verán sometidos a un "encierro definitivo" dentro de Argentina, "dado que saben que en cuanto pongan un pie fuera de su frontera serán enviados a España".

De su lado, Josep Piqué, vocero oficial del gobierno español, aseguró que "tramitará la posible solicitud de extradición como ha hecho en otros casos", en alusión al proceso contra Augusto Pinochet, también abierto por el juez Baltasar Garzón.

La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, explicó que Garzón "no ha formulado una solicitud de extradición, sino una orden de detención, algo que no afecta al gobierno", y en opinión del canciller Abel Matutes esta orden "no será bien recibida" por el gobierno de Menem.

Matutes agregó que el gobierno español "no tiene nada que decir de la actuación de un magistrado conforme a las leyes, y no quiere entrar en comentarios sobre ello".

En el seno del gobierno español hubo algunas reacciones discrepantes al proceso, y la más notoria fue la del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando Villalonga, quien calificó al proceso de "factor de distorsión" para la próxima cumbre de La Habana.

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, volvió a criticar a Garzón, a quien ya había cuestionado por el proceso abierto contra el ex dictador Pinochet.

Dijo que los tribunales españoles "no son competentes para el conocimiento de estos hechos, sin perjuicio de reconocer que se trata de crímenes horrendos" (de los que al menos 546 españoles fueron víctimas).

Mientras, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos Alonso, calificó a Garzón de hacer una interpretación "forzada y voluntariosa" de la ley.

Por otro lado, las Madres de la Plaza de Mayo pidieron al juez Garzón que encarcele al ex capitán Adolfo Scilingo, implicado en el asesinato de 28 personas en los denominados vuelos de la muerte.

Andrea Benítez, vocera de esta organización, dijo a La Jornada que "el primer paso inexcusable que tiene que tomar el juez Garzón es detener a Adolfo Scilingo, porque él acepto haber participado en una serie de delitos".

Entre tanto, en el despacho madrileño de Garzón prestó declaración y entregó documentos y pruebas contra Emilio Massera el ciudadano israelí-argentino Daniel Tarnopolsky, el único sobreviviente de una familia de cinco personas, asesinadas por su condición de judíos.

Tarnopolsky entregó al juez unos videos filmados en el centro de represión y tortura de la Escuela Mecánica de la Armada en los cuales su hermano aparece "autodenundiándose como judío".