n Sería el inicio de otro largo proceso en Londres
Apelan de la sentencia que autoriza extraditar a Pinochet
n La defensa hizo una solicitud para obtener un habeas corpus
n Buscan que Straw pudiera liberarlo por razones humanitarias
Dpa, Pl, Afp, Ap y Reuters, Londres, 22 de octubre n La defensa de Augusto Pinochet apeló hoy ante la Alta Corte londinense la sentencia que autoriza su extradición a España, en el día que vencía el plazo para hacer el trámite, con lo que puede abrirse un nuevo y prolongado proceso de varios meses o hasta un año.
"Puedo confirmar que hemos hecho una solicitud de permiso para obtener un escrito de habeas corpus", declaró uno de los abogados de la defensa, Michael Caplan, e indicó que de momento aún no se fija fecha para la audiencia de apelación, en tanto que adversarios lo abuchearon y gritaron: "ƑPor qué defienden a un asesino?"
El recurso interpuesto responde al fallo del 8 de octubre del juez del tribunal de Bow Street, Ronald Bartle, quien declaró al ex dictador chileno extraditable a España, donde es reclamado por el juez Baltasar Garzón para juzgarlo por cargos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1973-90).
Observadores señalaron que para efectos prácticos, la presentación del recurso de la defensa supone retrasar nuevamente el caso y que posiblemente vuelva al Tribunal de los Lores, que en marzo pasado ratificó el arresto del acusado y le redujo sustancialmente los cargos. Pero, ese tribunal no se ha pronunciado sobre la extradición.
Otros informes indicaron que de todos modos la defensa puede optar, como estrategia, por renunciar al recurso que acaba de presentar para que el expediente sea transmitido a la oficina de Straw, ante quien el gobierno de Chile solicitó formalmente la liberación del ex gobernante de facto por razones humanitarias.
Con todo, analistas estimaron que esa opción puede resultar riesgosa, ya que si bien Straw pudiera eventualmente resolver la liberación del senador vitalicio por razones de salud, igual podría terminar con una confirmación rápida de la sentencia de extradición y el envío del acusado a España.
El abogado Fernando Barros, uno de los allegados a Pinochet, afirmó que la Alta Corte tiene dos semanas para decidir si autoriza o rechaza la solicitud de apelación presentada por Caplan. Consideró que no hay ninguna razón para que esa instancia resuelva negativamente, ya que es una alternativa del tratado de extradición.
Caplan no dio a conocer el contenido del habeas corpus, cuyo recurso consiste en un pedido de revisión completa de una detención que se considera ilícita. Pero se da por hecho que uno de los principales argumentos se basa en el deterioro de la salud del acusado, como fórmula para que sea liberado por razones humanitarias.
Un segundo argumento esgrimido se referiría a que los delitos de tortura que se le imputan no tienen el mismo tratamiento en Londres y Madrid, y otro más sería que hay una "motivación política" del juez Garzón y no jurídica, es decir, que actuaría de "mala fe", lo que de probarse inhabilitaría la extradición.
En reacción, la cancillería chilena indicó que el recurso de habeas corpus no inhabilita al ministro británico Jack Straw a decidir la liberación del militar retirado por razones humanitarias, ya que sus facultades son amplias y puede pronunciarse en cualquier momento sin tener que esperar el fin de las instancias judiciales.
El canciller Juan Gabriel Valdés, de visita en Brasilia, reiteró que sólo Chile tiene derecho a procesar a Pinochet. Aunque reconoció que en caso de no ser juzgado en su país, entonces sería Gran Bretaña y no España el país con mayor potestad para juzgar los crímenes atribuidos al gobierno militar que encabezó.
Opositores a Pinochet, tanto en el exilio como en Chile, señalaron que se esperaba la apelación, pero confiaron en que el ex dictador terminará en España rindiendo cuentas por sus actos. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecido estimó que el recurso es una maniobra dilatoria y encaminada a impedir la extradición.
El comandante en jefe del ejército chileno, general Ricardo Izurieta, aseveró hoy que se han dado declaraciones "hostiles" hacia las fuerzas armadas que le impiden realizar un trabajo más fructífero con los civiles, incluyendo resolver problemas pendientes como la mesa de diálogo, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrrez.
La mesa de diálogo tiene que ver con el problema de los detenidos-desaparecidos durante la dictadura, pero Izurieta con sus comentarios respondió por segundo día consecutivo a las críticas de sectores de izquierda del oficialismo que condenaron la participación de cuatro militares en una protesta en favor de Pinochet.
En otro orden, se denunció ante el juez Juan Guzmán que el ex general Sergio Arellano Stark firmó 12 sentencias de muerte contra opositores tras el golpe militar, en tanto que parlamentarios anunciaron que intentarán levantar el secreto de 159 leyes y decretos emitidos durante el régimen pinochetista.