n El cabildo de San Cristóbal se extralimitó al declararla no grata, considera

Concede un juez amparo a Ofelia Medina

n Alcalde, síndico y ocho regidores podrían ser destituidos si se niegan a revocar el acta: Montero

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de octubre n El juez segundo de distrito, Jacinto Juárez Rosas, concedió amparo a la actriz Ofelia Medina en contra de la declaratoria de persona no grata hecha por el ayuntamiento de San Cristóbal el pasado 20 de agosto, informó José Antonio Montero, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

"Lo anterior significa que el ayuntamiento de San Cristóbal tiene que revocar el acuerdo y anular -en sesión de cabildo- el acta mediante la cual María Ofelia Medina Torres fue declarada persona no grata" el 20 de agosto pasado, agregó el abogado.

"El juez consideró que el cabildo de San Cristóbal -que preside el priísta Mariano Díaz Ochoa- se extralimitó en sus funciones y que la declaratoria de persona no grata viola las garantías individuales de la actriz", subrayó.

Explicó que si el alcalde, el síndico y los ocho regidores -todos del PRI- que aprobaron la declaratoria en sesión extraordinaria se niegan a cumplir con la resolución del juez, "podrían ser destituidos por desacato a una autoridad superior, pues así lo promovería la defensa".

Montero insistió en que el juez concedió el amparo a la actriz yucateca debido a que la declaratoria de las autoridades municipales "es una resolución carente de motivaciones y fundamentos jurídicos".

Dijo que la resolución fue tomada por el juez el pasado once de octubre, pero hasta hoy le fue notificada a Montero, quien presentó la solicitud de amparo.

Ofelia Medina fue declarada persona no grata durante una sesión extraordinaria de cabildo convocada el 20 de agosto de manera apresurada por los priístas, después de que la actriz y varios estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia instalaron un campamento de observación civil en el ejido Amador Hernández, municipio de Ocosingo, debido a que en esos días el Ejército Mexicano instaló un nuevo campamento militar.

El día de la sesión los regidores del PAN y del Verde Ecologista que asistieron, sin saber de qué se trataba, abandonaron la sala al conocer la orden del día, por lo que el acta fue aprobada sólo por ocho regidores del PRI, el alcalde y el síndico.

José Antonio Montero señaló que estará pendiente de las próximas sesiones de cabildo para ver si el ayuntamiento anula el acta referida, o de lo contrario solicitará al juez -cuya sede está en Tuxtla Gutiérrez- que quienes firmaron el acuerdo "sean destituidos como marca la ley".