Emilio Pradilla Cobos
Presupuesto 2000 para el DF
Está en marcha la elaboración y aprobación del presupuesto federal para el 2000, y como parte de él, la ciudad de México.
Antes que concluya, es conveniente transmitir a la opinión pública capitalina algunas preocupaciones. El hecho de que el presupuesto para la capital sea presentado por el Ejecutivo federal para aprobación por la Cámara de Diputados Federal --y no por el jefe de Gobierno a un Congreso local, como en las demás entidades federativas-- evidencia que la reforma política para el DF está aún incompleta, y que los legisladores federales del PRI y PAN, a lo largo de los años, no han querido otorgarle a la capital y sus ciudadanos la soberanía plena, transformándolo en un estado más de la federación.
En este marco, los legisladores aliados del PRI y PAN pueden tener la tentación de repetir, por obvios motivos electoreros, la acción sectaria cometida contra la ciudadanía capitalina y su gobierno, consumada el año pasado: privar al DF de parte de las aportaciones federales que le corresponden legalmente; reducir la proporción de contribuciones que la federación le devuelve a los contribuyentes, y limitar su capacidad de endeudamiento, convirtiendo a la capital en una excepción en términos presupuestales con respecto a las demás entidades. Si ello volviera a ocurrir, se estaría dejando sin recursos al gobierno capitalino para atender los enormes rezagos de inversión y operación dejados como legado por el PRI, para responder a las crecientes demandas y necesidades de los capitalinos, y para aplicar las políticas necesarias para que el DF recupere las condiciones de productividad económica y bienestar social que requiere. Si ocurre un nuevo recorte, los capitalinos tendremos que denunciar al PRI y PAN por agresión, por violación de la legalidad federal y por cometer un atentado, mal encubierto, contra la equidad electoral, pues no podrán ocultar su objetivo: impedir que el gobierno actual cumpla sus obligaciones y aplique sus políticas para debilitar a su partido, el PRD, en las elecciones del 2000.
Otro aspecto que salta a la vista es el peso creciente del gasto en seguridad pública dentro del presupuesto del DF. Hay pruebas evidentes de que la política de Cárdenas y Robles para combatir al crimen organizado logra resultados cada día, y ha permitido bajas sustantivas, aún insuficientes, en los índices de criminalidad; pero para ello tiene que destinar una parte muy grande del presupuesto a esta labor, reduciendo la correspondiente a fomento económico (creación de empleo), inversión y desarrollo social (mejoramiento de las condiciones de vida de la población mayoritaria).
La contradicción es evidente: la política neoliberal impuesta por el PRI, con apoyo incondicional del PAN, genera desempleo, reducción del ingreso y empobrecimiento masivo; esta situación es caldo de cultivo para la reproducción de la violencia espontánea u organizada; y el Estado nacional y los locales tienen que desviar recursos crecientes de la atención al crecimiento económico y el bienestar social --que atacan las causas--, a la acción judicial y policial para enfrentar su efecto: la violencia.
Entre otros aspectos que sacará a la luz la aprobación del presupuesto 2000 (el papel de los legisladores del PAN, la política presupuestal frente a la educación y, sobre todo, a la universidad, una de las causas reales del conflicto en la UNAM, etcétera) veremos el impacto violento que tendrá sobre todos los mexicanos otra obra de la alianza PRI-PAN: el multimillonario rescate de unos cuantos banqueros ineficientes y corruptos, y de los políticos y empresarios que usaron el Fobaproa y usan el IPAB para ocultar su corrupción y aumentar su riqueza a costa de la sociedad. Aunque ahora no tendrán la justificación de la caída de los precios del petróleo, esta vez será el pago del rescate bancario el que limitará los recursos para atender la responsabilidad social del Estado de garantizar los derechos humanos y sociales a todos los mexicanos.
Habrá que vigilar también que el "gasto social", a través de los programas de "combate a la pobreza", a sus efectos y no a sus causas, no siga teniendo el carácter discrecional, corporativo y focalizado que permite el uso electorero y de compra de votos que ha tenido durante los últimos dos gobiernos federales. La participación ciudadana es fundamental para vigilar las acciones y denunciar la manipulación.