Ť Los ataques a defensores crecieron desde 1994
Exige Amnistía investigación de agresiones contra el Centro Pro
Ť Lamenta el organismo la falta de respuesta del gobierno mexicano
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 2 de noviembre Ť Amnistía Internacional denunció hoy los recientes ataques contra miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) en la ciudad de México, y anunció que instará a legisladores estadunidenses a expresar su repudio a estas acciones y a solicitar al gobierno mexicano mayor protección para los activistas de derechos humanos.
"Estos ataques han continuado, a pesar de haber asegurado que cesarían", señaló Carlos Salinas, encargado de América Latina en Amnistía Internacional Estados Unidos. "No sólo han seguido, sino que han escalado al punto que amenazan la vida", advirtió.
Amnistía Internacional ya ha enviado varias alertas a sus miembros sobre los ataques al Prodh, como el último caso de Digna Ochoa. Salinas declaró hoy que su organización está solicitando al gobierno mexicano que realice una plena investigación sobre el origen de estas agresiones.
"Los ataques contra defensores de los derechos humanos en México se han incrementado desde 1994, y el gobierno aún no logra dar una respuesta significativa a esto", afirmó Salinas. Agregó que varios legisladores estadunidenses han expresado su preocupación por estos hechos y están analizando la manera de comunicar esas inquietudes.
Buscan obstaculizar a los organismos civiles: Hernández Gerónimo
Andrea Becerril * El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Auldárico Hernández Gerónimo, deploró las agresiones en contra del Centro Miguel Agustín Pro Juárez y el intento de homicidio de su coordinadora jurídica, la abogada Digna Ochoa, ya que ello significa que desde las altas esferas del poder se intenta obstaculizar el trabajo de los organismos de la sociedad civil.
El senador perredista dijo que el pasado mes de septiembre, cuando compareció ante el Senado, el procurador General de la República, Jorge Madrazo, respondió a un cuestionamiento sobre las agresiones y amenazas de que ųdesde entoncesų había sido objeto el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y dijo que el caso se estaba investigando.
Por ello, añadió, la comisión senatorial que encabeza pedirá al titular de la PGR que se informe a los legisladores sobre el avance de esa investigación, ya que el problema ha crecido, hasta llegar a límites en extremo riesgosos, como el allanamiento de las instalaciones de ese organismo no gubernamental y las amenazas de muerte contra Digna Ochoa.
En un país que se dice democrático, agregó, no pueden darse estos hechos lamentables. "No debe permitirse, en forma alguna, que se concreten las amenazas de muerte contra defensores de derechos humanos".
Hernández Gerónimo informó que en los próximos días debe llegarse a un acuerdo en el Senado de la República sobre el nombramiento de un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), o ratificar a la actual titular, Mireille Roccatti.
Pese a los evidentes desacuerdos al respecto entre las fracciones de PRI, PAN y PRD en el Senado, el resultado de los recientes foros y las más de 200 propuestas que han recibido serán la base para la discusión que se dará en lo que resta de esta semana y la próxima, ya que el plazo vence el próximo sábado 13.
Ese día, dijo, debe haber ya un dictamen para pasar al pleno senatorial. Asimismo, Hernández Gerónimo señaló que es también importante que las fracciones se pongan de acuerdo en la interpretación del controvertido artículo tercero transitorio del recién modicado 102 constitucional.
Finalidad política en el ataque contra Digna Ochoa: De la Barreda
Ricardo Olayo Ť La agresión contra la luchadora social Digna Ochoa tiene finalidades políticas, en tanto pretende inhibir su actuación y la del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó ayer el ombudsman capitalino, Luis de la Barreda Solórzano.
Consideró "graves" los hechos en que un grupo de sujetos ingresó al domicilio de la abogada, y dijo que se requiere la condena general de los diferentes sectores, porque actos de esta naturaleza afectan la democracia en el país.
De la Barreda subrayó que es necesario el esclarecimiento por parte de las autoridades, ya que en este momento no se pueden hacer conjeturas sobre el origen del atentado que sufrió Digna Ochoa el pasado jueves, en el cual los agresores le pidieron información sobre los movimientos armados, que según ellos tenía sobre el EZLN y el ERPI.
El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dijo que el caso requiere especial atención por parte de la Procuraduría de Justicia capitalina, dependencia a la que hace algunos días solicitó un dispositivo para vigilar el perímetro de la casa de Digna Ochoa.
Además, mantener elementos de seguridad en las inmediaciones del Centro Pro, medidas que contribuyan a la detención de los responsables. Si bien en la CDHDF no se ha presentado queja alguna por la agresión, el ombudsman determinó iniciar de oficio un expediente para investigar los hechos, indicó De la Barreda.
Según información a su alcance, Digna Ochoa no desea protección policiaca directa, informó el ombudsman, quien en este caso ha mantenido contacto con Edgar Cortez, director de la ONG.
Respecto a los hechos violentos, declaró en entrevista telefónica que se trata de un atentado gravísimo contra un centro que contribuye a crear conciencia del respeto de las garantías individuales.
La ONG en que trabaja la abogada Ochoa fue fundada en 1988 por una delegación de la Compañía de Jesús, que algunas ocasiones ha recibido llamadas alertando sobre la supuesta colocación de bombas en sus instalaciones, así como anónimos por el trabajo que desempeña.
El jueves pasado las amenazas se convirtieron en una artera irrupción en la casa de Ochoa, acto inaceptable que debe ser investigado por la Procuraduría de Justicia capitalina, dependencia que ya puso a disposición vigilancia, pues los agresores dieron muestras de tener datos e incluso objetos de la abogada, indicó.
De acuerdo con las versiones, los sujetos vendaron los ojos de la abogada, y sólo los descubrieron cuando les presentaron fotografías de personas para identificarlas; además, le entregaron un portafolio que le había sido robado e insistieron en interrogarla sobre Jacobo Silva, supuesto comandante Antonio, del ERPI.
El organismo defensor de las garantías solicitó a la Procuraduría de Justicia del DF que analice la conveniencia de escoltar a la luchadora social, aunque ello sólo será posible si Digna Ochoa lo acepta.