NO MAS AGRESIONES A DIGNA OCHOA

En días recientes, integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y particularmente su responsable jurídica, la abogada Digna Ochoa, han vuelto a ser víctimas de atentados y agresiones inaceptables. El viernes pasado se denunció el amago que la abogada Ochoa sufrió en su propia casa y el allanamiento de las oficinas de esa organización humanitaria no gubernamental, cuyo ámbito de acción abarca los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

Ante esta nueva y preocupante denuncia, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ofreció a la organización referida un dispositivo especial de vigilancia para proteger a la abogada, oferta que es tomada con reserva, puesto que, como lo señala Edgar Cortez, director de esa ONG, operativos similares de la Procuraduría han resultado ineficientes en el pasado para impedir los abusos contra la activista. Esta circunstancia genera las sospechas de Cortez sobre la participación de "instancias altamente profesionales" en la comisión de los atropellos. Detrás de estos repudiables hechos están, indudablemente, servidores públicos que buscan obstruir el trabajo de quienes, desde la sociedad civil, promueven y defienden los derechos humanos. Es obvio, por lo demás, que tal intimidación tiene por objeto perpetuar la impunidad de quienes temen ser descubiertos, investigados y castigados por abusos de poder ya cometidos.

Si la preservación de las garantías individuales ha de ser consustancial al verdadero estado de derecho y una de sus premisas fundamentales, los hechos denunciados son inaceptables, sobre todo cuando el gobierno mexicano busca proyectar al exterior la imagen de un país en el que prevalece el respeto por la libre expresión y la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, resulta especialmente necesario asegurar la protección por parte de las autoridades a quienes, como Digna Ochoa y los miembros de Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se empeñan en evitar que tales garantías sean violadas o permanezcan impunes.

Es urgente, en suma, que los atropellos denunciados sean investigados y se sancione debidamente a los responsables de éste y otros delitos contra promotores de los derechos humanos.