COMUNICADO No. 18
Los derechos de la infancia: Ƒavances o sólo buenas intenciones?
Ť Información oficial irrelevante
Ť Recomendaciones sin atender
Ť Importante, el cumplimiento de acuerdos de la convención
El pasado 27 de septiembre en Ginebra, Suiza, se discutió el segundo informe del gobierno mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, para dar cuenta de las recomendaciones que en esta materia se le hicieran en 1994. Posteriormente, el pasado 2 de octubre en México, un grupo de personalidades del ámbito de la cultura en Iberoamérica dio a conocer el Manifiesto por la infancia y la adolescencia de América Latina y el Caribe, en donde se reconoce su grave problemática en la región y se urge a resolverla.
El tema de los niños es un asunto que no solamente preocupa a los organismos internacionales o a los gobiernos de las naciones, es también de sumo interés para la sociedad en general, como lo muestra el reciente manifiesto.
Reportes de Unicef señalan que "unos 130 millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre ellos 73 millones de niñas, crecen sin poder recibir una educación básica". En México, una cuarta parte de su población está compuesta por infantes menores de nueve años y más de un millón no asisten a la escuela. Tanto por su estado de vulnerabilidad como por el futuro que representan, es importante analizar su situación y perspectivas. Observatorio presenta un breve examen de los contenidos del informe del gobierno mexicano ante el comité del organismo internacional.
Alimentación y mortalidad: preocupantes
En noviembre de 1989, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el marco de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, se adoptó unánimemente el convenio mediante el que se estipulan los derechos y se definen los principios y normas universales relativos a la condición jurídica de los niños.
Al ratificar el acuerdo, los Estados parte (de la Convención) se comprometen a respetar los acuerdos ahí establecidos, y a informar periódicamente sobre los avances logrados. México ratificó la Convención en 1990 y, de acuerdo con las normas establecidas, envió su primer informe al Comité de las Naciones Unidas en 1993; los posteriores son cada cinco años.
El segundo informe del gobierno mexicano fue enviado en 1998, pero apenas en septiembre de este año lo sustentó ante el Comité y dio cuenta de las recomendaciones que se le hicieran en la ocasión anterior.
El reporte gubernamental aborda seis grandes rubros: las medidas adoptadas para armonizar la legislación federal y estatal con las disposiciones de la convención; información sobre los efectos concretos de las medidas; la asignación de recursos a programas para la infancia; la atención a menores en circunstancias especialmente difíciles; la denuncia de malos tratos, abuso y violencia en contra de niños y niñas; y por último la difusión de la convención sobre los derechos de la infancia.
A lo largo del documento se abunda en descripciones de consultas, iniciativas y metas; poco se dice, sin embargo, sobre las acciones y sus efectos concretos en las condiciones de vida de los menores, más allá de la presentación de cifras globales que expresan la tendencia demográfica de reducción de la mortalidad infantil. Asimismo, temas como la nutrición y la asignación de recursos para la infancia se tratan de manera superficial.
Estudios recientes del Instituto Nacional de la Nutrición señalan que el nivel de desnutrición severa y moderada en áreas rurales e indígenas se ha mantenido igual durante los últimos veinte años, a pesar de que la disponibilidad de alimentos en México está entre las más altas de América Latina (un promedio de 3,190 calorías por día) que debiera ser suficiente para toda la población.
En cuanto a la asignación de recursos, la información que se proporciona en el informe no permite tener certeza sobre los recursos canalizados; sin embargo, por las decisiones adoptadas en materia económica se puede advertir cuál ha sido la prioridad en este rubro. Los tres recortes al presupuesto de 1998 ųdebido, en ese entonces, a la caída en el precio del petróleo y a un aumento en el endeudamiento nacionalų sumaron aproximadamente 6 por ciento del presupuesto y recayeron fundamentalmente en el gasto social, mientras que las dependencias que casi no se vieron afectadas fueron las relacionadas con vigilancia y control (Sedena, Marina, PGR y SG), cuyo recorte fue menor al uno por ciento.
