El pasado mes de septiembre varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda, encabezados por el secretario Gurría, intentaron engañar a los legisladores tratando de ocultar una decisión que habían tomado: utilizar los mayores ingresos derivados del alza del precio del petróleo, para el rescate bancario. Este engaño fue puesto al descubierto por varios legisladores del PRD, los cuales mostraron que ya no es posible continuar con el tipo de trampas y simulaciones que acostumbran algunas autoridades.

Esta historia comienza con un préstamo que otorgó el Banco de México al Fobaproa, que fue destinado en su mayor parte para ``sanear'' a Inverlat, el cuarto banco de México. Este crédito ascendía a 46.5 mil millones de pesos en febrero de 1998, siendo parte de los famosos 552.3 mil millones de pasivos del Fobaproa que el Presidente Zedillo propuso convertir en deuda pública. El valor de este préstamo siguió aumentando hasta alcanzar 60 mil millones de pesos en junio del presente año.

Con el fin de disimular, en lo posible, los enormes pasivos del Fobaproa que se decidieron transferir al nuevo Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), las autoridades optaron por distribuir parte de ellos entre varias instituciones. Así, un crédito otorgado por Nafinsa, se decidió que fuera asumido por ese banco; los créditos carreteros se concentraron en un fideicomiso de Banobras, para resolver su situación dentro de esa institución, y el señalado préstamo del Banco de México recibió un tratamiento parecido, como veremos a continuación.

En la Ley del IPAB, elaborada en la Secretaría de Hacienda, ``negociada'' con algunos dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN), y luego votada por la mayoría de los diputados del PRI y del PAN en diciembre pasado, se incluyó, en el artículo octavo transitorio, la disposición de que dicho préstamo fuera pagado por el Banco de México, utilizando para ello el remanente de operación de esa institución.

El banco central tiene varias facultades monopólicas, entre las que destaca la emisión de papel moneda. Estas facultades le permiten generar utilidades que se traducen en su llamado remanente de operación. Como este remanente es propiedad del pueblo mexicano, la Ley del Banco de México señala, en su artículo 55, que deberá ser entregado a la tesorería de la federación al cierre de cada ejercicio anual, a más tardar en abril.

Por ello, el remanente se registra cada año como ingreso del gobierno federal en la Ley de Ingresos, dentro del rubro aprovechamientos. En la Ley de Ingresos para 1998 se incluyó una estimación de 12.5 millones de pesos por ese concepto, los cuales no se enteraron a la tesorería al cerrar el ejercicio, quedando aparentemente disponibles para lo indicado por la Ley del IPAB (ver la última página del Informe Anual de Banco de México para 1998).

En la Ley de Ingresos para 1999 se incluyó una estimación del multicitado remanente por 35.5 mil millones de pesos, los cuales formaron parte de los cálculos del paquete económico para el presente año. Sin embargo, esa inclusión cayó en una posible contradicción con lo dispuesto en la Ley del IPAB, expedida días antes, la cual indicaba que el gobierno federal renunciaba a esos ingresos, mientras se amortizaba el préstamo otorgado al Fobaproa.

Así, las finanzas públicas para 1999, partieron con un hueco de 35.5 mil millones de pesos, los cuales, como se indica en la Ley del IPAB, quedaron disponibles para el rescate bancario. Como los resultados fiscales a mitad del año presentaban un déficit, las autoridades decidieron tomar los 12.5 mil millones del remanente generado en 1998, registrarlos como si se hubieran obtenido en 1999, y simular un superávit fiscal en las vísperas del informe presidencial.

Pero quedaba pendiente una pérdida en los ingresos fiscales programados por casi 23 mil millones (los 35.5 incluidos en la ley de Ingresos de 1999, menos 12.5 generados en 1998). La decisión fue usar los ingresos petroleros excedentes (derivados de la notable alza del precio del crudo) para compensar ese faltante, o lo que es lo mismo, para destinarlos al rescate bancario. Esa decisión se explica por la urgencia de concluir el ``saneamiento'' de Inverlat, ya que existe un compromiso con el Scotiabank de Canadá para terminar ese proceso en marzo del 2000, con el dinero contante y sonante, y no con promesa a futuro como los pagarés emitidos por el Fobaproa.

El engaño de las autoridades, que luego resultó frustrado por los legisladores del PRD, consistió en tratar de hacer creer que los excedentes petroleros se utilizarían para compensar una pérdida de casi 23 mil millones de pesos del remanente programado para el Banco de México, como resultado de la no anticipada revaluación del peso. Aunque este efecto es verdadero, resulta irrelevante para el cálculo normal de los resultados fiscales, ya que el gobierno federal, como se dijo antes, había renunciado de antemano a esos ingresos al decidir destinarlos al rescate bancario.

Sin embargo, la maniobra de las autoridades hacendarias, descubierta por el PRD, no puede ser revertida, ya que actualmente se carece de recursos legales para ello. Al igual que ha sucedido con muchos capítulos del ya interminable rescate bancario, las autoridades han promovido adecuaciones jurídicas que les permiten adoptar medidas discrecionales que afectan a los ingresos y al patrimonio de la mayoría de los mexicanos, sin violentar ninguna disposición legal.