* Sería ''irresponsable''
No se suspenderán programas sociales en el 2000: Hacienda
Antonio Castellanos * El vocero de la Secretaría de Hacienda, Marco Provencio, calificó de ''irresponsable'' la petición de algunos legisladores para suspender los programas sociales a fin de impedir el ''supuesto'' manejo electoral de sus beneficios. El gobierno federal, dijo, ha sido enfático en que el presupuesto del próximo año no tendrá fines electorales.
Señaló que la atención a la pobreza seguirá siendo una prioridad para el actual gobierno y confió en que las familias pobres se integrarán paulatinamente al desarrollo del país.
Si bien el manejo prudente de las finanzas públicas no es suficiente, sí es un requisito para asegurar que este proceso de integración no se interrumpa, agregó.
En su informe semanal, Provencio destacó que durante 1999, y por cuarto año consecutivo, el gasto social creció más rápidamente que el total. A pesar de su reducción en el programable total, el gasto social crecerá para finales del año alrededor de 3.2 por ciento real; a su vez, el dinero destinado a programas para combatir la pobreza extrema habrá aumentado alrededor de 12 por ciento en términos reales.
Según el funcionario, el Programa de Educación, salud y Alimentación (Progresa) ha logrado avances considerables en un periodo relativamente breve. Para finales de 1999 se habrá dado apoyo a 2.6 millones de familias, es decir, alrededor de 14.3 millones de personas en todo el país.
Por ello, agregó, sorprende que algunos legisladores sugieran que el gobierno suspenda los programas sociales en vigor. Esta petición es irresponsable, pues equivale a pedirle al gobierno que, para evitar sospechas, suspenda los servicios sociales para la población durante el periodo electoral. En otras palabras, equivale a solicitar que a la población con mayores carencias no se le dé atención.
La petición para suspender los programas sociales sorprende aún más, pues son los legisladores quienes no sólo aprueban el presupuesto, sino que tiene a su disposición, como en toda sociedad democrática, los elementos para vigilar el uso correcto del presupuesto que ellos aprueban.