Asimismo, las cifras que se reportan sobre mortalidad infantil para el periodo de 1990-1993, muestran un claro descenso; sin embargo, se omite información sobre el periodo de 1994 a 1996 que es, según información de Unicef, cuando se observa un estancamiento de la tendencia e incluso un ligero aumento en 1997.
Marco normativo sin modificaciones
En cuanto al aspecto legal, desde 1994 el comité había destacado: "Lamenta que en la legislación nacional no exista ninguna disposición relativa al interés superior del niño o que prohíba la discriminación contra los niños". En respuesta a esta observación, en el segundo informe se hace una larga descripción de las iniciativas y propuestas y los cambios que implicarían en caso de ser aceptadas, pero el hecho real es que la Constitución Mexicana no ha sido modificada para incorporar los principios del interés superior del niño y de la no discriminación. Nuestra legislación sigue teniendo un enfoque tutelar y no de garante del respeto a los derechos de la infancia.
El comité también había expresado "su preocupación por el hecho de que las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de los derechos del niño no sean siempre compatibles con las disposiciones de la convención". En la actualidad, cinco años después, sigue siendo vigente la demanda de leyes que garanticen autonomía, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos responsables del tratamiento de menores. A la fecha, las diferentes iniciativas orientadas a la instauración de normas en el nivel nacional para la protección del menor infractor no han prosperado. También sigue pendiente la homologación de las legislaciones estatales en lo que se refiere a establecer la edad de imputabilidad penal a los 18 años, como lo especifica la convención.
Además, se había recomendado que "el Estado parte intensifique su acción contra toda violencia que se traduzca en malos tratos de los niños, en particular cuando sea cometida por los miembros de las fuerzas de policía y los servicios de seguridad así como militares... (el Estado) debería garantizar que los casos de delitos cometidos contra niños por los miembros de las fuerzas armadas o la policía sean juzgados ante tribunales civiles". Sin embargo, el gobierno en su informe no menciona el problema del maltrato al menor por parte de los grupos policiacos y militares, a pesar de que diversas organizaciones civiles ųcomo Ednicaų han reportado de manera sistemática violaciones a los derechos de los niños de la calle, mismas que no han sido investigadas ni castigadas.
Conviene señalar que a la par del informe gubernamental, un grupo organizado de la sociedad civil en el país, el Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez (Comexani), ha realizado una importante labor de seguimiento y vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los acuerdos de la Convención. De hecho, esta agrupación a partir de 1992 ha venido elaborando y publicando, con una amplia participación, el informe alternativo al de gobierno sobre la situación de la infancia en México.
El informe alternativo, al igual que el informe oficial, es enviado al Comité de las Naciones Unidas, lo que permite al organismo internacional contar con información complementaria sobre el cumplimiento de la convención en México y, en todo caso, solicitar al gobierno mexicano información adicional.
Particularmente, Comexani ha expresado ante el órgano de las Naciones Unidas su preocupación por la falta de información respecto a las violaciones graves a los derechos de la niñez en torno a los conflictos armados internos y el papel de los paramilitares en varias regiones del país.
Interrogantes
Como se advierte, persisten graves problemas relacionados con la situación de la niñez en México. Urge atender sus condiciones de desarrollo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos desde 1990.
Observatorio Ciudadano de la Educación
Quiénes somos
Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación nacional, interesados en la observación crítica de las políticas gubernamentales en este campo, y que buscamos contribuir a solucionar los graves problemas educativos del país. Observatorio espera que las autoridades respondan a sus preguntas y cuestionamientos, y ofrece la publicación de sus respuestas en este espacio.
Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres, con sus datos de localización e identificación a La Jornada, Observatorio Ciudadano de la Educación, Apdo. Postal 20-423. San Angel. Méx. D.F. C.P. 01001. Fax: 622 75 79 y correo electrónico: observa&
ANOT
Nuestros comunicados aparecen el segundo y cuarto viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia.
