n Diputados perredistas lo acusan de usurpador
Juicio político contra Herminio Blanco por incompetente, piden
n Otorga más facilidades a inversionistas extranjeros, dicen
Ciro Pérez Silva y David Aponte n Diputados perredistas presentaron ayer una solicitud de juicio político contra el secretario de Comercio y Fomento Industrial , Herminio Blanco, por usurpar atribuciones exclusivas del Congreso y otorgar a inversionistas extranjeros mayores beneficios que a los nacionales; por negarse a informar sobre el estado que guarda la dependencia a su cargo; por la falta de una política industrial y por su clara "incompetencia" como responsable de esa secretaría.
De acuerdo con los legisladores, el titular de la Secofi autorizó la importación de granos, como frijol y maíz, con arancel cero, facultad exclusiva del Congreso, impidiendo con ello una recaudación de 20 millones de dólares anuales, además de afectar gravemente a los productores nacionales.
Al referirse a la promoción de las exportaciones, aseguran que no ha habido avances sustanciales con Asia y Europa, baste señalar que en 1998 se tuvo un déficit comercial de 10 mil 900 millones de dólares en el comercio con Asia y de 8 mil millones con Europa.
"En 1998, 80 por ciento de nuestras exportaciones se dirigía a Estados Unidos, hoy han crecido hasta 89 por ciento. De esta suerte, basta que ese país instrumente medidas proteccionistas, ocultas o abiertas contra México para que se afecten nuestros sectores productivos. Así, una nación como México está ante una grave amenaza de su soberanía", aseguran.
En el texto, firmado por el coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez, y el diputado Sergio George Cruz, se precisa que el funcionario ha eludido reiteradamente dar cuenta al Congreso sobre temas fundamentales como la planeación nacional del desarrollo económico; la orientación política industrial; la orientación para la programación, promoción y ejecución de acciones de orden económico, el abasto, la producción suficiente de bienes y servicios y la regulación de la inversión extranjera.
Dicha omisión, aseveran los legisladores, ha causado parálisis en los órganos del poder constitucional que no han podido cumplir con su mandato legal.
Sostienen además que no sólo ha sido responsable de negociar los tratados de libre comercio y los acuerdos financieros, "sino que ha negociado a nuestra planta productiva nacional y algo que es peor, ha negociado nuestro máximo marco jurídico".
Afirman que en materia de acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha aceptado desregular y cancelar facultades soberanas del país. "Reiteramos que no es posible aceptar que los inversionistas privados puedan demandar al Estado Mexicano ante tribunales extranjeros, anulando la facultad sustantiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de solución de controversias. No queremos que nuestra nación se convierta en rehén de decisiones de jueces o de tribunales extranjeros".
Los diputados perredistas aseguran que los resultados macroeconómicos expuestos por el funcionario contrastan con la realidad en que viven los 3.6 millones de micro, pequeños y medianos empresarios de acuerdo con datos del INEGI, "realidad que es producto de actos, omisiones y malas acciones en la dirección de la secretaría".
Asimismo, sostienen que por encima de lo que establece el capítulo agropecuario denominado arancel de cuota y el marco del TLC, que obliga al gobierno de México a importar anualmente hasta dos millones de toneladas de maíz sin que los exportadores paguen impuestos compensatorios, la Secofi autorizó unilateralmente, desde hace cinco años, la importación anual adicional de 2.5 millones de toneladas de maíz con cero pago de aranceles.
Por otra parte, indican que la realidad muestra que México se encuentra con una economía desintegrada y polarizada, resultado de la falta de una política industrial. Se cuenta además con un sector agrícola muy dañado por las crecientes importaciones y la falta de créditos; un crecimiento desproporcionado de la economía informal dentro de la población económicamente activa que alcanza a más de 20 millones de trabajadores.