n Serían 8 mil 453 millones, dice Woldenberg
Aprobó el IFE la propuesta de presupuesto electoral del 2000
n Cerca de $3.2 mil millones, financiamiento a partidos
Alonso Urrutia n Prácticamente sin objeciones de fondo, el Consejo General del IFE aprobó la propuesta de presupuesto que propondrá al Congreso para el ejercicio electoral del 2000.
Los 8 mil 453 millones de pesos que se proponen, sostuvo el consejero presidente José Woldenberg, representan 0.6 por ciento del egreso público para ese año, y suponen un abatimiento de 33 por ciento en el gasto de operación del organismo respecto de los comicios presidenciales de 1994, los cuales son invertidos "en la estabilidad política y el futuro democrático".
Del presupuesto aprobado se desprende el financiamiento a los partidos, en su conjunto, por 3 mil 188.9 millones de pesos. De ese monto, el PRI ejercerá 881 mil 439.7 millones, lo que representa más de 15 veces los recursos que se les otorgarán a cada uno de los seis nuevos partidos con registro, que recibirán 52 mil 480 millones de pesos.
El financiamiento para las 41 agrupaciones políticas será de 29 millones 389 mil pesos, en tanto que el IFE destinará 293 millones para la compra de spots en radio y televisión.
En el desglose de las prerrogativas para cada uno de los partidos, el PAN recibirá 657 mil 664 millones de pesos y el PRD 629 mil 912 millones, de los cuales, en todos los casos, la mitad corresponderá exclusivamente al gasto de campaña, y otro tanto se otorga para el financiamiento de sus actividades ordinarias permanentes.
El proyecto de presupuesto prevé una partida de 134 millones de pesos para la presidencia del Consejo General, y 52 millones destinados al pago de dietas a los consejeros.
La actualización del padrón electoral representará la mayor erogación por parte del IFE, toda vez que implicará mil 394 millones de pesos, en tanto que la organización y logística de las elecciones implicará un gasto de 242 millones de pesos.,
Al respecto, el único representante partidista que cuestionó la desigualdad en la distribución de las prerrogativas fue Adolfo Sánchez Rebolledo, de Democracia Social, quien dijo que de la legislación vigente se desprenden estos desequilibrios en la contienda electoral.
Woldenberg hizo una exposición justificatoria de la propuesta que, definió, financiará una de las campañas más austeras de la historia. Subrayó que el abatimiento de 33 por ciento en el gasto de operación del IFE se da a pesar que entre ambas elecciones media un incremento de 27 por ciento en el padrón electoral, esto es, 13 millones de nuevos electores; se instalarán 20 por ciento más de casillas; los listados nominales con fotografía ascenderán a 23 millones de hojas y se distribuirán 190 millones de boletas, 24 por ciento más que en 1994.
"Si tomamos en cuenta la expansión del universo de ciudadanos, podemos deducir que el IFE erogará prácticamente la mitad de lo que gastó en 94", dijo.
El consejero presidente enfatizó en que las elecciones serán más austeras a pesar del incremento de cinco veces que recibirán los partidos en prerrogativas.
Entre los consejeros, el único que impugnó fue Jaime Cárdenas, quien no cuestionó la austeridad de los recursos solicitados, sino "la inconstitucionalidad de la propuesta", toda vez que no incluía el desglose de las metas programáticas, el salario desglosado del personal y otros rubros.
De los partidos, la austeridad del presupuesto sólo fue impugnada por el priísta Luis Farías, quien señaló que los comparativos de su partido -realizados no sobre la base del presupuesto de 1994, sino del 2000- dan cuenta de un incremento de 19 por ciento en el costo de las elecciones del 2000, explicado por el incremento en las prerrogativas a los partidos.
En defensa del presupuesto salió Juan Molinar, quien ofreció nuevos comparativos: el costo de la instalación de casilla se abatirá en 50 por ciento, y el precio de las boletas se reducirá de 2.44 pesos a 1.15.
