Ť Intentaron la "eliminación física" de la disidencia
Acusa Garzón de genocidio y tortura a 98 militares argentinos
Armando G. tejeda, corresponsal, Madrid, 2 de noviembre Ť Baltasar Garzón, el magistrado español de la Audiencia Nacional que comenzó el proceso judicial contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, dictó hoy un auto judicial en el que ordena la búsqueda y captura "internacional" de 98 militares y policías argentinos en la época de la dictadura, entre ellos los generales Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Eduardo Massera.
Garzón acusa en su auto a la cúpula militar y a 10 miembros de las juntas castrenses que gobernaron Argentina de 1976 a 1983 de terrorismo de Estado, genocidio y tortura, los mismos delitos por los que se procesa a Pinochet.
A su salida de su juzgado en el centro de Madrid, Garzón no hizo ninguna declaración relacionada con el caso, que compara en su auto a lo sucedido en la Alemania nazi de mediados de siglo. El magistrado español investigaba a 192 militares argentinos, de los que decidió procesar a 98, dadas las pruebas recopiladas.
Garzón mantiene en su auto judicial --de más de 300 páginas, con testimonios y pruebas-- que estos 98 militares y policías argentinos cometieron un delito de genocidio, quienes a través de las juntas militares que gobernaron el país impusieron "un régimen de terror basado en la eliminación calculada y sistemática de personas desde el Estado, a lo largo de varios años, y disfrazada bajo la denominación de "guerra contra la subversión", en forma violenta con el fin de romper la propia estructura del grupo nacional".
Garzón además señala las diferentes formas de torturas que han sufrido los familiares de los más 30 mil desaparecidos del régimen militar argentino.
Los mandos militares que no participaron en las juntas militares están exentos de responsabilidad jurídica en Argentina por la llamada Ley de Punto Final, decretada por el ex presidente Raúl Alfonsín, mientras que los que sí pertenecieron a las juntas militares y fueron juzgados y condenados, al llegar al poder el hoy saliente mandatario Carlos Menem firmó inmediatamente el indulto de estos militares.
El fiscal anticorrupción español y quien comenzara en mayo de 1996 este proceso, Carlos Castresana, aseguró a La Jornada al conocer el veredicto que "crímenes tan execrables como los que se cometieron en Argentina no son objeto de un adecuado procedimiento judicial en aquel país sudamericano, por lo que la comunidad internacional debe intervenir para que se juzgue a estas personas".
Castresana agradeció a "las centenares de personas que han vuelto a vivir esos hechos dolorosos para hacer realidad aquello que está proclamado desde hace décadas en la jurisdicción internacional. El auto es fulminante e incontestable", sostuvo el fiscal progresista.
De los 98 militares y policías juzgados, únicamente Adolfo Scilingo no tiene orden de búsqueda y captura, ya que este uniformado argentino, que participó activamente en las torturas y el genocidio, se presentó ante Garzón en forma voluntaria hace dos años, y su testimonio es una de las piezas clave del proceso.
El magistrado asegura que la dictadura en Argentina buscó la instauración de "un nuevo orden, en el que no caben determinadas clases de personas --aquellas que no encajan en el cliché establecido de nacionalidad, occidentalidad y moral cristiana--, es decir, aquellos que no defendían un concepto de ultranacionalismo de corte fascista de la sociedad porque obedecían a consignas internacionales como el marxismo o el ateísmo", dice el auto de Garzón.
Las pruebas recabadas por Garzón ademas demuestran que desde las juntas militares se ideó un plan de "eliminación selectiva" en sectores de la sociedad como el colectivo de judíos argentinos, sindicalistas, estudiantes y profesores universitarios.
Estos sectores de la sociedad habrían sufrido de muerte, lesiones, detenciones ilegales, secuestros, desapariciones forzadas, colocaciones de explosivos, torturas e incendios, según las pruebas de Garzón.
El último fin de este Estado del "terror" era "eliminar así a la disidencia política y acabar con toda discrepancia". Además, Garzón mantiene que al igual que en el caso de genocidio y de terrorismo, mientras no se conozca el destino del desaparecido el delito nunca puede prescribir.
En este punto entiende el magistrado que únicamente el responsable de dicha situación está en condiciones de "terminar con la incertidumbre y sólo la exigencia de responsabilidades penales es capaz de averiguar la verdad".