Miguel Concha
Migraciones y muertes
MIGRAR SIN DOCUMENTOS no es un delito, delito es lo que causa la migración. Así lo expresan los migrantes de México y Centroamérica hacía los Estados Unidos, así como las organizaciones que trabajan por sus derechos. Los migrantes de estas regiones se enfrentan hoy a los embates de una política económica excluyente, que impacta sobre todo el campo y las zonas urbanas pobres, y que los obliga a salir de sus lugares de origen para lograr su sobrevivencia y la de sus familiares. A esto se suman las catástrofes naturales, que junto con la mano de obra barata que promueven los países receptores, también orillan a las personas a abandonar sus lugares de arraigo, por el estado de vulnerabilidad en el que las coloca la falta de medidas preventivas y de estrategias de emergencia. Cientos de familias de Nicaragua, El Salvador y Honduras, así como de los estados de Chiapas y Oaxaca, han perdido sus tierras y posesiones a causa del huracán Paulina y del huracán Mitch y otras calamidades naturales.
No obstante que ya existen instrumentos internacionales como los Convenios 97, 118 y 143, así como las recomendaciones 100 y 167 de la Organización Internacional del Trabajo, además de las Resoluciones 1997/13 de la Comisión de Derechos Humanos, acerca de la violencia contra los trabajadores migratorios, y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, los migrantes se enfrentan a una creciente violación de sus derechos humanos fundamentales, debido a que no existen leyes nacionales adecuadas para protegerlos. Grave consecuencia de la contención migratoria es el alto número de muertos en las fronteras sur y norte de México, provocadas por las políticas de sellamiento de fronteras. Según datos proporcionados por la organización "California Rural Legal Assistance", y de acuerdo con datos del Consulado mexicano en San Diego, 405 indocumentados mexicanos han muerto en su intento de cruzar la frontera norte, después de la puesta en marcha de la "Operación Guardián".
La frontera sur no es una excepción. Entidades como Chiapas han significado también un paso de alto riesgo para los migrantes, quienes se enfrentan comúnmente a asaltos, violaciones físicas, extorsión y abusos de autoridades. México ha imitado de alguna forma la estrategia de Estados Unidos de sellar su frontera, y en muchos casos las autoridades locales clasifican al migrante como "ilegal", criminalizan su condición y lo catalogan incluso en relación con los narcotraficantes. En abril de 1999 el Consulado de Guatemala manifestó tener un registro de 70 muertes de migrantes guatemaltecos en los últimos 14 meses y sólo en el estado de Chiapas. El hecho de que se sumen otros cuerpos policiacos, además de los Agentes Migratorios, a la identificación de indocumentados, atenta también gravemente contra los derechos de los transmigrantes, quienes se ven constantemente expuestos a acosos, abusos y maltratos. No queda por lo demás duda de que el fuerte control migratorio se extiende a otros países de Centroamérica, como Guatemala, donde se ha modificado el Acuerdo CA-4, restringiendo el libre tránsito de centroamericanos por ese país.
Ello no obstante, el flujo de migrantes a México no parece disminuir. Muchos trabajadores agrícolas temporeros prestan sus servicios en la zona del Soconusco, mediante un permiso de trabajo que incluye además del jefe de familia a mujeres y menores, sin contar con la protección y vigilancia suficiente de las autoridades para el cumpli-miento de sus derechos laborales. Frecuentemente sufren atropellos, despidos injustificados e incumplimiento al ser contratados del pago de su salario. Esta mano de obra barata es igualmente utilizada en las zonas urbanas, donde las mujeres cumplen jornadas de más de 14 horas en labores domésticas, y los menores en trabajos informales en la calle.
No deben pasarse sin embargo por alto los esfuerzos de las organizaciones sociales ocupadas de este fenómeno, al proponer a los gobierno medidas justas que eviten el incremento de víctimas en las fronteras y en los estados de recepción. Es urgente que éstos desarrollen políticas que tengan como prioridad apoyar programas que posibiliten una vida digna para las personas, partiendo siempre de un diagnóstico claro de sus necesidades.