Ť La empresa habría obtenido utilidad de 228.5 mdd
Absorbió el Fobaproa crédito de Televisa por 176.5 mdd: Barbosa
Ť Hay más de mil 200 casos similares, asegura el diputado del PT
Ciro Pérez Silva y David Aponte Ť El diputado petista Maximiano Barbosa Llamas acusó ayer a Televisa de beneficiarse de un crédito por 176.5 millones de dólares absorbidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), ''y que en su momento le generaron a esa empresa una utilidad de 228.5 millones de dólares''.
Durante la sesión ordinaria, el legislador entregó documentos que sólo justifican un préstamo por 22 millones de dólares, pero explicó que el 19 de diciembre de 1991 Televisa celebró un convenio ''consecutivo de prenda'' a fin de garantizar el pago suficiente y oportuno de diversos créditos por un valor de 176 millones 500 mil dólares para la compra de bonos de deuda pública mexicana en una casa de bolsa de Estados Unidos.
Este contrato, celebrado con banca Serfin, se encuentra en una sucursal de esa institución en Bahamas, según el legislador del Partido del Trabajo. Con el préstamo de 176.5 millones de dólares, continuó, Televisa obtuvo bonos por 450 millones de dólares.
Posteriormente, el gobierno mexicano se los compró a la empresa en 405 millones de dólares. La operación de compra-venta de los bonos le generó a la compañía televisora una ganancia de 228 millones de dólares, según dijo el diputado en tribuna.
''Lo que no es correcto, compañeros, es que ese préstamo pase al Fobaproa y que hoy la nación tenga que pagar ese tipo de créditos'', señaló.
Barbosa Llamas agregó que existen más de mil 200 casos similares al de Televisa y que los legisladores tienen la obligación de denunciarlos para que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abra una investigación.
Previamente, se aprobaron las reformas al estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que permitirán en el año 2000 la elección directa de los titulares delegacionales y la formación de órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales.
La bancada perredista, por medio de David González Peredo, reiteró su convicción de que las jurisdicciones deben ser órganos de gobierno plurales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de ejercer funciones similares a los ayuntamientos, para avanzar en una auténtica democratización de la ciudad, propuesta rechazada ''por la cerrazón e inflexibilidad del PRI''.
Ante este comportamiento, ''la fracción del PRD accedió a la aprobación del contenido de las reformas, en aras de contribuir responsablemente a la materialización de un imperativo establecido en la Constitución'', pero enfatizó que mantienen ''diferencias sustanciales'' con los priístas.
El panista José Espina von Roerich reconoció que las reformas otorgan más facultades a los órganos político-administrativos, así como a la Asamblea Legislativa, que tendrá a su cargo la supervisión y fiscalización.
Mientras, el priísta Sadot Sánchez Carreño aseveró: ''Hoy los ciudadanos dejan al delegado el lugar que tenían para constituirse y ocuparse, de manera directa, de los asuntos que entraña la vida comunitaria''.
Protección a menores
La diputada Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde, presentó una iniciativa de Ley de Prevención, Atención y Combate a la Explotación, Abuso, Maltrato y Prostitución de Menores, que pretende proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y sancionar con rigor ''a quienes perjudican tan seriamente a nuestros menores''.
Destacó que existen 114 mil niños de la calle en diversas ciudades del país, sin incluir al Distrito Federal, y que 92 por ciento de ellos son explotados por sus padres u otros parientes.
Apuntó que el tráfico de niños tiene como objetivo la adopción ilegal, labores científicas, el tráfico de órganos o abusar sexualmente de ellos.
La iniciativa prevé encarcelar por cuatro años e imponer una multa de 500 días de salario mínimo a quien lesione a un menor y le cause daños que tarden en sanar hasta dos semanas, lo exponga a pedir limosna y lo obligue a realizar cualquier acto para obtener un ingreso no lícito.
La sanción será de diez años de cárcel y mil días de salario mínimo a quien abandone a un menor en la calle, lo extraiga del domicilio o lo prive de tener contacto con su familia; de 10 a 15 años y 10 mil días de salario mínimo al que prostituya a un menor o lo obligue a prostituirse; al que difunda o transmita imágenes donde se muestre el dolor o sufrimiento de los menores o su violación, lesión o maltrato.
Los maestros y directores de planteles de educación primaria y secundaria que tengan conocimiento de abuso o maltrato a menores tendrán la obligación de notificarlo al agente del Ministerio Público en no más de 24 horas, so pena de destitución del cargo y consignación, además de ser considerados como cómplices.
Las penas se duplicarán cuando quienes abusen del menor sean familiares o tutores.
507 años después
La conmemoración de los 507 años del descubrimiento de América sirvió en San Lázaro para reiterar la demanda de solución al conflicto en Chiapas. Asimismo, se advirtió que es necesario garantizar el respeto a los derechos y cultura indígenas a través de una política que proteja e impulse el desarrollo de las etnias.
El perredista Gilberto López y Rivas sostuvo que el 12 de octubre, más que una celebración, debe servir para reflexionar sobre la situación que viven los indígenas en México y cuestionar la movilización de tanques y tropas en las comunidades de Chiapas.
Propuso elaborar un proyecto de rescate y transformación del país, ''pues hay quienes justifican nuevas formas de conquista como la invasión financiera, el endeudamiento y la imposición de medidas económicas que sangran la vida de la mayoría de los mexicanos''.
Ricardo Cantú Garza, coordinador de la bancada petista, enfatizó que de nada sirve tener museos sobre el pasado prehispánico ''mientras se mantiene un desprecio cotidiano a los indígenas. No se puede hablar de folklore nacional cuando tenemos una actitud malinchista hacia el exterior y somos implacables hacia las comunidades étnicas''.
El conflicto armado en Chiapas, destacó, es una muestra del "desamparo y maltrato" que sociedad y gobierno mantienen frente a los indígenas mexicanos, y convocó a reflexionar sobre la deuda moral e histórica que se tiene hacia estos grupos.
Por el PRI, Efraín Zúñiga Galeana propuso la remunicipalización del país con leyes más flexibles y justas, que propicien una vida democrática más sana.