José Agustín Ortiz Pinchetti
Robles y Zedillo ante la seguridad
El PRD ha luchado desde sus inicios por la creación del estado 32 en lo que es el Distrito Federal. La reforma política en tránsito ha perdido la profundidad inicial, ya que los cambios en la ciudad, en los últimos dos años, han estado sujetos a las tensiones de la sucesión presidencial. No obstante, existe un impasse en diversos aspectos constitucionales y legales que afectan la actividad política y administrativa del gobierno local.
La primera de ellas es la autonomía y soberanía de la Asamblea Legislativa para reformar leyes y reglamentos internos, pues existe la contradicción evidente entre la forma democrática de elegir al jefe de Gobierno y toda la legislación que corresponde aún al viejo y oprobioso DDF, que por naturaleza era centralista y autoritario. Es tiempo de que el Estatuto de Gobierno para el Distrito Federal se entregue a los órganos legislativos del poder local en la ciudad, para que éste desaparezca y se convierta en una Constitución local para el DF. La única discusión en el Congreso deberá ser la nueva forma de coexistencia de los poderes de la Federación con el gobierno local, transformando el marco jurídico del DF en una figura que no necesariamente significa territorio propio, sino garantías y derechos de huésped. La segunda son las facultades aún en gris entre el presidente de la República y el jefe de Gobierno, lo cual en los últimos dos años determinó el fondo de los conflictos en la ciudad. Este tema es el de la seguridad, pues en los términos del actual Estatuto de Gobierno en el caso del procurador general de Justicia (artículo 10 del estatuto), éste es nombrado y removido por el jefe de Gobierno, pero con la "aprobación del presidente de la República". En el caso del mando de la fuerza pública en el DF (artículo 34 del mismo estatuto) la facultad de nombrarlo es del presidente de la República "a propuesta del jefe de Gobierno".
Esta imprecisión de la responsabilidad política en el nombramiento de los encargados de la seguridad, a partir del 5 de diciembre de 1997, la resolvió Zedillo al otorgarle a Cuauhtémoc Cárdenas la decisión de nombrar al secretario de Seguridad Pública y al procurador general de Justicia del DF como un acto de convivencia entre el poder federal y el nuevo jefe de Gobierno, pero tuvo implicaciones inmediatas. Si la fuerza pública y el Ministerio Público dependían del jefe de Gobierno, en este caso su responsabilidad era cuidar al presidente. Pero si éste nombraba a los encargados de la seguridad y la procuración de justicia, entonces el presidente debería cuidar al jefe de Gobierno.
El nombramiento del teniente coronel Rodolfo Debernardi fue el centro de las tensiones y desde la Presidencia surgieron las presiones para su renuncia. Sin embargo, "el clima de inseguridad" se originó por responsabilidades imprecisas. Estimuló a medios informativos e intereses perversos, interesados en demostrar incapacidad por parte del nuevo gobierno. En el caso del procurador Samuel del Villar, el recibimiento en el cargo fue una larga campaña de ataques y golpes, lo responsabilizaron del clima de inseguridad y delincuencia en 1997 y 1998. La presión contra la SSP y la PGJDF ha sido el eje de las tensiones políticas que ahora adquieren nuevos matices.
El asesinato de Paco Stanley constituyó la primera presión que pretendía que el caso fuera "atraído" por la PGR al ámbito federal. La determinación de Cuauhtémoc Cárdenas y Samuel del Villar impidió esta pretensión y por ello existen posibilidades reales de descubrir las causas de este crimen con una investigación ejemplar y despolitizada, afectando, paradójicamente, intereses políticos y económicos. En estos días el esquema que se pretende construir es de que la fuerza pública no debe estar a cargo de la jefa de Gobierno, Rosario Robles, y para esto se ventilan desde los medios, sectores conservadores y segmentos de policía, argumentos misóginos.
En resumen: el presidente quiere recuperar el control sobre la policía y el Ministerio Público, pues el proceso de reformas desde la SPP y la PGJDF pareciera contravenir la intención política que calculaba que el manejo de la seguridad sería un fracaso en manos del PRD. Muchas provocaciones estarán en marcha para cumplir este deseo, pues en este caso sucede como dice el refrán: quién da y quita, con la ciudad se desquita. Reflexionemos. *