José del Val
Los conflictos intercomunitarios: coartada racista (Tercera parte)

Cuando el procurador general de la República nos daba a conocer las conclusiones de las investigaciones bajo su responsabilidad en torno a la masacre de Acteal, redactaba de puño y letra uno de los capítulos más vergonzosos de la ''procuración de justicia'' en México.

El más trágico acontecimiento de la historia patria de las últimas décadas era explicado, en última instancia, como resultado de conflictos intercomunitarios por la posesión de una mina de arena.

Con un plumazo de sociología silvestre, se nos anunciaba la decisión gubernamental de no aplicar la ley a los funcionarios, cuyo cargo los hacía jurídicamente responsables de manera directa, indirecta o por omisión de lo sucedido. Otra vez la ley se cebaría en unos pobres diablos que, como piezas prescindibles, habían sido reclutados, entrenados, uniformados, armados, engañados, manipulados y alcoholizados para que, cumpliendo órdenes, se convirtieran en victimarios, victimando.

Al señalar como causal de la masacre los ''conflictos comunitarios'', se sembraba la pérfida imputación de que las comunidades indias incuban en su seno la vocación asesina o que las masacres concertadas son parte de la matriz cultural indígena. La consecuencia lógica y necesaria que derivaba de esta ''burda explicación'', obligaba al Estado mexicano a actuar enérgicamente para evitar la repetición de tan trágicos acontecimientos. ƑLa solución?: el desplazamiento masivo de tropas.

La coartada seudosociológica y explícitamente racista del inmenso peligro que encierran los conflictos intercomunitarios, igualaba perversamente los conflictos entre las comunidades indias de México con los conflictos entre ''serbios y albaneses'' y a nuestro Ejército lo utilizaba šcomo cascos azules! ƑIgnorancia, cinismo, estupidez, maldad...?

Otra vez nuestro Ejército sería obligado a participar en torpes aventuras militares y, sobre todo, a ser utilizado como tapadera de impunidades; una vez más la ineptitud política se intentaba esconder tras la incuestionable lealtad de las fuerzas armadas.

Para que la coartada de los conflictos intercomunitarios no se desvaneciera ante la realidad, oscuras fuerzas se dieron a la tarea de simular criminalmente su existencia. Según el procurador, son hoy 18 las bandas de civiles armados detectadas que actúan en varias regiones de Chiapas. Denunciadas sistemáticamente por la sociedad civil desde hace años, han resultado invisibles para el conjunto de fuerzas de seguridad que deberían de haberlas atrapado y desarmado.

Paramilitares se les llama comúnmente, aunque los voceros del Ejército no aceptan tal denominación para tales grupos, ya que implicaría que existe alguna relación entre su financiamiento y actividades con el instituto armado. Sin embargo, es inexplicable que, siendo la justificación de la masiva presencia militar en Chiapas la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, no sólo no han sido desmantelados y desarmados, sino que han crecido en número y presencia. Si se diera la orden y se actuara ante esos grupúsculos armados, dejaría de tener justificación la presencia masiva de tropas en la región, creándose, sin la menor duda, un clima propicio al diálogo y la negociación.

Cada día resulta más evidente la profunda ignorancia y desprecio que esta administración ha tenido por el quehacer político; indolente a cualquier negociación ha permitido irresponsablemente que los conflictos se profundicen y enconen con trágicas consecuencias en muchos casos.

Heredaremos de él, a la par de deudas descomunales resultado de torpezas como el error de diciembre y el oscuro y fraudulento Fobaproa, inmensas tragedias impunes, como las de Aguas Blancas y de Acteal, y también heredaremos a decenas de miles de soldados, que llevan ya años fuera de sus cuarteles, ocupados en la contención de conflictos que un ejercicio político responsable y democrático haría innecesarios.

No me cabe la menor duda del profundo pesar y malestar que debe existir en la oficialidad de nuestro Ejército por la injusta ligereza, irresponsabilidad, torpeza, vacilación con la que se ha abusado de su incuestionable lealtad en estos últimos años.

Como urgente necesidad y elemental desagravio, el Poder Legislativo está hoy obligado a promover una profunda reforma a nuestra Constitución que impida para siempre que el honor y el accionar de nuestras fuerzas armadas sea una facultad discrecional del Poder Ejecutivo.

Reitero: el clamor civil que insiste en la disminución radical de tropas en el estado de Chiapas y la restricción de sus actividades y tareas no es exclusivamente para evitar las violaciones a los derechos humanos y la Constitución nacional, sino que es también, y en igual medida, una enérgica exigencia a las autoridades civiles de respeto por el significado, el honor y la lealtad de nuestros soldados. *