n El canciller Matutes reitera que si Londres lo hace, respetará la decisión
España no liberaría a Pinochet por razones humanitarias
Armando G. Tejeda, corresponsal, y agencias, Madrid, 20 de octubre n España no recurrirá a una eventual liberación de Augusto Pinochet por razones humanitarias, en caso de que por esa vía se decida el ministro británico del Interior Jack Straw, declaró hoy el ministro español de Relaciones Exteriores, Abel Matutes.
El canciller, quien en realidad sólo estaba reiterando una postura anterior que ha manejado su gobierno, provocó sin embargo una oleada de críticas por parte de la oposición política española, al acusar al gobierno de José María Aznar de estar interfiriendo en los asuntos del Poder Judicial.
Matutes señaló que desde el comienzo de este caso ha dicho que su gobierno respetaría una eventual decisión del mando británico que considerara razones de salud del ex gobernante de facto, ya que con anterioridad ha respetado las decisiones de los jueces y lo seguirá haciendo, llegado el caso, con las autoridades británicas.
"Parece deducirse de las declaraciones del ministro Straw, que para tomar una decisión al respecto desea esperar el agotamiento de la vía judicial", y que "si tomara una decisión antes, que también puede hacerlo, sería por consideraciones objetivas sobre la salud de Pinochet", apuntó.
Resaltó que "una eventual decisión del ministro Straw sobre el senador Pinochet supondría automáticamente el término de la vía judicial y su libertad inmediata y la posibilidad de regresar a Chile", y en consecuencia no cabría ya el recurso de apelación y el gobierno de Madrid no lo presentaría.
Al insistírsele sobre el recurso de revisión que podría interponer el juez Baltasar Garzón, Matutes afirmó que "este tipo de recurso no tendría efectos prácticos porque no anularía y ni siquiera puede suspender los efectos de la decisión de Straw". Más aún, abundó, un intento de revisión sería ya una "cuestión puramente académica".
Explicó que de producirse la revisión judicial ante una decisión de tipo humanitario de Straw, "no estaríamos en el ámbito judicial sino en las relaciones de gobierno a gobierno, y aquí el artículo 97 de nuestra Constitución dice que quien tiene la competencia exclusiva en política exterior es el Ejecutivo".
En contraposición, fuentes judiciales afirmaron que la justicia española sí recurrirá toda resolución británica encaminada a la liberación del ex dictador chileno que interrumpiera el proceso de extradición a España, y que incluso ya está la instrucción de Garzón en poder de la Fiscalía británica.
El equipo de la acusación particular y popular en la causa abierta en 1996 en Madrid contra Pinochet, indicó que el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Garzón, envió una providencia al ministerio español de Asuntos Exteriores "confirmando todas las instrucciones de la justicia española cursadas por vía diplomática".
Uno de los abogados de la acusación, al referirse a la declaración de Matutes, puntualizó que "el gobierno español tiene todo el derecho a asumir tal decisión, pero no puede obstaculizar el derecho de la justicia a recurrir". Más aún, descartó toda posibilidad de que pueda crearse un conflicto de poderes.
El líder de la oposición socialista en el Congreso, Joaquín Almunia, acusó al gobierno de Aznar de interferir en el caso de Pinochet y de pretender tapar sus vergüenzas en materia de libertades, falta de respeto a la justicia y a los inmigrantes.
Izquierda Unida, por conducto del parlamentario Felipe Alcaraz, exigió al gobierno desautorizar "de inmediato" las declaraciones del ministro. Apuntó que no vale la compasión "que Pinochet se vaya con la cabeza alta", y que en todo caso debe volver a Chile "no como un hombre de Estado. sino como un criminal, sin dignidad".
En tanto que fuentes de la defensa reiteraron que se apelará el viernes el fallo del juez Ronald Bartle que autorizó la extradición, el canciller chileno Juan Gabriel Valdés restó importancia a la orden de arresto expedida por un fiscal en Bélgica contra Pinochet.
Valdés dijo que el ministro Straw ha dicho ya que el gobierno español y el juez Garzón tienen preferencia en este caso. Incluso, sectores de la derecha dijeron confiar en que Pinochet será liberado por razones humanitarias, por lo que desestimaron la orden del juez belga Van Berdech, reportó el corresponsal Enrique Gutiérrez.
Al mismo tiempo, el abogado paraguayo Martín Almada entregó en París a la justicia francesa documentos contra Pinochet, y en Argentina dos fiscales federales pidieron a la justicia califique como "crimen de lesa humanidad" el asesinato del general Carlos Prats ocurrido en 1974 en Buenos Aires, que complicaría el caso a Pinochet.
Mientras en Santiago se presentaba la querella número 48 contra Pinochet, el gobierno de Eduardo Frei informó que el ejército empezó una investigación interna en relación a los cuatro militares que participaron en una manifestación pública el pasado día 16, al cumplirse un año de la detención del ex dictador en Londres.