Visítenos en http://www.observatorio.org
Grupo de redacción (en orden alfabético): Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez y LorenzaVilla Lever.
Otros integrantes: 231 firmas de 29 entidades federativas. Véanse en la página de Observatorio en internet.
En respuesta al Comunicado 5, sobre los programas compensatorios, las autoridades del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) tuvieron a bien reunirse con los miembros del grupo redactor y ofrecer respuestas a sus planteamientos e interrogantes. El documento correspondiente ha sido publicado en extenso en la página web del Observatorio.
La nota de introducción a ese documento indica: "Debemos felicitar al grupo de ciudadanos que tuvo la iniciativa de presentar públicamente observaciones críticas acerca del desarrollo de la Educación Pública, particularmente de los programas compensatorios. Ha sido una preocupación permanente del CONAFE promover la participación social en las tareas de la educación rural e indígena; principalmente de las madres y padres de familia, beneficiarias directas de nuestros servicios; como también, ha sido fundamental rendir cuentas del trabajo realizado, de sus aciertos, como de sus propias limitaciones y retos a lograr". (fragmento).
Próximo tema Educación y desempleo
Comunicado No. 18
Los derechos de la infancia: Ƒavances o sólo buenas intenciones?
(sum) Información oficial irrelevante
(sum) Recomendaciones sin atender
(sum) Importante el cumplimiento de los acuerdos de la Convención
El pasado 27 de septiembre en Ginebra, Suiza, se discutió el segundo informe del gobierno mexicano ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, para dar cuenta de las recomendaciones que en esta materia se le hicieran en 1994. Posteriormente, el pasado 2 de octubre en México, un grupo de personalidades del ámbito de la cultura en Iberoamérica, dio a conocer el Manifiesto por la infancia y la adolescencia de América Latina y el Caribe, en donde se reconoce su grave problemática en la región y se urge a resolverla.
El tema de los niños es un asunto que no solamente preocupa a los organismos internacionales o a los gobiernos de las naciones, es también de sumo interés para la sociedad en general, como lo muestra el reciente manifiesto.
Reportes de UNICEF señalan que "unos 130 millones de niños en edad escolar del mundo en desarrollo, entre ellos 73 millones de niñas, crecen sin poder recibir una educación básica". En México, una cuarta parte de su población está compuesta por infantes menos de nueve años y más de un millón no asisten a la escuela. Tanto por su estado de vulnerabilidad como por el futuro que representan, es importante analizar su situación y perspectivas. Observatorio presenta un breve examen de los contenidos del informe del gobierno mexicano ante el Comité del organismo internacional.
Alimentación y mortalidad: preocupantes
En noviembre de 1989, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el marco de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, se adoptó unánimemente el convenio mediante el que se estipulan los derechos y se definen los principios y normas universales relativos a la condición jurídica de los niños.
Al ratificar el acuerdo, los Estados Parte (de la Convención) se comprometen a respetar los acuerdos ahí establecidos, y a informar periódicamente sobre los avances logrados. México ratificó la Convención en 1990 y, de acuerdo a las normas establecidas, envió su primer informe al Comité de las Naciones Unidas en 1993; los posteriores son cada cinco años.
El segundo informe del gobierno mexicano fue enviado en 1998, pero apena en septiembre de este año lo sustentó ante el Comité y dio cuenta de las recomendaciones que se le hicieran en la ocasión anterior.
El reporte gubernamental aborda seis grandes rubros: las medidas adoptadas para armonizar la legislación federal y estatal con las disposiciones de la Convención; información sobre los efectos concretos de las medidas; la asignación de recursos a programas para la infancia; la atención a menores en circunstancias especialmente difíciles; la denuncia de malos tratos, abuso y violencia en contra de niños y niñas; y por último la difusión de la convención sobre los derechos de la infancia.
A lo largo del documento se abunda en descripciones de consultas, iniciativas y metas; poco se dice, sin embargo, sobre las acciones y sus efectos concretos en las condiciones de vida de los menores, más allá de la presentación de cifras globales que expresan la tendencia demográfica de reducción de la mortalidad infantil. Asimismo, temas como la nutrición y la asignación de recursos para la infancia se tratan de manera superficial.
