Si hoy mismo se hiciera un referéndum mediante el cual la población eligiera entre dos opciones: la primera, que la mayor parte de las tropas desplazadas en la presente administración en el estado de Chiapas, regresen a sus cuarteles y sus operaciones se restrinjan estrictamente a las definidas constitucionalmente, y la segunda, que continúen desplegadas por todo el estado, ampliando sus funciones y operaciones constantemente, sin la menor duda la primera propuesta ganaría ampliamente.

¿Será que los mexicanos somos idiotas y no nos damos cuenta del inmenso riesgo en que la patria se encuentra?

No lo creo y, además, en última instancia, si la integridad nacional estuviera verdaderamente en riesgo, el ejército lo seremos todos, no en balde hacemos el servicio militar y hemos entonado convencidos, cientos, si no miles de veces: `` mexicanos al grito de guerra ''.

Siendo estrictos, los mayores riesgos y golpes a la integridad y la soberanía nacional en los últimos diez años mexicanos, se han producido en el patio de la bolsa de valores y nadie ha exigido desplazar tropas para ocupar el sitio y controlar sus movimientos.

Son probablemente las fuerzas armadas la institución de Estado cuya dirección exige el mayor de los cuidados y las más serenas reflexiones; las decisiones sobre su accionar involucran no sólo el poder de las armas, sino la fuerza de los símbolos, lo cual implica que las decisiones que se tomen sobre sus actividades tienen consecuencias no exclusivamente políticas, involucran asuntos jurídicos, éticos, sociales y culturales profundamente imbricadas en el tejido social de la nación.

Es ésta una de las razones que hacen profundamente desaconsejable utilizar al Ejército nacional como instrumento de contención o represión en conflictos internos.

Nuestras experiencias lo constatan. Al margen de que llegará el día en que sepamos toda la verdad de lo sucedido en 1968, las decisiones que se tomaron en su momento, que obligaron al Ejército Mexicano a accionar contra el movimiento estudiantil de 1968, tuvieron como consecuencia un grave distanciamiento entre Ejército y pueblo.

En 1968, nuestra sociedad vivió el fracaso de la política, un régimen político temeroso y paranoico, sordo y endurecido, suplió la negociación y el acuerdo democrático por la represión militar. Aparte de las trágicas consecuencias en vidas humanas que ello significó, se dañó el tejido social mexicano, se dañaron los símbolos nacionales y se dañó el prestigio de las fuerzas armadas.

Aunque tiende a percibirse al Ejército como responsable, siempre debemos tener presente que éste sólo actúa acatando órdenes de civiles: son y serán las autoridades civiles, las responsables morales y legales ante la historia y los tribunales.

En cualquier circunstancia que se utilice a las fuerzas armadas para la solución de conflictos internos se violarán irremediablemente los derechos humanos, podríamos afirmar que: lo que la política non da, las armas non prestan, y esto es así en México y en China.

La disciplina militar, el código de ética y el estado de ánimo de un soldado, se entrena arduamente en los cuarteles, cuando los soldados salen a las calles en tareas de control social, convierten las calles y carreteras en cuartel: son sus órdenes; es ése su entrenamiento y obligación.

Cuando por gravísimas causas de fuerza mayor, se justifica su presencia en las calles, ésta debe ser limitada estrictamente en tiempo, deben regresar lo antes posible a sus cuarteles, no sólo por los daños que ocasiona la violencia monopólica del Estado, sino porque aunque parezca paradójico, la condición de soldado es frágil, su contacto y roce prolongado con la sociedad relaja su disciplina y le hace perder el sentido mismo de su responsabilidad.

El Ejército Mexicano tiene ciertas características que lo hacen un ejército singular en nuestro continente y que explican asimismo algunas de sus peculiaridades.

Una de ellas, y no la de menor importancia, es que el Ejército Mexicano no ha incubado ni incuba en su seno tendencias golpistas tan comunes en nuestra América.

Las razones que lo explican son varias, no obstante su reconocida, tranquilizante y celebrada ``institucionalidad'' deriva no sólo de la voluntad de sus mandos, sino de las condiciones histórico estructurales de su conformación.

A diferencia de México, el grueso de la oficialidad de los ejércitos de América Latina está constituido por individuos que pertenecen a familias de las elites históricas de cada país, lo que ha significado que las oligarquías nacionales han tenido siempre la posibilidad de influir decisivamente en el comportamiento de los ejércitos.

Cada vez que un sector social o clase han visto amenazados sus privilegios por las decisiones de un Estado, no han dudado en exigir a sus parientes militares que actúen en defensa de sus intereses particulares.