* Contraloría tiene sólo parte del rompecabezas sobre el manejo de recursos

Vacío legal impide conocer el caso de la PA

* Ha detectado retenciones indebidas a uniformados por un millón 155 mil pesos: León Alazraki

Ricardo Olayo y Angel Bolaños * El contralor general del Gobierno capitalino, León Alazraki, indicó que tiene a su alcance una parte del rompecabezas en que se ha convertido el tema del uso de los recursos en la Policía Auxiliar, el de la "retención indebida" del salario de los uniformados por un millón 155 mil pesos, según una revisión efectuada en 17 meses de ejercicio entre 1998 y 1999.

El funcionario aceptó que por falta de facultades en la ley no puede conocer otras piezas, por ejemplo, la forma en cómo se manejan estos fondos, que él llama "privatizados" por la asociación civil que crearon hace 11 años los uniformados.

Y aunque no puede acceder a dichos recursos, siembra la duda sobre su manejo privado y que efectivamente se usen para las prestaciones de los policías.

Durante una entrevista, en algunos momentos el funcionario consideró que la citada asociación no se maneja conforme a la norma y en otros dijo que a él no le corresponde hablar de sospechas.

Con dos semanas en el cargo, aunque desde hace más de un año se desempeña en la Contraloría, Alazraki subrayó que no acusa a nadie, pero en su caso presentará una denuncia penal ante el Ministerio Público, pues las retenciones rebasan el máximo que fija la ley para descontar a cada trabajador.

Los supuestos manejos indebidos que planteó son de un monto mayor que lo declarado hace cuatro meses por el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero.

Mientras se llega al fondo del asunto, el contralor obtuvo la suspensión del director administrativo de la Policía Auxiliar, Severo Rodríguez Hueso, sin que esto se pueda considerar una sanción, "porque no sabemos hasta qué grado formalmente sea responsable".

Todavía en el Gobierno del DF se debate si los recursos de la asociación son privados o públicos, pero para el contralor Alazraki no hay duda que son del presupuesto, y por ello se puede intervenir en defensa del respeto de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y de la Constitución.

En la Contraloría se hicieron dos revisiones que arrojaron 780 millones de pesos de retenciones indebidas sobre las aplicaciones que se efectuaron para el ejercicio de 1998 y de enero a mayo de este año 375 millones de pesos.

--Dado que no pueden revisar los fondos privados de la asociación Ƒse puede avanzar?

--Por el momento son fondos privados en cuanto los privatizaron, pero eran públicos. En el momento en que un fondo público lo privaticen indebidamente es donde empieza el tramo de responsabilidad. El proceso es el siguiente: retiro los fondos del capítulo mil de servicios personales, no le entrego al policía el cien por ciento de su salario, sino que le retengo una parte que está autorizada por la ley y otra que no está reglamentada, y las privatizo indebidamente porque la llevo a una asociación civil. Es un fondo público, presupuestal, que es para el policía, pero no para una asociación civil.

--La asociación indica que la autorización se da mediante la carta de adhesión que firman los policías al entrar a la corporación.

--La carta no le da facultades a nadie para que le retengan de su sueldo al policía y se convierta a una asociación civil.

--Sin embargo, es esta carta en la que fundamentan la aportación y que el dinero está en fondos para dar prestaciones sociales.

--No estoy diciendo que se está mal usando el fondo que maneja la asociación, ni tampoco el que manejan los fideicomisos porque no lo sé, no tengo la menor idea de lo que suceda con la salida de fondos de la asociación y de los fideicomisos. Lo que sí sé es que la retención que se le hizo al policía es indebida, por la razón de que expresamente no autoriza a que esa cantidad se le retenga por parte de la Policía Auxiliar y se lleve a una asociación civil. Y aún sí así lo hiciera hay disposiciones legales, incluso la Constitución, de que no se le puede retener arriba de lo que no está previsto por la ley. O sea, es un problema de matiz. Aquí no estamos acusando a nadie, si no simplemente describiendo un procedimiento.

--Aunque posteriormente el policía disfruta de la aportación en prestaciones...

--No le sabría decir si los disfruta.

--ƑHay sospechas de que no los disfruta porque es una asociación privada?

--Yo no tengo una lista de los asociados de la asociación civil. Aquí en la Contraloría nadie la tiene, y dudo que estén asociados formalmente con todas las leyes atrás respaldando a los 42 mil policías.

--Pero, Ƒhay sospecha en el manejo de los fondos privatizados?

--No, no tengo sospecha de nada porque no sé que han hecho con el dinero. Lo que sé es que se privatizó mal, indebidamente, el recurso público correspondiente a la disposición de los servicios personales del presupuesto.

--ƑSabe si los fondos han sido bien utilizados?

--Se utilizaron mal en cuanto no le llegaron al policía.

--Según la norma administrativa está previsto recuperar estos fondo para el gobierno de la ciudad.

--No estoy hablando de la recuperación, sino de los actos que hasta el momento hemos detectados como indebidos. Vamos a suponer que el procedimiento judicial que se elija al final, es una suposición, que diga bueno, pues los devuelves. No es que expresamente lo diga, pero si el responsable devuelve el dinero, pues automáticamente se llega a una conclusión de que no hay daño patrimonial, y el tratamiento sería el que corresponda. Pero estamos hablando de por lo menos del ejercicio del 98 y del 99 hasta el 31 de mayo. Tendríamos que irnos hacía atrás para que realmente todo el problema estuviera cuadrado, en toda su magnitud.

--ƑPor qué no disfrutan los policías de prestaciones como el ISSSTE?, pues a muchos no se les considera trabajadores al servicio del Estado.

--Por eso no se les ha considerado como tales, no porque el Estado no haya querido, sino porque aparentemente se estaba creando o se tenía la intención de crear una organización paralela, a través de la asociación o de sus fideicomisos. Eso no exime al derecho que tengan de acceder a los servicios del ISSSTE o a la Caja de Previsión de la Policía.