n No tiene derecho a libertad condicional: subprocurador

Delito grave, las inversiones-espejo de De Prevoisin, asegura la PGR

n Sin duda, los créditos personales con respaldo de activos de Aeroméxico

José Galán n Gerardo de Prevoisin y Legorreta efectuó operaciones "muy bien maquinadas" para defraudar a la paraestatal Aeroméxico. Hizo inversiones con el capital de la empresa y pidió "por detrás" créditos personales por iguales montos, de los que debió responder la compañía cuando su entonces director general la dejó a la deriva.

"Claramente" es un delito tipificado como administración fraudulenta, "y no tiene derecho a pisar la calle en libertad condicional", afirma el subprocurador A de Procedimientos Penales de la PGR, Everardo Moreno Cruz, fiscal principal en este caso por parte de la autoridad federal, quien defiende la retroactividad de las reformas legales al artículo 399 bis fracción III, que otorgan al ilícito categoría de "grave", lo que rechazó repetidamente la defensa.

Entrevistado por este diario, el funcionario advierte que estas "inversiones-espejo", prácticas financieras conocidas como back to back, causaron un quebranto patrimonial que alcanza hoy 70 millones de dólares, "y no de 230 millones de pesos, como quiere ahora manejar la defensa".

Moreno Cruz confirma a La Jornada que dentro del expediente consignado ante el juez décimo de distrito en materia penal, y cuyo resultado fue el auto de formal prisión contra el ex funcionario, "se encuentran todas las cartas de los bancos e incluso las declaraciones de De Prevoisin al respecto, que sostienen la acusación en su contra por nuestra parte", sobre todo la contestación de los bancos al consejo de administración sobre las razones de la falta de liquidez que a mediados de 1994 sorprendió por completo a sus miembros.

Y es que De Prevoisin utilizó, según la acusación en su contra, exactamente los mismos montos invertidos en fondos y empresas para solicitar préstamos personales. Cuando se vencieron los plazos de las inversiones autorizadas debidamente por el Consejo de Administración, y a falta de pago, los bancos se cobraron directamente de esas mismas inversiones, mientras que el ex funcionario, siempre según la postura de la PGR, gozaba de grandes sumas de dinero.

"De Prevoisin hizo cuatro operaciones de importancia contenidas en la acusación", dice Moreno Cruz al detallar el expediente. "No hay problema de discrepancia de criterios, sólo hacemos la suma de lo que dispuso". Esto es, 37.5 millones de dólares de una inversión con la estadunidense Inverwood, hoy en quiebra, y otra, realizada en marzo de 1994, por 15.2 millones de dólares con el International Trust de Banca Serfin, mediante un certificado de depósito, que dio como garantía para un primer préstamo personal exactamente por la misma cantidad; aparte, dispuso de 8 millones de dólares que fueron a dar a la campaña presidencial del PRI en 1994, y otros once millones de dólares para su uso personal.

Moreno Cruz revela que en el término de ley, antes de que el juez dictara el auto de formal prisión, la defensa del ex funcionario pretendió presentar como prueba de descargo a favor de su cliente un peritaje contable que, sin embargo, "hemos impugnado en fondo y forma, porque uno de los abogados de la defensa y uno de los peritos que lo firman son hermanos". "No sabemos qué pretendan explicar, pues todo está muy claro", agrega el subprocurador de la PGR. "Quizá existen justificaciones sobre montos o usos. De lo que no hay duda es de la existencia de créditos personales respaldados con activos de la empresa". Afirmó que en cuanto al monto desviado para las campañas políticas de 1994, "su destino es irrelevante. Es el delito en sí lo que nosotros perseguimos", remató.