Desde hace seis meses, tirios y troyanos insisten en que el conflicto universitario sólo podrá resolverse mediante el diálogo. En apariencia todos coinciden en que ésta es la mejor vía para llegar a un acuerdo satisfactorio. Existe una grande coincidencia en relación con cuál es el camino más indicado para concluir una situación que ha alcanzado dimensiones críticas. Sin embargo, no se ha llegado muy lejos por esta vía porque hay un desacuerdo irresoluble en cuanto a quiénes deben ser los interlocutores que participen en el tan buscado diálogo. Unos y otros dicen que es un asunto de los universitarios, de lo cual se desprendería que compete sólo a los universitarios. Pero unos y otros han introducido en la disputa a actores políticos que poco o nada tienen que ver con la universidad: padres de familia miembros de organizaciones populares, organizaciones populares sin padres de familia, autoridades locales, federales, dirigencias y militantes partidistas.

Es posible que sea legítimo su interés en un asunto de importancia nacional; el problema es que con tantos involucrados se ha desencadenado una especie de danza de interlocutores, que hace temer que el diálogo tan añorado, se convierta apenas en un divertimento político. Las consultas organizadas en la última semana respectivamente por un grupo de distinguidos investigadores y por los paristas llamados ``moderados'', ilustra con claridad cómo cada quien piensa en distintos interlocutores. En el plebiscito del 21 de octubre sólo podían participar los miembros activos y acreditados de la comunidad universitaria; la segunda consulta, en cambio, estuvo abierta a quien quisiera opinar sobre el tema. Una de dos: o todos los mexicanos somos universitarios por derecho divino o el diálogo en torno a la UNAM no es un asunto de universitarios.

Una de las consecuencias más perversas de la prolongación del paro estudiantil ha sido que la identidad y los intereses de los universitarios en sentido estricto, se han venido diluyendo. Tanto es así que hoy en día no hay duda que el conflicto es político. Tal vez lo fuera desde un principio; no obstante, a 24 semanas de iniciado hay más de un indicio de que muchos de quienes han dialogado en forma más efectiva, lo han hecho en su calidad de actores políticos, miembros de partidos, de organizaciones populares o responsables gubernamentales, pero no como miembros de la institución en juego. Lo anterior sugiere que el supuesto diálogo entre universitarios se ha convertido en una negociación entre políticos de la cual están excluidos los universitarios. Tal vez eso explica que los diputados perredistas en la Cámara le hayan exigido al rector Barnés la renuncia con el argumento de que era un obstáculo para el diálogo. La misma acusación que hace unas semanas hizo la jefa de Gobierno Robles.

Este reclamo cobra sentido únicamente si se le mira como parte de una exigencia más general del PRD para que las autoridades lo reconozcan como un interlocutor privilegiado en la solución del conflicto, a expensas probablemente del Consejo Universitario. No se entiende muy bien con base en qué mandato ese partido ha asumido la representación universitaria. Hasta ahora lo único que sabemos es que muchos de sus dirigentes se distinguieron cuando pasaron por la UNAM por una muy intensa militancia política. Peor todavía, las ofertas perredistas no han sido aceptadas por el CGH, y en los últimos tiempos han sido rechazadas por la mayoría de los universitarios acreditados que saben, o intuyen, que el PRD entiende bien esa máxima de que el poder, como la belleza, está en los ojos de quien lo mira.