n Habrá un reacomodo del personal en todas las áreas de la nueva dirección
Desaparece la DGST en noviembre: Díaz Casillas
n Con la medida se desmembrará cualquier estructura de corrupción, señala el funcionario
Laura Gómez Flores n La desaparición de la Dirección General de Servicios al Transporte en la primera quincena de noviembre permitirá una restructuración de personal en todas las áreas de la nueva Dirección General del Transporte, para enfrentar la corrupción imperante, principalmente en oficinas recaudadoras, e incorporar la revista vehicular al programa de verificación el año próximo, afirmó su titular Francisco José Díaz Casillas.
Anunció que no habrá prórroga para pasar la revista vehicular, que hoy vence, por lo que quienes no cubran este requisito deberán cubrir multas por 40 y hasta 60 días de salario mínimo, y se pondrá en marcha un operativo a partir del 3 de noviembre contra 3 mil microbuses que circulan con vidrios polarizados, volante deportivo, spoilers, cortinas en parabrisas, calcomanías, televisión y rotulaciones o letreros.
En una reunión con miembros del Movimiento Unificador de Taxistas, quienes le presentaron una denuncia de corrupción en el pago de la revista vehicular en una oficina recaudadora, que se comprometió a investigar, mencionó que entre las reformas consideradas en el Reglamento de Transporte se prevé que la DGT regule las políticas públicas de transporte concesionado, el cual se presta a través de microbuses, combis y autobuses, así como el transporte privado y de carga en todas sus modalidades.
De ahí que proceda una restructuración en las seis direcciones de área, 20 subdirecciones, 91 jefaturas de unidad departamental y cuatro coordinaciones regionales, donde la ciudadanía realiza 98 trámites, y cuya concentración ha provocado un relajamiento en la disciplina y honestidad de los trabajadores de la dependencia, indicó.
Asimismo, se contempla una capacitación y reubicación de inspectores en distintas áreas de la Secretaría de Transporte y Vialidad ante los excesos que han cometido durante muchos años, y se creará un cuerpo de verificadores cuya función será comprobar que los prestadores de los servicios público, mercantil y privado de transporte se proporcione de conformidad con la normatividad.
A diferencia del anterior esquema de inspección, los verificadores sólo actuarán con una orden expresa y por escrito que firme la autoridad competente, y no tendrá facultades determinadoras, sino que levantarán un acta circunstanciada de las deficiencias encontradas que se turnará al área calificadora, la cual previa audiencia del interesado emitirá una resolución apegada a derecho.
Mientras, las 35 oficinas delegaciones y módulos de licencia y control vehicular pasarán a ser desconcentradas a las delegaciones políticas, con el propósito de que tanto el personal como la asignación presupuestal sean transferidos a esas demarcaciones.
Además, las personas que realicen funciones de trato directo con el público quedarán obligadas a presentar su declaración, como los inspectores del servicio público de transporte, peritos de los centros de inspección vehicular, jefes de oficina de licencias y de control vehicular, así como revisores de infracciones, vehículos y de trámites del servicio público concesionado.
El registro público de transporte que dependía de la DGT, por otra parte, se integrará directamente a las oficinas centrales, lo que permitirá un manejo más eficiente de las bases de datos de los registros vehiculares, y suministrará los servicios informáticos y documentales a dicho organismo y el Instituto del Taxi, indicó.
El funcionario señaló que con la restructuración de la DGT, que sólo se encargará de los microbuses y transporte de carga, se "desmembrará" cualquier estructura de corrupción.
Precisó que las modificaciones estructurales y funcionales, que estarán listas antes de concluir noviembre, no implicarán recursos económicos adicionales para su instrumentación, la cual se lleva a cabo con base al programa de estructuras compensadas, por lo que no habrá creación de plazas adicionales a las existentes.
El titular de la DGT, por otra parte, informó que a los microbuses que sean detenidos en el operativo que iniciará el próximo 3 de noviembre se les aplicará una sanción y quitará las placas, pero se les dará un permiso para que circulen 30 días sin dar servicio, con el fin de que reparen sus unidades.