n Madres de Plaza de Mayo saluda el dictamen

Alaba Adolfo Pérez Esquivel la decisión de la justicia británica

n El premio Nobel recordó que Menem condecoró al ex dictador

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 8 de octubre n El premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, alabó durante una entrevista con La Jornada la decisión de la justicia británica que autoriza la extradición de Augusto Pinochet a España, y advirtió que quienes alegan problemas de salud y edad deberían recordar que por una parte "están muy bien atendidos y por la otra los criminales nazis fueron condenados en edades muy avanzadas".

En tanto, ambas agrupaciones de Madres de Plaza de Mayo manifestaron su alegría por la decisión de la justicia británica y rechazaron las declaraciones del ministro del Interior argentino, Carlos Corach.

El funcionario condenó la resolución y sostuvo que Argentina defiende el derecho de territorialidad, "lo cual no quiere decir que no queramos que exista un Tribunal Internacional", pero, añadió, "me parece absurdo que España, que tuvo una guerra civil donde murieron un millón de personas, fusilamientos y torturas y nunca ha juzgado a nadie, ahora se arroga algo así como una gendarmería mundial de la justicia".

Hace pocos días el presidente Carlos Menem se refirió en Miami al "colonialismo español", lo que llevó a las autoridades de Madrid a recordar que el gobierno de ese país es respetuoso de la justicia, y hubo voces diplomáticas que apelaron una moderación de los funcionarios argentinos.

Pérez Esquivel exhortó a que "por la misma conciencia internacional sobre los genocidios es necesario que Pinochet sea juzgado, desde el punto de vista de aplicar el derecho internacional".

Agregó que "son lamentables las declaraciones del gobierno chileno y los defensores del dictador, que alegan territorialidad cuando Pinochet violó todos los territorios con sus crímenes, y sólo basta pensar en el asesinato en Argentina del general Carlos Prats o en Washington el caso de Orlando Letelier, y tantos otros, donde sus asesinos iban a matar, a secuestrar en esa criminal Operación Cóndor".

El premio Nobel de la Paz añadió que "actuaron en distintos países con total impunidad y nunca se acordaron de la territorialidad. El derecho internacional no tiene fronteras en cuanto a la vigencia de de- rechos humanos".

Sin embargo, advirtió también que cualquier tribunal internacional debe estar muy ajustado al derecho y la norma jurídica y no ser aplicado unilateralmente ni ser utilizado por intereses ajenos a esos mismos derechos, como lo han hecho Estados Unidos y Gran Bretaña en muchos casos.

En relación con las declaraciones de Corach, recordó que el gobierno argentino condecoró a Pinochet y que el ministro habla por "boca del presidente Menem".

Dijo que "ambos se encuentran en este momento puestos en evidencia frente a los juicios que se están haciendo a los represores argentinos y que ellos obstaculizan. El 26 de este mes comenzará el juicio en Italia, cuando ahora en España se está demostrando que puede y debe haber una verdadera independencia del Poder Judicial del poder político. Se está mostrando que el Estado español no puede intervenir en las acciones de la justicia, lo que es muy saludable para la conciencia internacional y es una alerta para los dictadores que violan los derechos humanos".

Agregó: "Hay que recordar también que todo esto se debe al trabajo y a la lucha de los organismos de derechos humanos que permanecieron, y pese a los oscurantismos y ante la falta de justicia hemos tenido que recurrir a instancias internacionales para poder reparar el legítimo derecho a la verdad y a la justicia".

Lamentó Pérez Esquivel que muchos de los responsables de crímenes en el pasado estén gozando de impunidad, y "no sólo están libres sino que ocupan cargos públicos".

"Pinochet está muy cómodo --dijo-- y es el pueblo chileno el que está pagando sus enormes gastos de estadía en Londres. En realidad debería estar en una prisión por los terribles crímenes contra el pueblo chileno, y desde el punto de vista humanitario sería atendido en su salud, como cualquier ser humano debería serlo".

n Desacuerdo de Cuba con el fallo de la corte del juez Ronald Bartle

Fustiga Argentina la decisión de Bow Street

Afp, Ap, Dpa y Reuters, Buenos Aires, 8 de octubre n El gobierno argentino fustigó el dictamen de la justicia británica que aprobó la extradición a España de Augusto Pinochet, para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. El fallo, dijo el ministro del Interior argentino, Carlos Corach, es "absurdo" debido a que en España no ha sido juzgado uno solo de los represores de la guerra civil española.

A su vez, la cancillería de Cuba, nación que ha sido una de las más acérrimas críticas al régimen militar de Pinochet, manifestó también su desacuerdo con el fallo británico, tras alegar que el ex dictador debe ser juzgado y castigado de manera ejemplar en su país, al igual que todos los que apoyaron a su "sangriento" gobierno.

Corach aseguró en las primeras horas de esta mañana que su país "sigue defendiendo el principio de territorialidad de la justicia, es decir, que los delitos deben ser juzgados en el lugar donde se cometen".

