Amplias regiones del país han sido víctimas de desastres naturales en las últimas semanas; el sismo del 30 de septiembre y las lluvias torrenciales han dejado cientos de muertos, cientos de miles de damnificados, y muchos millones de pesos de pérdidas patrimoniales y productivas.

Como siempre, los pobres y excluidos del campo, pueblos y ciudades, han puesto la mayor parte de los muertos y las pérdidas materiales más cuantiosas: hoy se enfrentan a una miseria mayor a la de antes y no tienen ninguna esperanza ni garantía de recuperar lo poco que tenían.

Las fuerzas naturales son detonadoras de estos desastres, pero ellos se potencian y causan más daños humanos y materiales porque tienen ante sí a una sociedad vulnerable e indefensa. La política económica neoliberal de los tres últimos gobiernos federales y los estatales panistas y priístas da prioridad plena al apoyo al gran capital industrial, comercial, bancario y financiero (Fobaproa e IPAB son sólo una muestra), y relega y empobrece a los trabajadores y pequeños y medianos productores.

La pobreza obliga a la gente a construir sus precarias e inestables viviendas en áreas urbanas y rurales inadecuadas y vulnerables, y les impide proteger adecuadamente sus recursos productivos y de subsistencia.

El Estado, voluntariamente desestructurado por los neoliberales, ha renunciado a su responsabilidad social frente a la gente. Lejos ya de garantizar los derechos humanos y sociales a todos los mexicanos, con sus políticas asistencialistas y focalizadas actúa sólo como ``ambulancia'' de las víctimas mortales del neoliberalismo; ha renunciado también al diseño y aplicación de políticas de desarrollo regional y urbano que reduzcan la enorme brecha entre regiones ganadoras y perdedoras en la globalización y el ``libre'' mercado.

Sólo confía en las decisiones de los grandes capitales monopólicos, pero estos son verdaderos depredadores de la naturaleza que sólo asumen como fuente de enriquecimiento. Los gobiernos han dejado de realizar muchas acciones y obras, pequeñas y grandes, que reducirían la vulnerabilidad ante los desastres y permitirían recuperar las condiciones de sustentabilidad natural. Esto se agravará en el futuro ante la transferencia multimillonaria de recursos sociales a banqueros y empresarios ineficientes y corruptos que PRI y PAN impusieron a las próximas generaciones a través de Fobaproa-IPAB.

La sabiduría popular, que los gobiernos autoritarios no entienden ni aplican, dice que ``más vale prevenir que lamentar''. En este caso, significa que hay que emprender las reformas estructurales y las acciones y programas que, antes de los desastres, den a la población las condiciones para resistir mejor y más preparados los embates naturales, reduciendo su costo cuando ocurran. De poco sirven los desplantes publicitarios, no exentos de autoritarismo, ni las promesas demagógicas de ayuda, que sólo en parte mitigan lo perdido, pero que no resucitan a los muertos que pudieron evitarse ni resuelven a largo plazo la indefensión en que quedan sus familias.

La ciudad de México salió relativamente bien librada de las dos amenazas naturales, por que ellas han sido benignas en su territorio. La población ha aprendido de la experiencia y ha sabido presionar a sus gobernantes para que realicen acciones de prevención y respuesta, y porque el actual gobierno democrático realiza acciones de mitigación de riesgos, que en el largo plazo disminuirán la vulnerabilidad urbana.

Sin embargo, no se debe cantar victoria ni bajar la guardia: la ciudad tiene muchas áreas y puntos vulnerables, y la pobreza --la mayor causa de vulnerabilidad-- afecta a más de la mitad de su población. Quienes pretenden gobernar la ciudad después del 2000 deberán presentar un proyecto coherente y viable de superación de la pobreza y reducción de la vulnerabilidad ante desastres que, necesariamente, deberá tener como pilares el abandono de la política económica y social neoliberal, que niega y desmonta la responsabilidad social, colectiva del Estado.

Los ciudadanos debemos exigir al sector público y a las grandes empresas que enfrenten estos riesgos, pero también cambiar las prácticas que los aumentan. No basta la solidaridad posterior al desastre: es imperativa la acción de prevención y mitigación.