En los últimos meses, miembros de diversos sectores de la sociedad civil han recibido amenazas de muerte para obligarlos a abandonar sus trabajos a favor de los derechos humanos, la libertad de expresión y la democratización de las instituciones mexicanas. Los mensajes siempre son anónimos y buscan, evidentemente, minar el estado de ánimo de los amenazados, destruir la confianza y provocar el terror.

Los autores de estas amenazas realizan su trabajo sucio en la clandestinidad, pudieran contar con la negligencia o la protección gubernamental y, de continuar esta tendencia, podrían operar con el mismo estilo de los ``escuadrones de la muerte'' de El Salvador y Guatemala, que fueron responsables de la mayor parte de las 120 mil muertes que ocasionó el conflicto interno en esos países. Los mexicanos debemos vigilar de inmediato estas agresiones, pues evidencian la faceta más dura y corrompida del autoritarismo: el terrorismo de Estado.

Hace unos días, el 28 de septiembre pasado, uno de estos agentes clandestinos escogió el anonimato que proporciona el correo electrónico a través de Internet para amenazar a Jorge Luis Sierra, periodista y asesor en asuntos militares del Grupo Parlamentario del PRD, así como el ex capitán del Ejército, Alberto Enríquez del Valle. Ambos investigadores han participado en un intenso trabajo de análisis y crítica del comportamiento de las instituciones militares mexicanas, realizado desde ese Grupo Parlamentario y dirigido por el autor de este artículo, en su calidad de diputado federal y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación.

En estos trabajos de investigación se han tratado temas delicados y fundamentales, como la saturación militar en Chiapas, la militarización del combate al narcotráfico y de los cuerpos de seguridad pública, la falta de transparencia del presupuesto militar, así como los presuntos vínculos que existen entre autoridades castrenses y los grupos paramilitares.

Asimismo, en los meses de agosto y septiembre de 1999, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro descubrió en sus propias oficinas varias amenazas de muerte impresas que les exigían abandonar con la defensa de casos de violación a los derechos humanos. Voceros del Centro Pro afirman que los casos más importantes que se trabajan en su área jurídica están relacionados con abusos cometidos por elementos militares.

Los militares mexicanos cuentan con grandes espacios de autonomía y poder discrecional en asuntos como operaciones contrainsurgentes y antinarcóticos, compra de armamento, creación de fuerzas especiales y otras nuevas unidades militares, justicia militar y el ejercicio del presupuesto. Esa autonomía favorece que las instituciones se cierren a la crítica y a la observación de la sociedad. Protegidas por la omnipotencia del secreto militar, las instituciones castrenses realizan un proceso de ``modernización'' sin consulta con el poder legislativo, sin la opinión de los partidos políticos, sin el punto de vista de académicos e investigadores en asuntos militares, sin atender las demandas de las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.

En el pasado mediato, el crecimiento de la autonomía militar condujo a la creación de la Brigada Blanca, uno de los cuerpos más sanguinarios e impunes entre los aparatos de seguridad del Estado. Como un verdadero órgano del terrorismo de Estado, la Brigada Blanca penetró, secuestró, torturó y ejecutó a cerca de 500 personas vinculadas con los grupos de la guerrilla urbana en los años 70. Los agentes de la Brigada Blanca tenían su cuartel general en el campo militar número 1 de la ciudad de México y actuaban bajo el mando de jefes militares. Este grupo nunca se desintegró oficialmente. Algunos agentes terminaron en la cárcel, otros se integraron a los cárteles del narcotráfico y otros continuaron su carrera en las filas de la policía y el Ejército. Los que en ese entonces eran coroneles ahora son generales y siempre contaron con la impunidad que les brindó el Estado.

Ahora, los sectores más reaccionarios y autoritarios del grupo en el poder parecen dispuestos a proseguir con la guerra sucia en contra de luchadores sociales, periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de partidos políticos de la oposición. El más peligroso resultado de la autonomía militar y de la impunidad de los organismos de seguridad mexicanos es la posibilidad de que se creen escuadrones de la muerte, con nuevos y viejos integrantes de la contrainsurgencia, para debilitar y destruir cualquier signo de oposición política y social en México.

No existe otro camino para combatir estas amenazas que la movilización de las fuerzas políticas, los ciudadanos y de los grupos organizados de la sociedad civil en defensa de las personas y organizaciones amenazadas. Las voces de reclamo dentro y fuera del país evitarán que el Estado mexicano incurra, nuevamente, en la tentación de la violencia clandestina y el terror.