Estudios recientes del Instituto Nacional de la Nutrición señalan que el nivel de desnutrición severa y moderada en áreas rurales e indígenas se ha mantenido igual durante los últimos veinte años, a pesar de la disponibilidad de alimentos de México está entre los más altos de América Latina (un promedio de 3,190 calorías por día) que debiera ser suficiente para toda la población.
En cuanto a la asignación de recursos, la información que se proporciona en el informe no permite tener certeza sobre los recursos canalizados; sin embargo, por las decisiones adoptadas en materia económica se puede advertir cuál ha sido la prioridad en este rubro. Los tres recortes al presupuesto de 1998 ųdebido, en ese entonces, a la caída en el precio del petróleo y a un aumento en el endeudamiento nacional- sumaron aproximadamente el 6 por ciento del presupuesto y recayeron fundamentalmente en el gasto social, mientras que las dependencias que casi no se vieron afectadas fueron las relacionadas con vigilancia y control (Sedena, Marina, PGR y Segob), cuyo recorte fue menor al uno por ciento.
Asimismo, las cifras que se reportan sobre mortalidad infantil para el periodo de 1990-1993, muestran un claro descenso, sin embargo, se omite información sobre el periodo de 1994 a 1996 que es, según información de UNICEF, cuando se observa un estancamiento de la tendencia e incluso un ligero aumento en 1997.
Marco normativo sin modificaciones
En cuanto al aspecto legal, desde 1994 el Comité había destacado que: "Lamenta que en la legislación nacional no exista ninguna disposición relativa al interés superior del niño o que prohiba la discriminación contra los niños". En respuesta a esta observación, en el segundo informe se hace una larga descripción de las iniciativas y propuestas y los cambios que implicarían en caso de ser aceptadas, pero el hecho real es que la Constitución Mexicana no ha sido modificada para incorporar los principios del interés superior del niño y de la no-discriminación. Nuestra legislación, sigue teniendo un enfoque tutelar y no de garante del respeto de los derechos de la infancia.
El Comité también había expresado "su preocupación por el hecho de que las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de los derechos del niño no sean siempre compatibles con las disposiciones de la Convención". En la actualidad, cinco años después, sigue siendo vigente la demanda de leyes que garanticen la autonomía, competencia, independencia e imparcialidad de los órganos responsables del tratamiento de menores. A la fecha, las diferentes iniciativas orientadas a la instauración de normas en el nivel nacional para la protección del menor infractor no han prosperado. También, sigue pendiente la homologación de las legislaciones estatales en lo que se refiere a la edad de imputabilidad penal a los 18 años, como lo establece la Convención.
Además, se había recomendado que "el Estado parte intensifique su acción contra toda violencia que se traduzca en malos tratos de los niños, en particular cuando sea cometida por los miembros de las fuerzas de policía y los servicios de seguridad así como militares... (el Estado) debería garantizar que los casos de delitos cometidos contra niños por los miembros de las fuerzas armadas o la policía sean juzgados ante tribunales civiles". Sin embargo, el gobierno en su informe no menciona el problema del maltrato al menor por parte de los grupos policiacos y militares, a pesar de que diversas organizaciones civiles ųcomo Ednica- han reportado de manera sistemática violaciones a los derechos de los niños de la calle, mismas que no han sido investigadas ni castigadas.
Conviene señalar que a la par del informe gubernamental, un grupo organizado de la sociedad civil en el país, el Colectivo Mexicano de apoyo a la Niñez (Comexani), ha realizado una importante labor de seguimiento y vigilancia ciudadana para el cumplimiento de los acuerdos de la Convención. De hecho, esta agrupación a partir de 1992 ha venido elaborando y publicando, con una amplia participación, el informe alternativo al de gobierno sobre la situación de la infancia en México.
