CLASE POLITICA Ť Miguel Angel Rivera

Luego del problema de la "regularización" de los vehículos introducidos ilegalmente al país, el gobernador de Chihuahua, Patricio Martínez, enfrenta otro problema derivado del cobro de derechos e impuestos.

Al llegar al gobierno, como les sucede a otros muchos mandatarios, se encontró que la disponibilidad de recursos es muy corta, pero como es emprendedor, promovió un nuevo impuesto estatal sobre las nóminas, o sea, directo sobre los ingresos de las empresas. La justificación para ese nuevo impuesto es impecable e irreprochable: se trataba de ayudar a los sectores más necesitados de la sociedad chihuahuense, en gran medida por intermedio de los municipios.

En efecto, los ayuntamientos recibieron un sustancial aumento en sus ingresos como producto de esta nueva tasa fiscal. Sin embargo, los empresarios locales no coincidieron con estas apreciaciones. Lo que encontraron fue una carga nueva que los colocaba en desventaja respecto de sus competidores de otros rumbos del país y del extranjero. Por eso interpusieron un juicio de amparo contra el impuesto y la Suprema Corte de Justicia les concedió la razón, como lo había hecho con otros intentos de imponer similares cargas fiscales a nivel federal.

Ese fue el inicio de tribulaciones mayores para el mandatario chihuahuense, pues la anulación del impuesto implica devolver casi 300 millones de pesos a las empresas que pelearon judicialmente, pero sin dejar de cumplir sus pagos.

Pero el dinero ya fue repartido entre los municipios de Chihuahua. En consecuencia, ahora la recaudación tiene que hacerse en sentido contrario, y para cubrir el dinero reclamado, el gobierno estatal decidió reducir en 20 por ciento las participaciones a los municipios, con el consecuente y lógico disgusto de amplios sectores sociales.

La cosecha

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