PROVOCACION Y EXCESO REPRESIVO

El enfrentamiento ocurrido ayer en el Periférico Sur de esta capital entre granaderos y huelguistas es, sin duda, el hecho más deplorable en lo que va del conflicto universitario. La determinación de un grupo de paristas de ocupar los carriles centrales de esa vía rápida --pese al acuerdo previo entre el Consejo General de Huelga y las autoridades urbanas de que se marcharía sólo por el carril lateral-- constituyó una acción desestabilizadora para la ciudad, y lesiva y exasperante para decenas o centenas de miles de ciudadanos; en suma, una provocación claramente orientada a suscitar el uso de la fuerza pública por parte del gobierno del Distrito Federal.

Ha de considerarse que la arteria señalada, en el tramo bloqueado, es la única vía de acceso a numerosas colonias --tanto residenciales como populares-- del surponiente de la ciudad, y que el trayecto de la marcha estudiantil es paso obligado en la ruta desde y hacia importantes centros hospitalarios públicos y privados, como Cardiología, Nutrición, Oncología, Enfermedades Respiratorias, Médica Sur, Pemex, Angeles del Pedregal, Perinatología y la Clínica 8 del IMSS. Bloquear el Periférico en esos rumbos es, en consecuencia, una irresponsabilidad cívica inadmisible.

Pero el comportamiento de los granaderos no fue menos irracional, toda vez que fueron incapaces de impedir el bloqueo de la vía rápida y, cuando éste ya estaba prácticamente concluido, agredieron con una saña injustificable a varios de los paristas, exceso sobre el cual existen abundantes testimonios en fotográfía y videográficos. Aunque Leonel Godoy, secretario capitalino de gobierno, afirma que la intervención de la fuerza pública tuvo como propósito desalojar a los manifestantes de los carriles centrales del Periférico, los excesos de violencia observados por numerosos reporteros ocurrieron cuando los paristas ya se retiraban por una de las laterales de esa vialidad. Tal discrepancia obliga a dudar que haya habido una adecuada transmisión de información a los funcionarios urbanos --el propio Godoy y el secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero-- y un correcto tránsito de las órdenes giradas por éstos hacia los agentes.

El hecho es que la brutalidad retratada en la primera plana de este diario convirtió la aplicación de la ley en la comisión de delitos que deben ser investigados y sancionados conforme a derecho.

No debe omitirse, por otra parte, el contexto general en el que ocurrió este lamentable episodio. A este respecto, cabe señalar que, ante la prolongada huelga estudiantil en nuestra máxima casa de estudios, la sociedad exhibe ya un hartazgo mayoritario y un deseo de que el conflicto llegue a su término lo antes posible. Al mismo tiempo, hay un perceptible consenso en torno a la necesidad de evitar cualquier tentación por restablecer la normalidad en la UNAM mediante la violencia represiva contra los estudiantes: el recuerdo traumático del 68 indica que tal escenario no debe repetirse nunca más. Pero así como la exasperación ante el paro no debe ser utilizada como pretexto para las demandas de mano dura, emtidias por sectores cavernarios de dentro y fuera de la comunidad universitaria, el rechazo generalizado a cualquier salida represiva no debe servir de cobijo a los núcleos irresponsables e intransigentes del CGH.