Tal y como ha venido ocurriendo casi cada mes, el costo del ``saneamiento financiero'' se ha incrementado nuevamente: se ha informado que el IPAB está negociando con el Nova Scotia Bank la adquisición de la cartera mala de Inverlat. Según funcionarios del organismo, esta cartera mala implicaría entre 13 mil y 19 mil millones de pesos que se sumarían al saldo que el Fobaproa traspasó al IPAB, más las operaciones de ``rescate'' de Serfin y de Bancrecer. Así, el costo actual del ``saneamiento'' instrumentado por el gobierno volverá a crecer: si la semana anterior lo estimábamos en un billón 200 mil millones de pesos, esta semana tendremos que agregar la compra de la cartera vencida de Inverlat.

Hemos insistido en que el ``arreglo'' que creó el IPAB, de ninguna manera redujo el costo del Fobaproa; por el contrario, su sustitución por un nuevo organismo de protección al ahorro descuidó uno de los aspectos centrales, el de la limitación a las nuevas intervenciones y la renegociación de los rendimientos del pagaré Fobaproa. Por eso, el saldo ha venido creciendo explosivamente, lo cual ha conducido a que la Secretaría de Hacienda proponga, en el presupuesto del 2000, pagar el componente real de los intereses para empezar a controlar el crecimiento del saldo.

Esto confirma con absoluta claridad que la creación del IPAB no solamente no redujo el costo del Fobaproa, sino que ha permitido un incremento descontrolado, imputable a los responsables de este acuerdo político: Acción Nacional, el Ejecutivo federal y el PRI. Sin embargo, por la manera como se construyó este nuevo organismo, la mayor responsabilidad recae sobre el PAN; ellos diseñaron el IPAB, redactaron sus lineamientos, definieron la mecánica operativa, incluyeron a vocales suyos en la Junta de Gobierno.

Pero su responsabilidad no se localiza solamente en que fueron los autores del IPAB; también tienen otro tipo de responsabilidades: las derivadas de que algunos de sus cuadros dirigentes están directamente involucrados en el Fobaproa. Desde que empezó este escándalo, hace más de año y medio, se supo que algunas empresas de la propiedad de Fox, Medina Plascencia, Canales Clariond, Sada Zambrano y, de otra manera, Fauzi Hamdam, tenían créditos en cartera vencida que fueron comprados por el Fobaproa.

Algunos de estos dirigentes panistas, en su calidad de diputados, participaron activamente en convencer a su partido que la actitud de rechazo a la propuesta oficial, conjuntamente con el PRD, era inadecuada. No lo lograron fácilmente: hubo que ir en contra de acuerdos logrados por todos los parlamentarios panistas en Puerto Vallarta; finalmente se impusieron y consiguieron que el PAN apareciera como la cabeza de la ``solución'' al problema Fobaproa. Estos mismos promotores del acuerdo con el gobierno quedaron como representantes de Acción Nacional en la comisión de diputados encargada de la auditoría a las operaciones del Fobaproa; fueron quienes impidieron que ciertas partes comprometedoras del Informe Mackey desaparecieran, al momento de traducir la versión del inglés.

Son ellos, también, los que ahora han votado con el PRI y el Verde Ecologista para impedir que se conozcan los nombres de todos los involucrados en los más de mil 200 créditos irregulares reportados por Mackey; estos diputados ``acordaron exigir que el IPAB dé a conocer la lista de los créditos ilegales en el Fobaproa'', lo que deja a salvo del conocimiento de la opinión pública los créditos reportados, que no pueda comprobarse su ilegalidad. Da un tiempo que puede resultar lo suficientemente largo para evadir los costos que esta información puede implicar electoralmente.

Precisamente por esto, acordaron que los créditos ilegales sean dados a conocer por el IPAB en tres paquetes --según la nota de El Financiero (26/10/99, p. 4)--: el primero, ``los 68 créditos hasta ahora totalmente ilegales'' que suman 6 mil 300 millones de pesos; el segundo, ``que tiene que ver con 800 créditos ilegales'', que suman 24 mil 500 millones; el tercero, ``más de 42 mil millones de pesos que son los llamados créditos relacionados''. Cada paquete será dado a conocer a los diputados por separado, lo que alarga la fecha en que se conocerá la información.

El PAN piensa que con este tipo de acciones evitará que se demuestren ante la opinión pública las razones de su apoyo al gobierno para resolver el escándalo del Fobaproa. Ello demuestra que, además de carecer de la autoridad moral que tanto pregonan, son cándidos al suponer que el PRI mantendrá la información guardada; lo hará, si y solo si, la candidatura de Fox se mantiene atrás de Labastida. De otro modo, iremos enterándonos de todo a medida que las campañas arrecien: el IPAB será, seguramente, su Waterloo.