Víctor M. Godínez
Después de la tempestad

El estado de alerta fue levantado en los seis estados que fueron duramente castigados por lluvias e inundaciones durante el mes de octubre. Las comunidades de Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracru,z donde se concentraron las desgracias humanas y las destrucciones materiales, podrán ahora hacer el recuento de sus pérdidas. Las autoridades municipales, estatales y federales estarán en posibilidades de pasar de las acciones de emergencia a las de diseño y ejecución de programas de reconstrucción y de fomento. No se cuenta todavía con un inventario oficial de las devastaciones de territorio, infraestructuras, inmuebles, bienes patrimoniales de las familias y activos productivos que, junto con la muerte y desaparición de personas, produjeron las intensas lluvias. De igual manera, las entidades especializadas del gobierno y del sector privado aún no han emprendido un diagnóstico técnico sobre las múltiples razones que explican los desmesurados efectos destructivos alcanzados por los recientes fenómenos pluviales e hidrológicos. Realizar esos balances es necesario no sólo para programar y coordinar de la mejor manera las acciones de reconstrucción, sino para emprender una reflexión seria sobre las condiciones de creciente fragilidad territorial y social en que se encuentran numerosas comunidades y nutridos asentamientos de población a lo largo de todo el país.

La estela de destrucción dejada en aquellos estados por las lluvias puso nuevamente de relieve la existencia de situaciones extremas de riesgo y vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. El tipo de daños experimentado, lo mismo que su magnitud, sugiere que tanto la prevención como la mitigación de esta clase de desastres son dimensiones ausentes en la formulación de las políticas públicas y, de manera más general, en el proceso de desarrollo. Cierto, ni un terremoto ni una precipitación pluvial desmesurada son fenómenos que puedan evitarse. Es evidente, sin embargo, que la capacidad destructiva de estos fenómenos alcanza mayores dimensiones cuando irrumpen en medios naturales y sociales en los que se han acumulado factores de fragilidad. Esto es parte importante de lo que ocurrió en aquellos seis estados.

En grados diversos, los seis estados se caracterizan por haber registrado a lo largo de las últimas décadas un conjunto de alteraciones que aumentaron la vulnerabilidad de los asentamientos humanos, la insuficiencia de las infraestructuras materiales y la fragilidad del territorio. Uno de ellos es el crecimiento demográfico. En estas entidades se localizan algunos de los conglomerados de población que presentan las más altas tasas de crecimiento del país. Aunque la suma del territorio y del producto interno bruto de los seis estados sólo representa 16 y 14 por ciento del respectivo total nacional, en ellos se concentra casi una cuarta parte de toda la población del país. Este crecimiento demográfico generó la multiplicación de minifundios en el medio rural y amplificó el éxodo hacia las zonas urbanas, donde se han multiplicado los asentamientos precarios que son generalmente los de mayor riesgo de inundación, deslizamiento y derrumbe.

Al rápido crecimiento demográfico corresponden, por otra parte, situaciones de pobreza y marginación muy acentuadas. El ingreso por habitante de estos seis estados se encuentra entre los más bajos con respecto del promedio nacional (casi 60 por ciento menos en el caso de Oaxaca y Chiapas, y entre 25 y 40 por ciento menos en las otras cuatro entidades). De acuerdo con la información elaborada por la Conapo para 1995, los seis estados con los mayores índices de marginación económica y social del país son, en orden de intensidad: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Puebla e Hidalgo; según la misma fuente, Tabasco ocupaba el lugar número once. En aquel año, porciones de la población estatal que iban de cerca de una quinta parte en Tabasco hasta la mitad en Oaxaca y Chiapas, asentadas en cerca de tres quintas partes de todas las localidades registradas en los seis estados, presentaban grados de marginación calificados oficialmente como ''altos'' o ''muy altos''. Información de las autoridades de salud para 1996 señala que en las seis entidades los niveles de nutrición de los niños menores de cinco años de edad se ubicaban por debajo del promedio nacional. En todos ellos, los grados de desnutrición ''moderada'' o ''severa'' eran mayores a tal promedio.

A mayor pobreza y marginación corresponde menor holgura social de las poblaciones y comunidades para enfrentar y resistir los embates de las fuerzas de la naturaleza. A este hecho se añaden otras fuentes de fragilidad, que reproducen y amplifican la situación de vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales. Entre ellas están la precariedad de las infraestructuras, originada en la reducción de los recursos presupuestales asignados a la construcción y mantenimiento de obras y en una gestión de las licitaciones públicas en la que predominan los criterios estrictamente financieros.

Estos y otros factores más deberán ser tomados en cuenta en los programas de reconstrucción que han anunciado las autoridades en las seis entidades castigadas por las lluvias.

Queda por saber si los recursos que se emplearán para ello empezarán a combatir las causas estructurales de la fragilidad social y territorial, o servirán, como tantas veces en el pasado, para aplicar ungüentos y ventoletas en el cuerpo de un atropellado.