Horacio Labastida
Congreso universitario

Cada vez que las autoridades universitarias han pretendido au-mentar las cuotas de inscripción y estudios, la reacción estudiantil de protesta es enérgica y generalizada, porque se hieren los sentimientos de la comunidad forjados históricamente al interior de un pueblo pobre que aspira desde su infancia a adueñarse de las ciencias y las humanidades, sentimientos enmarcados por los ideales de un Estado democrático dispuesto a satisfacerles, a fin de elevar el bienestar y la cultura de las familias y los individuos. Alimentada en las luchas generacionales por edificar instituciones de educación superior, aquella reacción estudiantil es fuerte y legítima porque está nutrida en los momentos estelares que iniciaron los ilustrados de 1833 y prosiguieron con voluntad admirable los reformadores de 1863 (Juárez y Barreda) y el meritorio Justo Sierra en 1910. Los mexicanos percibieron siempre con alegría cómo en esas épocas magistrales se abrieron gratuitamente las aulas donde el Espíritu habla de la sabiduría que perfecciona a las gentes y a la sociedad.

Cuidadosamente alojados en una conciencia que los justifica porque representan un camino para realizar en la historia altos ideales del pueblo, dichos sentimientos se agravian por las medidas que buscan cambiar la educación pública gratuita en educación no gratuita. Ahora recordemos los hechos tal como están registrados en el pasado más o menos inmediato. En la protesta estudiantil se develan, además del desafuero de las cuotas, otros muchos problemas que aquejan a los estudios superiores: la ausencia de una democracia verdadera en la toma de decisiones y el amacizamiento de una burocracia en frecuente conflicto con maestros, investigadores y trabajadores, sin excluirse el gravísimo incumplimiento del gobierno sobre la entrega, a la Universidad, de los recursos necesarios a la marcha de las tareas que el Estado le encomendó al concederle el status autonómico; este tercer asunto tiene tal peso que directa o indirectamente causa los demás problemas, y en el presente aumenta el pecado frente a los enormes derroches fobaproenses o bien castrenses, estimados por el pueblo como tajadas sangrientas en programas sociales de extrema urgencia. Y en el instante en que la oposición a las cuotas abre la indeseada caja de Pandora, las hartas cuestiones que se dispersan sugieren de inmediato la necesidad de un amplio debate para analizarlas y resolverlas, originándose en esta atmósfera la idea de celebrar un congreso con carácter resolutivo, a semejanza, por cierto errónea, de los congresos constituyentes que organizan políticamente a los países, y esta posible confusión exige que se hagan acotamientos sobre todo en el lado resolutivo. Congreso es la reunión de personas que estudian temas de interés general y aportan su conocimiento para esclarecerlos y resolverlos, y resolutivo sugiere lo obligatorio; cabe recordar ahora que la Universidad, como institución autónoma del Estado, nace de una ley sancionada por el Congreso de la Unión, y que esta ley debe ser acatada por todos los universitarios, sin que sus reglas puedan alterarse al margen del legislador; en este aspecto, cualquier decisión resolutiva sólo puede ser una demanda aprobada o rechazada por los diputados y senadores. Es decir, ningún congreso universitario puede alterar la organización que nace de la ley de 1944. Lo que sí puede hacer es modificar los reglamentos en la medida en que no se violen las normas constitutivas, y en esta vertiente el llamado congreso resulta viable y conveniente si se celebra conforme a principios que garanticen la participación democrática de la comunidad y eviten el riesgo demagógico. Nadie ignora los azares del asambleísmo del CGH, las trampas en las votaciones que no favorecen a los grupos dominantes, y el dogmatismo que enferma a los líderes huelguistas. Sería bochornoso y abominable que el congreso cayera en manos facciosas o totalitarias, o bien en la corrupción asambleísta y demagógica.

Concluyamos. Congreso resolutivo sí; democrático, no demagógico, y dentro de la legalidad y legitimidad de la Ley Orgánica de la UNAM. En estas condiciones sine qua non el congreso sería fecundo y positivo en la marcha de la Universidad.