n Insistirá en liberarlo por razones humanitarias

Niega Chile que el fallo adverso al ex dictador sea un fracaso

Enrique Gutiérrez Aicardi, corresponsal, y agencias, Santiago, 8 de octubre n El gobierno chileno rechazó hoy que el fallo de la justicia británica adverso a Augusto Pinochet sea un fracaso en sus gestiones, y aseveró que ahora centrará sus esfuerzos en conseguir su retorno por la vía de las razones humanitarias.

En tanto que los opositores al ex dictador estallaron en júbilo, con abrazos de alegría y lágrimas de emoción al conocer el fallo, los partidarios del pinochetismo reaccionaron con tristeza y arranques de ira e indignación, con lo que pareciera que la brecha entre unos y otros volvió a abrirse aún más.

"El gobierno continuará perseverando en el esfuerzo que realiza ante el gobierno británico, para que se acojan las razones humanitarias que permitan su retorno a Chile", declaró en conferencia de prensa el canciller Juan Gabriel Valdés, e indicó que "hay iniciativas de carácter diplomático que por esencia son reservadas".

Apuntó que se enviarán próximamente a Londres antecedentes que acreditan las malas condiciones físicas y de salud del acusado, a fin de que las autoridades británicas adopten una decisión "humanitaria" en el momento apropiado.

Para el gobierno chileno es importante avanzar en el proceso de transición y reconciliación, así como en los procesos judiciales de verdad y justicia, los cuales podrían encontrar un obstáculo "si se produ- jera un agravamiento o regresión irrecuperable en la salud del senador Pinochet, durante su permanencia en Londres".

En favor de esta tesis de deterioro de la salud del ex militar, citó que la propia corte de Bow Street admitió que no compareciera a oír la sentencia, lo que se dificultaría aún con mayor razón si debe asistir a un largo juicio de extradición que podría durar al menos dos años, de acuerdo con asesores de la cancillería.

Valdés dijo que sería "extraordinariamente acertado" si se tomara la decisión en 15 días, en lo que toca a una "decisión humanitaria" que podría adoptar el ministro británico del Interior, Jack Straw, si se considera el plazo de 15 días que tienen los abogados de la defensa para apelar ante la Alta Corte.

Aunque reconoció que Straw igual podría tomar su decisión en otro momento posterior, dijo que "a nosotros nos interesa que en base al examen --médico-- de esa situación, el gobierno británico proceda a adoptar la decisión de hacer retornar a Chile al general Pinochet", e insistió en que la "consideración humanitaria" existe en la ley inglesa.

El canciller también reiteró que al margen de las razones humanitarias va a plantear una acción judicial contra España ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al reafirmar que su gobierno está convencido de interpretar correctamente el derecho internacional de que España no tiene jurisdicción sobre el caso.

La cancillería emitió un comunicado en el que reitera que Chile defiende "principios y no personas", y que si bien "reconoce el carácter universal de los delitos especificados en la Convención contra la Tortura", no acepta acciones unilaterales de otros tribunales y que las violaciones en Chile no quedarán impunes en sus tribunales.

Mientras, el gobierno de Chile no espera estallidos de violencia ante el fallo británico que aprobó la extradición de Pinochet a España, confió hoy el ministro del Interior, Raúl Troncoso, e indicó que no hay reforzamiento de las embajadas de España y Gran Bretaña, pero sí resguardos en favor de parlamentarios socialistas amenazados.

El líder del derechista Partido Renovación Nacional, Alberto Cardemil, afirmó que el gobierno se dispone de inmediato a emprender gestiones formales ante Londres para pedir la liberación de su caudillo por razones de salud, en tanto que sectores de militares en retiro demandaron apelar al argumento humanitario.

La dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, declaró que todas las integrantes de esa agrupación estaban muy contentas y emocionadas porque han esperado muchos años para que se haga justicia y se termine la impunidad, mientras marchaban por calles céntricas para celebrar el fallo.

Pero en la Fundación Pinochet y las filas de militares en retiro había tristeza. "Este es el peor escenario para el país. Es un ex presidente, un senador, un ex comandante en jefe del ejército", declaró el ex general Luis Cortés Villa, de la fundación.

Mientras que los candidatos presidenciales Ricardo Lagos y Joaquín Lavín respaldaban la tesis del gobierno de acudir al expediente humanitario, Lucía Pinochet Hi- riart --la hija del ex dictador-- dijo que las familias de las víctimas de la dictadura que encabezó su padre sólo querían venganza, y Gonzalo Townsend Pinochet --un sobrino-- apuntó que prefería verlo "inmolarse" antes que rogando razones humanitarias.

n Alegría en España por el fallo contra Pinochet

Al conocer la noticia, Baltasar Garzón sólo esbozó una sonrisa

n Seis años por cada delito de tortura, pena que le daría el juez

n Beneplácito en los partidos políticos por el sí a la extradición

Armado G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 8 de octubre n Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional de España que abrió el proceso judicial contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, salió hoy de su despacho en Madrid esbozando apenas una sonrisa.

Fue la única reacción pública de Garzón al anuncio que había hecho una hora antes el juez británico Roland Bartle, en el que se otorgaba la extradición a España del senador vitalicio chileno.

Pinochet está acusado en los juzgados españoles por los delitos de tortura, genocidio y terrorismo de Estado, presentados en 1996 por la acusación popular (familiares de desaparecidos y exiliados chilenos).

