Juan Angulo Osorio
Terror en Acapulco

El procurador de Guerrero, Carlos Javier Vega Memije, tiene una imagen de ciudadano honorable, una trayectoria considerada limpia si se compara con la de otros que han ocupado el mismo cargo, pero no ha tenido ningún poder para detener a sus policías judiciales que han desatado una auténtica cacería de perredistas en Acapulco, como si fuese una represalia por la derrota del PRI en las elecciones municipales del 3 de octubre.

"Ganaron, pero no vamos a dejar que lo festejen, cabrones", dice una voz que seis veces durante la mañana de este lunes se escuchó en el teléfono de la familia García Estrada. El jefe de esa familia, el diputado local electo, Juan García Costilla, y su hijo Amílcar fueron secuestrados por judiciales de Guerrero y se pretende involucrarlos en el atentado contra el perredista Marco Antonio López García en el cual resultó muerto el hijo de éste del mismo nombre, lo que ocurrió luego de que con centenares de sus compañeros festejaron la noche del domingo de elecciones el triunfo del candidato del PRD Zeferino Torreblanca, un muy conocido empresario porteño, hijo de un matrimonio muy respetado, que ha sido líder de las principales organizaciones patronales y siempre destacado opositor al PRI.

Ese día de las elecciones, miembros del Frente Cívico de Acapulco, fundado por Torreblanca, localizaron un hotel habilitado como cuartel de un comando armado cuyos integrantes, con paliacates de color amarillo recorrían casillas en actitud provocadora y haciéndose pasar como perredistas. En el grupo fueron reconocidos un agente de Gobernación federal, que hacía las veces de chofer del candidato del PRI a la alcaldía, y el director de Gobernación municipal, Arturo Salinas.

El diputado federal Alberto López Rosas --un reconocido abogado acapulqueño que fue secretario del Ayuntamiento cuando éste lo encabezaba el actual gobernador René Juárez Cisneros-- ha pedido que se investigue a ese grupo de hombres armados como una de las líneas a seguir para dar con los presuntos responsables del atentado contra su hermano Marco Antonio, hijos ambos del legendario Rey Lopitos, líder de precaristas asesinado en una conocida calle de Acapulco en 1967.

El viernes por la noche, Adela Román Ocampo --hija de uno de los dirigentes del movimiento universitario de los 60 que fue enfrentado a balazos por el gobernador Raúl Caballero Aburto, combativa ex presidenta de la Barra de Abogados de Acapulco y ahora flamante síndica electa en la planilla de Torreblanca-- informó de la desaparición del perredista Guillermo Martínez y acudió al Ministerio Público a hacer --junto con la esposa de la víctima-- la denuncia correspondiente.

Y también ayer por la mañana, hombres vestidos de negro secuestraron a la hija de Celso Sánchez Castillo, dirigente municipal del PAN, partido que concurrió en la alianza de facto que apoyó a Zeferino, que aparece al lado de éste en las dos marchas que se han realizado para celebrar la victoria. Don Celso Sánchez es un apacible ciudadano, dueño de uno de los colegios privados más conocidos del puerto y a él, y a los antipriístas pero pacíficos acapulqueños que representa, también les enviaron con ese secuestro el mismo mensaje: "Ganaron, pero no vamos a dejar que lo festejen".

La hipótesis que ha filtrado la Policía Judicial es que el desaparecido Martínez es guerrillero del ERPI, que tuvo algún problema con Marco Antonio López García, como los tenía éste con los García Estrada, y entonces se pusieron de acuerdo para quitarlo de enmedio. ƑCómo llegaron a esta presunción? ƑInvestigando, haciendo las pesquisas pertinentes, acudiendo a métodos científicos de indagación? No. Fabricaron una historia, secuestraron a los presuntos responsables, los desaparecieron y procedieron a aplicar el científico método de la tortura, práctica que no está tipificada como delito en el Código Penal de Guerrero, y que ninguno de los gobernadores recientes ha propuesto sancionar pese al cúmulo de iniciativas de ley que acostumbran enviar. No lo hizo el modernizador José Francisco Ruiz Massieu, muchísimo menos lo iba a hacer Rubén Figueroa Alcocer, que sigue siendo el verdadero poder en Guerrero no a pesar de la matanza de Aguas Blancas, sino por eso.

El gobernador Juárez Cisneros, un día antes del despliegue policiaco de ayer, adelantó que estaba cerca la solución del atentado contra Marco Antonio López, lo que quiere decir que dio luz verde para --por medio del secuestro y la tortura-- hacer válida la hipótesis de guerrilleros y perredistas asesinando a perredistas.

ƑPor qué un gobernador --que además apenas va llegando tras un proceso muy cuestionado-- se expone a pagar un alto costo político por permitir que violen flagrantemente la ley quienes primero que nadie están obligados a cumplirla? ƑPor qué corre el riesgo de que nacionalmente se conozca cómo actúan los judiciales guerrerenses y le pase lo mismo que a Jorge Carrillo Olea en Morelos?

En Guerrero no sólo hay un movimiento antipriísta de ciudadanos pacíficos ni un PRD muy combativo, sino también guerrillas, y contra éstas --dicen los militares, que son los que realmente mandan en Guerrero-- todo se vale: atentar contra un regidor electo, matar a su hijo un estudiante de derecho, secuestrar a un diputado electo y a su hijo estudiante de medicina, secuestrar a una joven. Y, simultáneamente, proteger a quienes han sido señalados como sospechosos del atentado de la madrugada del 4 de octubre: los hombres armados del hotel Miami, y el regidor priísta Antonio Valdez, un conocido golpeador cuyas acciones ilegales se han difundido ampliamente en los medios locales y que tiene en su favor no sólo su condición de militante fiel y cumplido del PRI --como se presenta--, sino el haber cedido a la Novena Región Militar una amplia porción del terreno cuya invasión él había encabezado a fines de los 80, y que les da a los militares una posición estratégica en el corazón de Acapulco, donde han construido un enorme helipuerto en la zona de hospitales, donde está el militar, como preparándose para una cruenta guerra.

Y es muy probable que los generales contrainsurgentes hayan concluido que se quedarán sin trabajo si hay un Acapulco en paz, con un gobierno honesto que quite argumentos a la guerrilla para actuar en la ciudad mexicana más conocida del mundo.

Estamos en presencia, de nuevo, de la aplicación facciosa de la doctrina de la seguridad nacional, que no la asocia con más democracia, mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, el mejoramiento de su calidad de vida, sino con la represión, los asesinatos, los secuestros, las torturas, las amenazas, el espionaje.