El informe alternativo, al igual que el informe oficial, es enviado al Comité de las Naciones Unidas, lo que permite al organismo internacional contar con información complementaria sobre el cumplimiento de la Convención en México y, en todo caso, solicitar al gobierno mexicano información adicional.
Particularmente, Comexani ha expresado ante el órgano de las Naciones Unidas su preocupación por la falta de información respecto a las violaciones graves a los derechos de la niñez en torno a los conflictos armados internos y el papel de los paramilitares en varias regiones del país.
Interrogantes
Como se advierte, persisten graves problemas con la situación de la niñez en México. Urge atender su situación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos desde 1990.
(sum) ƑSe tiene previsto incluir en la legislación nacional el principio de interés superior de los infantes y la no-discriminación en contra de los niños y niñas? ƑCómo se tomarán en consideración en las acciones gubernamentales?
(sum) ƑCuándo tendremos un código para la protección del menor que garantice la autonomía, imparcialidad e independencia de los órganos responsables del tratamiento de menores en conflicto con la ley?
(sum) ƑPor qué los niños pobres y los indígenas siguen estando desnutridos después de más de veinte años de programas especiales?
ƑSe tiene previsto incluir en la legislación nacional el principio de interés superior de los infantes y la no discriminación en contra de los niños y niñas? ƑCómo se tomarán en consideración en las acciones gubernamentales?
ƑCuándo tendremos un código para la protección del menor que garantice la autonomía, imparcialidad e independencia de los órganos responsables del tratamiento de menores en conflicto con la ley?
ƑPor qué los niños pobres y los indígenas siguen estando desnutridos después de más de veinte años de programas especiales?
ƑExiste un análisis sistemático y objetivo del financiamiento que se destina a la infancia en México?
Próximo tema:
Ť Educación y desempleo
Observatorio Ciudadano de la Educación
ƑQUIENES SOMOS?
Somos un grupo de ciudadanos comprometidos con el desarrollo de la educación nacional, interesados en la observación crítica de las políticas gubernamentales en este campo, y que buscamos contribuir a solucionar los graves problemas educativos del país. Observatorio espera que las autoridades respondan a sus preguntas y cuestionamientos, y ofrece la publicación de sus respuestas en este espacio.
Todos los ciudadanos están cordialmente invitados a sumarse a nuestra iniciativa. Favor de enviar sus nombres con sus datos de localización e identificación a La Jornada, Observatorio Ciudadano de la Educación, Apdo. Postal 20-423. San Angel. Méx. D.F. C.P. 01001. Fax: 622 75 79 y correo electrónico: [email protected]
Nuestros comunicados aparecen el segundo y cuarto viernes de cada mes en este espacio periodístico; se pueden reproducir en cualquier medio indicando su procedencia. (Por esta ocasión aparece en martes)
Visítenos en
http://www.observatorio.org
Grupo de redacción (en orden alfabético): Alejandro Canales, María de Ibarrola, Pablo Latapí Sarre, Felipe Martínez Rizo, Javier Mendoza, Carlos Muñoz Izquierdo, Elsie Rockwell, Roberto Rodríguez y LorenzaVilla Lever.
Otros integrantes: 231 firmas de 29 entidades federativas. Véanse en la página de Observatorio en internet.
En respuesta al Comunicado 5, sobre los programas compensatorios, las autoridades del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) tuvieron a bien reunirse con los miembros del grupo redactor y ofrecer respuestas a sus planteamientos e interrogantes. El documento correspondiente ha sido publicado en extenso en la página web del Observatorio.
La nota de introducción a ese documento indica: "Debemos felicitar al grupo de ciudadanos que tuvo la iniciativa de presentar públicamente observaciones críticas acerca del desarrollo de la educación pública, particularmente de los programas compensatorios. Ha sido una preocupación permanente del Conafe promover la participación social en las tareas de la educación rural e indígena; principalmente de las madres y padres de familia, beneficiarias directas de nuestros servicios; como también, ha sido fundamental rendir cuentas del trabajo realizado, de sus aciertos, como de sus propias limitaciones y retos a lograr". (fragmento)