La postura del Partido Acción Nacional fue fijada por el diputado Germán Martínez, quien repudió las posturas demagógicas que insinúan que el gasto en la democracia es un lujo superfluo que el país no debe gastar.
Martínez subrayó que gastar en que el voto sea verdaderamente genuino, libre y razonado, "es y será una inversión en la estabilidad del país y en la legitimidad de la autoridad con la que iniciaremos el nuevo siglo y el milenio".
A su vez, el perredista, Jesús Ortega se manifestó en contra de las descalificaciones de las prerrogativas para los partidos, justificando el esquema de financiamiento público para garantizar transparencia en los ingresos.
En su oportunidad, el consejero Emilio Zebadúa dijo que los comicios del 2000 serán mas baratas que en 1994 y, probablemente, si supiéramos con claridad y contundencia los datos de los costos de las elecciones presidenciales de los años previos, serían "las elecciones más baratas en la historia moderna del país".
n Exigirá transparencia en facturas por publicidad; oposición del PRI
Autorizan el monitoreo del gasto en medios electrónicos
Alonso Urrutia n Con la sola objeción del PRI, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó un acuerdo mediante el cual podrá contratar una empresa para realizar un monitoreo exhaustivo de la propaganda radiofónica y televisiva de los partidos políticos, hacia donde éstos -se prevé- destinarán 75 por ciento de su gasto de campaña.
Al mismo tiempo, modificó las reglas de fiscalización, a fin de obligar a los medios de comunicación a desglosar ampliamente las facturas por este concepto. Ambos acuerdos, con el objetivo de contrastarlos con los reportes de gastos de campaña, y tener mayores elementos para detectar posibles violaciones.
Promovidos por la Comisión de Fiscalización, los acuerdos pretenden -dijo su presidente, Alonso Lujambio- otorgar mayor transparencia a las campañas electorales, e incidir en que la compleja relación que existe entre las empresas de comunicación y los partidos políticos se apegue a la legalidad electoral.
"Estamos convencidos en utilizar todos los recursos legales que estén al alcance de esta autoridad para hacer valer, sin excepción, cada uno de los dispositivos legales relacionados con esta materia, en el entendido que la legitimidad de los resultados electorales que arrojará el proceso electoral depende de las garantías efectivas de legalidad".
Las modificaciones al reglamento para la entrega de informes de gastos obligará a los partidos a presentar desglosadas las facturas, a fin de que contengan, entre otras disposiciones: las siglas del canal en que se transmitió; identificación del mensaje; tipo de promocional; fecha y hora de transmisión, así como su duración.
Con dicho desglose se pretende favorecer la transparencia en los contratos publicitarios, a fin de contrastarlos y garantizar con más eficacia el cumplimiento de los topes de campaña.
Al objetar las reformas al reglamento para la presentación de los informes de gastos, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Luis Farías adujo que estas disposiciones, que obligan a presentar facturas desglosadas, hacen imputables a los partidos responsabilidades de terceros que, por los demás, la autoridad no puede obligar.
Ante la argumentación priísta, el consejero Jaime Cárdenas fue más allá y propuso que el acuerdo incluya la prohibición expresa de que las empresas de comunicación otorguen bonificaciones, dado que serían ilegales.
Por su parte, la consejera Jaqueline Peschard señaló que lo que se pretende es mejorar la fiscalización, en este caso, del gasto publicitario.
Comentó que "no queremos molestar a terceros, porque tenemos claro que la relación fiscalizadora es con los partidos, pero no queremos que al hacer la compulsa entre los resultados de los monitoreos y las facturas, vayamos con el tercero y que éste no tenga el pretexto de que está protegiendo a su cliente".
Ante la insistencia priísta de la imposibilidad de obligar a terceros a este desglose, el senador del Partido Acción Nacional, Juan de Dios Castro, subrayó que "la empresa no puede alegar esta imposibilidad si los partidos, al momento de contratar, imponen esta condición".