Se ha vuelto subversivo el divulgar la cifra de pobres que hay en nuestro país. En su comparecencia con motivo de la glosa del Informe presidencial, el secretario de Desarrollo Social, Carlos M. Jarque, adujo razones técnicas para no contestar claramente la pregunta que los diputados de todas las fracciones le formularon ¿cuántos mexicanos en situación de pobreza y de pobreza extrema existen actualmente?
Afortunadamente, algunos medios impresos recordaron que hace dos años se habló oficialmente de la existencia de 26 millones de mexicanos en pobreza extrema. En este sentido, el problema seguramente se ha agravado, ya que el propio titular de Sedeso señaló que durante el sexenio ha crecido el número de familias que no cubren sus necesidades básicas. En contraste con estos elementos, la propaganda oficial asegura que actualmente se dedica al gasto social la proporción más alta del gasto programable que se ha dado en la historia. Desde luego, esto no significa automáticamente que se hable de mayores recursos en términos reales o de que éstos se estén administrando de forma más eficiente.
Hay evidencias de que la Secretaría de Hacienda está planeando otorgarle mayores recursos a Progresa sobre la base de quitárselos a otros proyectos federales también de corte social. Es decir, hacer un hoyo para tapar otro. Lo anterior puede estar ocurriendo con Diconsa. Hace unos días fue difundido por algunos diarios un supuesto acuerdo secretarial que, de ser llevado a la práctica, desaparecería para el siguiente año el subsidio al Programa de Abasto Rural. La noticia no ha sido desmentida categóricamente por la dependencia aludida, tiene, además, visos de ser veraz si atendemos a la larga marcha que ha reducido a su mínima expresión la política social en los últimos 17 años.
En su lucha contra el populismo y el Estado obeso, el gobierno federal ha encontrado la excusa para desaparecer instituciones, subsidios y programas que aliviaban las condiciones de millones de mexicanos. En lugar de reformar todos estos mecanismos, ha optado por desaparecerlos y poner en práctica un programa que garantiza la infrasubsistencia a perpetuidad de millones de familias. Mientras, su pregonado y adorado dios mercado no parece estar dispuesto a resolver las miserias de la gente, ni siquiera con el sacrificio puntual que se le hace a diario.
A pesar de que muchos detractores gubernamentales atribuyen la destrucción sistemática de la política social a un plan maligno ideado allende nuestras fronteras, lo cierto es que el Banco Mundial, el FMI y el gobierno de Estados Unidos han dado muestras de que están muy preocupados por la enorme desigualdad y pobreza que privan en nuestro territorio. Los únicos que no parecen darse cuenta de esta grave situación son quienes han instrumentado este adelgazamiento brutal de la política social. Los resultados de este adelgazamiento tienen muchas facetas y han alcanzado lo mismo a la educación pública que a la vivienda y el abasto.
En el corto plazo, el escenario de disputa entre los que abogan por seguir esta política irreal, y los que pretenden detenerla, pero no alcanzan a definir una alternativa, será la Cámara de Diputados. No en balde, preocupados por la posibilidad de que desaparezca el Programa de Abasto Rural, los consejos comunitarios que sostienen las 23 mil tiendas de Diconsa han solicitado a todas las fracciones de la Cámara de Diputados que eleven a rango constitucional el derecho a la alimentación y que garanticen que 900 millones de pesos sean destinados a Diconsa para el año 2000.
Los asuntos de Diconsa y el Progresa son sólo parte de una problemática mucho más amplia que se expresará en las negociaciones del presupuesto para el siguiente año. Entre muchos diputados, que esperamos constituyan la mayoría, ha crecido la idea de que hay que detener o al menos moderar los lineamientos de Hacienda en cuanto al gasto social. En el fondo no sólo es una cuestión de números, sino una definición del tipo de Estado que queremos y del compromiso que éste debe tener hacia la población.
Más allá de las disputas que se acercan con motivo del presupuesto de egresos de la Federación, debemos ver a un plazo más largo. Gane quien gane las elecciones del año 2000 una de las principales tareas será, sin duda, luchar porque el gobierno federal reasuma la responsabilidad central en materia social. Es necesario idear y poner en marcha una política social que atienda las necesidades de las mayorías y que al mismo tiempo sea económicamente posible. ¿Alguien sabe cómo hacerlo?