La defensa de las víctimas del octogenario militar explicó a La Jornada que si el proceso no se sale del terreno estrictamente judicial, Pinochet tendrá que rendir cuentas de su régimen militar (1973-1990) ante el magistrado español, que ya cuenta con un expediente de "miles de folios (hojas) que demuestran las torturas y vejaciones que sufrieron miles de chilenos".

El fallo de la justicia británica resultó ser incluso más favorable a lo que esperaba Garzón, pues en el documento de 12 cuartillas se menciona que los "familiares de los (mil 198) desaparecidos han sufrido tortura psíquica".

Garzón desde el comienzo del proceso ha presentado pruebas y argumentos jurídicos para que los llamados "desaparecidos" también figuren en el proceso bajo el epígrafe de "delito vigente".

Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular, indicó que hay dos vías posibles para que Pinochet regrese a su país: "que el ministro británico del Interior, Jack Straw, lo autorice bajo el justificante de las dichosas 'razones humanitarias' o bien, y ésta sería la más deseable, que el gobierno y la policía chilenos dicten una orden de aprehensión contra Pinochet para que sea juzgado en Chile".

Slepoy agregó que en caso de que se dicte una condena judicial a Pinochet, ésta será "por cada delito de tortura seis años de cárcel, mientras que tortura que haya derivado en la muerte hasta 25 años de prisión".

Añadió que la defensa pretende que el caso de los desaparecidos figure en el sumario, y ante la hipotética autorización de Jack Straw para favorecer el regreso de Pinochet a Chile, Slepoy aseguró: "Si el Reino Unido tomara la decisión de dejarlo en libertad apelando razones humanitarias, pasaría a la historia como el gobierno que dejó en libertad al dictador chileno".

Respeto a las decisiones judiciales

El vocero del gobierno de España, Josep Piqué, declaró que la postura gubernamental es de "absoluto respeto a las decisiones judiciales", y dijo esperar que la decisión británica no desencadene represalias contra los multimillonarios intereses empresariales españoles en Chile, porque "ligar una cosa con la otra no tiene ningún sentido".

Mientras, el vocero de la Oficina de Información Diplomática de la cancillería, Joaquín Pérez-Villanueva, reiteró que desde el ámbito diplomático y oficial español se mantiene el "respeto" a las decisiones del Poder Judicial, y explicó que el gobierno "seguirá en la misma actitud".

Para Clemente Auger, presidente de la Audiencia Nacional, "la resolución (a favor de la extradición) demuestra que los criterios jurídicos que adopta este tribunal (el británico) empiezan a ser respetados por la comunidad internacional".

En el gobernante Partido Popular el vocero de Justicia de esa organización, Andrés Ollero, dijo que la postura de ese instituto político es "dar vía libre a las reclamaciones judiciales que entienden que no deben quedar impunes atentados graves contra los derechos humanos".

En las filas del Partido Socialista Obrero Español, principal fuerza opositora, la noticia se recibió con "alegría".

Joaquín Leguina, quien antes del golpe militar de Pinochet fungió como asesor del derrocado presidente Salvador Allende, expresó que esta noticia "alegra a todos los demócratas", en tanto que el ex presidente español Felipe González, quien tildó hace unos días el proceso contra el ex dictador chileno de "neocolonialismo", no hizo ninguna declaración.

Julio Anguita, líder de la coalición Izquierda Unida, tercera fuerza política en España, dijo que su formación estará "vigilante" de la actitud en el proceso del gobierno español que preside José María Aznar.

Para el Partido Nacionalista Vasco, es una "magnífica noticia para cualquier demócrata con un mínimo de sensibilidad frente al genocidio que supuso el golpe de Estado de Pinochet y los años de dictadura".

"šJusticia, justicia, queremos justicia!"

El reloj de la madrileña Puerta del Sol marcaba las 12:25 horas. Unos 200 familiares de desaparecidos y exiliados chilenos mantenían guardia a la espera de la decisión judicial de un proceso que ellos mismos comenzaron hace tres años.

En sus chamarras llevaban incrustada la foto de "su" desaparecido o pegada al hombro la consigna con la que han caminado durante su largo exilio de 25 años.

Cientos de imágenes de Pinochet con la quijada rígida, su uniforme militar y la advertencia "es un chacal" fueron desplegadas a lo largo y ancho de la plaza central de la capital de España.

Las radios sonaban en todas partes. Los periodistas --otras 200 personas-- se atropellaban entre sí buscando el mejor ángulo para captar la reacción inmediata al esperado fallo británico.

Los teléfonos celulares sonaban sin cesar con noticias "frescas" que se contradecían: unos decían que se había ganado esta guerra, otros aseguraban que se había denegado la extradición.

Fue hasta las 12:30, hora local, que se rompió el silencio, se hizo oficial la decisión a favor de la causa contra Pinochet. Fue entonces cuando un llanto alegre inundó a la Puerta del Sol.

Después de los abrazos de esos cientos de víctimas --directas o indirectas-- del régimen militar salió un reclamo desde el fondo de su garganta: "šJusticia, justicia, queremos justicia!".

Es el mismo reclamo que vienen exigiendo desde hace 25 años, cuando fueron condenados a "la rotura del exilio", dijo en un altavoz una de esas víctimas.

Luego, un grito unánime corrió por la plaza: "Víctor Jara, presente. Víctor Jara, presente. Ahora y siempre".

"Con los desaparecidos también hemos muerto quienes les esperábamos, por lo que esperamos que el gobierno español haga un esfuerzo por entender el dolor de las víctimas del dictador chileno", dijo uno de los manifestantes.

Carla Artes, una jovencita de 15 años, hija de uno de los mil 198 desaparecidos, afirmó llorando: "Más vale tarde que nunca".