n Es dinero privado que han ahorrado los uniformados en 12 años, dice


Contraloría no pudo auditar recursos de la Policía Auxiliar

n Recomienda a la SSP que los fondos retenidos no sean administrados por particulares

Ricardo Olayo n La Contraloría General del DF concluyó la revisión de los manejos administrativos en la Policía Auxiliar sin poder auditar los recursos de la asociación civil que hace 12 años conformaron los uniformados, pues se trata de dinero privado que han ahorrado los 39 mil elementos de la corporación; tan sólo en un fideicomiso hay depositados 210 millones de pesos para pagos de personal en fin de año.

Una de las observaciones emitidas por la Contraloría a la Secretaría de Seguridad Pública indica que los recursos retenidos a los policías para prestaciones sociales no deben ser administrados por una empresa privada, como ocurre ahora con Servicios Especiales Administrativos (Seasa), pues la propia PA podría hacerse cargo de la operación con su personal e infraestructura.

La SSP por su parte también tiene resultados de una auditoría que efectuó por separado, pero en ninguno de los dos casos se ha informado si tras la revisión se comprueba el millonario fraude denunciado públicamente por el secretario Alejandro Gertz Manero o alguna irregularidad en las retenciones de 33 por ciento que se hacen al pago de salario de los efectivos.

Al contrario, documentos del gobierno capitalino, entre ellos los recibos de pago de los efectivos, indican que dicho porcentaje descontado corresponde a prestaciones identificadas como vivienda, servicios médicos, y de manera principal, van a un fondo de aguinaldo y vacaciones.

Se explica que un policía que labore 20 turnos en un mes tiene percepciones por diversos conceptos, como puntualidad, crédito al salario, fondo de ahorro, compensación al sueldo, que suman alrededor de 2 mil 300 pesos. En el talón también se le hacen deducciones a los uniformados, "para beneficios sociales", de hasta mil pesos, que si bien aparecen en el recibo, van directamente a fideicomisos para hacer efectivos préstamos, pago de jubilaciones, estímulos y tener un fondo que permita los pagos de fin de año.

Es precisamente este último monto el que representa el 33 por ciento al que se ha referido Gertz Manero como un descuento indebido, aunque las observaciones de la Contraloría no apuntan nada en ese sentido, entre otras cosas porque no ha sido posible acceder a las cuentas de Seasa.

Esta empresa administra dinero de los policías auxiliares que es privado, producto de los contratos que atiende la PA con diferentes clientes, entre ellos la propia SSP. El acta constitutiva de Seasa está firmada por los 26 comandantes con que cuenta la corporación, y para hacer movimientos financieros un comité de cinco comandantes puede autorizarlos.

Una de las peculiaridades de la PA, llamada también policía complementaria, es que cobra por el servicio que presta en el interior de inmuebles o bancos, fondos que se van a una asociación civil, y que al mismo tiempo dispone de armamento cuya licencia pertenece a la SSP.

 

Informes pendientes

 

Hace varios días que la Secretaría de Seguridad Pública recibió las observaciones de la Contraloría, pero no ha informado de las medidas que se deben aplicar en el desempeño administrativo de la PA.

De hecho, el jefe de la policía, Alejandro Gertz Manero, dijo la semana pasada que tiene que ser la Contraloría la que emita opinión sobre las auditorías, porque esa es su responsabilidad.

Otras dependencias, como la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas, han tenido intervención en el asunto, pero hasta ahora no se ha comprobado el desvío millonario que denunció Gertz.

El 5 de julio, ante diputados locales de la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el secretario declaró: "Tenemos que investigar a fondo, porque estamos hablando de 300, 400 millones de pesos al año que no encontramos dónde andan, eso nadie lo puede dejar pasar, no tiene sentido".

De las denuncias penales que deben derivarse de los hechos que narró, comentó que hizo una "propuesta ante el contralor general de cuáles pueden ser las hipótesis penales en que pueden incurrir los funcionarios que hicieron uso de estos fondos. Estoy en espera de que me conteste para que podamos seguir adelante".

De entonces a la fecha han pasado más de tres meses sin que se haya informado al respecto.

Gertz Manero ofreció a los diputados que se darían detalles: "La Contraloría tiene que dar un informe público, el cual tendrán ustedes, yo, todos".

Quizá lo que más alarmó de los manejos descritos en la PA por el secretario Gertz, fueron los descuentos irregulares de 33 por ciento de las percepciones de los uniformados, sobre los cuales aseguró que habría resultados "en un plazo muy corto".

La recuperación de ese 33 por ciento es una de las banderas que han enarbolado los policías que han realizado diversas manifestaciones.