Fernando Belaunzarán
Los extremos

LAS AUTORIDADES universitarias nunca han estado dispuestas a una salida negociada sino que, por el contrario, en todo momento han apostado a la derrota del movimiento. Para justificar su política intransigente y encubrir sus verdaderos propósitos, utilizan la existencia y preponderancia de la ultra, a la cual, por eso mismo, se han empeñado en fortalecer.

Cada vez que las posturas proclives a la solución negociada avanzan en el Consejo General de Huelga, la rectoría contesta con provocaciones. Al replanteamiento del pliego petitorio se respondió con la imposición de condiciones y candados para el diálogo. Ahora, cuando el encuentro entre la Comisión de Contacto y el CGH abrieron expectativas de solución, se desata la mayor ofensiva a favor de una salida violenta desde que comenzó el conflicto.

Esta campaña la inició el señor Francisco Labastida Ochoa el 2 de octubre. Mientras muchos mexicanos conmemoraban al movimiento estudiantil de 1968 manifestándose por que no se repitiera nunca más la represión brutal de aquel entonces, al precandidato del PRI le dio por emular a Gustavo Díaz Ordaz, acusando sin pruebas a los huelguistas de la UNAM de estar recibiendo armamento del EPR. Tan irresponsable declaración es por demás preocupante, pues al provenir del favorito del sistema pone en cuestión la veracidad de la voluntad presidencial para que el problema se resuelva sin violencia.

Antes de estrenarse como rompehuelgas en aquella manifestación hacia la rectoría, José Sarukhán tuvo otra aparición pública en el presente año: felicitar personalmente al ex secretario de Gobernación por su decisión de contender por la candidatura del PRI (La Jornada 27 de mayo). Por tanto, a nadie debe extrañar que, en consonancia con la acusación del precandidato oficial, el ex rector encabece la presión interna para abortar la negociación que empezaba a advertirse.

El manifiesto contra el congreso resolutivo, promovido por Sarukhán y otros dos ex rectores, se ha tratado de presentar como un mensaje de "distinguidos académicos" y en ese sentido de contraponerlo a la propuesta de los ocho y a la declaración de Convergencia Universitaria . La trampa está en que sin demérito del prestigio académico que tienen los firmantes, se trata de una postura desde la burocracia y así lo demuestra no sólo la presencia de ex rectores, ex directores y funcionarios, sino también por el hecho de que quien se encargó de la redacción del texto, el doctor Ricardo Tapia, fungió como representante del rector ante el CGH en las pláticas de Minería. Como académicos se absuelven de toda responsabilidad que como funcionarios han tenido sobre los problemas de la UNAM, el surgimiento del conflicto actual y de su alargamiento, e implícitamente se declaran como los únicos que pueden conducir la reforma. Se trata, pues, de un pronunciamiento que pretende preservar privilegios.

Por su parte, las autoridades universitarias, sin molestarse siquiera en cubrir las formas, se han sumado de lleno a la ofensiva por reventar el diálogo: el rector rechazó la realización de un congreso resolutivo; el director de la ENEP Acatlán y el secretario administrativo se coordinaron con los antiparistas para romper la huelga; el abogado general de la UNAM ųy hermano, por cierto, del coordinador de campaña de Francisco Labastidaų pretendía entregarle las instalaciones a la PGR, a la misma que los firmantes del pronunciamiento de los tres ex rectores pidieron un día antes que aplicara la ley "de manera inteligente" y algunos estudiantes contra el paro llevaron una canasta de huevos para el procurador; el plazo de la comisión de contacto venció el 3 de octubre y, en un momento de tanta provocación, el rector retrasó una semana más la reunión del Consejo Universitario en donde se discutirá la negociación con el CGH (y eso que dice que tiene prisa).

En virtud de que, como lo demostró la adhesión masiva a la "propuesta de los eméritos", la gran mayoría de la comunidad universitaria se opone a cualquier solución de fuerza, las autoridades necesitan legitimar su proceder culpando al otro. Buscan, por ello, que los llamados ultras impongan su lógica de confrontación y cierren avenidas, institutos e incluso la DGSCA; que pidan nuevas condiciones para el diálogo y que realicen más acciones "heroicas" como la ocurridas contra La Jornada. Es evidente que el lamentable secuestro de El Mosh, al igual que los hechos antes mencionados, fortalece las posturas duras e intolerantes al interior del CGH, cuyos sectores propensos al porrismo son cada vez menos controlables. Al retrasar la sesión del Consejo Universitario en el clima de confrontación que ellas mismas han creado, las autoridades universitarias apuestan a la polarización que haga inviable la negociación, justifique el rompimiento de las pláticas y aleguen que no hay más camino que el de la fuerza pública por la intransigencia e intolerancia de su contraparte.

Frente a la lógica confrontadora de los extremos, la propuesta del congreso abre una perspectiva de conciliación universitaria, no sólo porque sin él no habrá solución negociada al conflicto, sino, sobre todo, porque significa una gran oportunidad para que se deje atrás la etapa de la inestabilidad constante y se establezcan las bases de una universidad de alto rigor académico y fuerte compromiso social, cuya comunidad sea partícipe de las decisiones que le atañen.