Agregó: "Me parece absurdo que un país como España, que tuvo un millón de muertos en su guerra civil, que asistió a fusilamientos y torturas y no ha juzgado absolutamente a nadie, pretenda arrogarse en una especie de gendarmería internacional".

Corach recalcó, no obstante, que su país está de acuerdo con que autores de crímenes contra la humanidad sean juzgados en tribunales internacionales que, dijo, se han instaurado con total apoyo argentino.

El canciller argentino, Guido di Tella, opinó que "el hecho que se desconozcan de esta manera las opiniones chilenas, las de la justicia chilena, me parece algo grave, y en el fondo superficial".

Hace unos meses el gobierno del presidente Carlos Menem anunció su decisión de no asistir a la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el mes próximo en Cuba, alegando su solidaridad con Chile y su repudio a España por el caso Pinochet.

Corach aseguró que Menem no está solo en su postura contra el juicio a Pinochet, pues el candidato presidencial opositor, Fernando de la Rúa, "avala esa posición".

No obstante, el líder opositor Dante Caputo, quien fungió como canciller en el gobierno del presidente Raúl Alfonsín, señaló que la decisión británica demuestra que "no hay cueva donde puedan esconderse los dictadores".

Pese a la reacción oficial argentina, los principales grupos de defensa de los derechos humanos del país elogiaron el fallo de la justicia británica.

Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, manifestó su esperanza de que el dictamen sea el principio del fin de la impunidad de los represores, y aseguró que la decisión de Londres es un "llamado de atención" pues ahora todos los tiranos se verán forzados a no salir de sus países por temor a que les ocurra lo mismo que al ex dictador y senador vitalicio chileno.

El juez Baltasar Garzón, quien se encargó de encausar a Pinochet, ha solicitado también la captura de unos 150 ex militares argentinos por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y por crímenes como genocidio, terrorismo y robo de niños a presos políticos.

Ebel Petrini, dirigente de Madres de Plaza de Mayo, señaló la importancia del hecho que se haya acusado a Pinochet de tortura y violaciones a los derechos humanos y consideró que ello "demostrará a todos los asesinos, que creen que pueden avasallar a los pueblos, que hay gente en el mundo que los puede juzgar".

El vocero de la cancillería cubana, Alejandro González, señaló que si bien La Habana condenó siempre las acciones del régimen pinochetista, el ex dictador "debería ser juzgado en Chile, como también deberían ser juzgados y sancionados quienes apoyaron y estimularon su golpe de Estado y su dictadura sangrienta".

En el resto de América Latina las pocas reacciones oficiales que hubo fueron ambiguas, sobre todo en naciones que comparten con Chile el mercado común o bien un pasado de dictadura militar.

La cancillería brasileña indicó que no se emitiría postura oficial salvo la ya expresada en el principio de territorialidad, en alusión a una declaración firmada en diciembre pasado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, además de los asociados Bolivia y Chile.

En dicho documento se rechazó "la aplicación unilateral y extraterritorial de las leyes nacionales, por ser acciones que violan la igualdad jurídica de los Estados".

En Bolivia, el gobierno dijo "respetar" la decisión británica aunque declinó manifestar su posición sobre el caso, pero hubo celebraciones callejeras organizadas por activistas de derechos humanos.

En Venezuela, el presidente Hugo Chávez anunció que no se pronunciaría sobre el tema, pero su canciller José Vicente Rangel declaró que el fallo británico era "un triunfo contra la arbitrariedad y el desconocimiento de los derechos humanos".

Agregó que "la causa de los derechos h umanos está por encima de cualquier otra consideración, por encima incluso de algunas posiciones en materia de soberanía".

En Guatemala, Colombia, El Salvador y Panamá sólo hubo reacciones por parte de defensores del pueblo y voceros de organismos pro derechos humanos.

El vocero del guatemalteco Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, Frank la Rue, afirmó que la decisión de extraditar a Pinochet sienta un "excelente precedente", y que "el próximo paso es enjuiciar en Guatemala a Ríos Montt", en alusión al ex general que llegó al poder en 1982 tras un golpe de Estado, y quien actualmente es candidato al Congreso por el Frente Republicano Guatemalteco.

El presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsmans, Leo Valladares, elogió desde Tegucigalpa el fallo británico y afirmó que "así como hablamos de la globalización de la economía, con mucha más razón debemos hablar de la globalización de la justicia y el respeto de los derechos del mundo", y se dijo a favor de que los delitos contra la humanidad sean "juzgados universalmente".

La titular del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Robinson, afirmó que "es claro el mensaje de un año de procedimientos en el caso Pinochet y la sentencia histórica de hoy: quienes cometan, ordenen o toleren la tortura no pueden estar seguros de tener una jubilación tranquila".

La organización Amnistía Internacional, por su parte, resaltó también la "advertencia" que implica la decisión, en el sentido de que "nadie está por encima de la ley".

Tras difundirse el dictamen británico, el juez francés Roger le Loire reveló que se están realizando investigaciones en torno a la desaparición de cinco franceses en Chile y Argentina durante las dictaduras, que podrían llevar a que se apruebe enjuiciar a Pinochet, en ausencia, por su responsabilidad en las desapariciones.