n La observación de los comicios debe ser profesional
En juego, la consolidación de la democracia: José Woldenberg
n Pide a partidos, medios y ciudadanos crítica y compromiso
Palabras de José Woldenberg K., presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral
Señoras y señores:
Comienza legalmente el proceso electoral federal del año 2000. Con él se abre una oportunidad para la nación: en definitiva, consolidar la democracia, resolver esa cuestión crucial del México contemporáneo cuya solución depende de esta generación.
La democracia: es decir, una práctica electoral limpia y equitativa que conduce al gobierno de la mayoría. La democracia: una cultura de la convivencia y plena legalidad en la que se respeta la pluralidad y se ejercen las libertades políticas esenciales. Eso es lo que México se juega en el próximo año: la consolidación de su democracia, la prolongación de una vida política abierta, intensa, libre y pluralista. Organizar con éxito esta elección para poder seguir teniendo elecciones.
Por primera vez en la historia mexicana están al alcance de los partidos y de la sociedad todas las herramientas y, en general, las condiciones sociales y políticas que faltaron en otras épocas para construirla.
Existe una ciudadanía que ha protagonizado un cambio cultural de enormes proporciones, y que ha aprendido a usar el voto como su instrumento de inserción en el presente del país y en las definiciones de su vida pública.
Contamos con unos partidos políticos nacionales, bien estructurados, arraigados; son las maquinarias más fuertes y competitivas que ha producido la vida política del país. Ellos se encuentran ya en el corazón de las decisiones estatales y son el soporte del nuevo Estado democrático.
Hay una opinión pública alerta, sensible, y unos medios de comunicación cuya credibilidad y fuerza depende cada vez más del despliegue de su propia capacidad.
Hay una sociedad organizada, extraordinariamente diversa en sus intereses y visiones, pero atenta y movilizada, difícilmente encuadrable a otro formato que no sea el democrático.
Existe una exigencia internacional múltiple y persistente que debemos atender si queremos ser parte del concierto mundial de las naciones.
Y hay unas instituciones y unas reglas electorales profesionales y sofisticadas, cuyos innumerables instrumentos y procedimientos garantizan la celebración de elecciones limpias.
No es posible evadir la exigencia democrática. México no tiene otra posibilidad de ser moderno; la democracia se ha vuelto una necesidad esencial del presente mexicano. El país está obligado a intentar una vida electoral abierta y creíble porque no hay otro sistema en el que pueda vivir y reproducirse la enorme pluralidad política de la nación.
En esa tarea estamos embarcados. El 2 de julio del año 2000 casi 61 millones de ciudadanos podrán asistir a las urnas en todas las regiones del país. Serán ellos quienes decidan la cuestión más importante de nuestra vida política: quien gobernará y quién legislará a México al comenzar el siglo XXI; de ese modo, pacífico y legal, los ciudadanos definirán la alternativa política que gobernará al Estado mexicano en los primeros seis años de la próxima centuria.
La importancia del proceso que hoy se inicia es inocultable. Se renovarán por completo dos poderes de la Unión. Habrá un nuevo Presidente de la República y serán electos 500 diputados y los 128 miembros de la Cámara de Senadores.
De modo concurrente, el 2 de julio del año 2000 se eligen gobernadores en Guanajuato y Morelos y entran en juego nueve congresos locales en igual número de estados; además, ese mismo día ocurrirán la segunda elección de jefe de Gobierno y la renovación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Así que el 2 de julio será una fiesta democrática nacional. Su preparación empieza hoy. Su éxito depende en gran parte del trabajo del Instituto Federal Electoral, de su estructura profesional, de sus destrezas y capacidades y de su compromiso con la institución; de la unidad y la imparcialidad de este Consejo General.
ƑCuáles son las condiciones del éxito? En primer lugar, la legalidad. El proceso electoral se desplegará sólo mediante el cumplimiento y la aplicación estricta de la norma. Que nadie pida del IFE excepción, posposición o negociación de las leyes. Pido que a esta institución se le discuta y se le juzgue por el rigor y la exactitud con que aplica la ley. La administración electoral no es un juego de buenas intenciones; es un obstinado trabajo de convencimiento, seriedad y apego al derecho.
En segundo lugar: autonomía, no sólo legal, sino práctica, frente a los gobiernos. Quiere decir que nuestras decisiones serán tomadas al margen de las estrategias o los imperativos de la lucha política. Para lograrlo reitero la convocatoria a mis ocho compañeros, los consejeros electorales: cada acuerdo, cada programa, cada iniciativa importante debe ser discutida, primero, en los circuitos internos del IFE, entre sus consejeros, comisiones, su secretario ejecutivo y su Junta General Ejecutiva. De ahí, someterlos a la consideración de los partidos y de los consejeros del Poder Legislativo. Esta es la verdadera condición política de la autonomía. Actuar de otra manera sería desnaturalizar la idea de la imparcialidad, de la independencia política, que es nuestra obligación.
En tercer lugar: cada decisión importante estará abierta al escrutinio de los partidos. En el proceso electoral todo estará sujeto a examen. Cada pieza, cada herramienta, queda bajo la vigilancia de los partidos políticos. La lógica de la transparencia gobernará el trabajo de esta institución. Su único límite estará fijado por los plazos de ley, pero la información, la absoluta apertura a la inspección, será la constante del trabajo de todas las áreas, de todos los órganos y en todas las acciones de esta institución.
En cuarto lugar: vamos a explicar, a comunicar las razones de nuestras decisiones. Cada paso será justificado y explicado ante la opinión pública. La complejidad del proceso electoral nos exigirá una labor de persuasión masiva, sistemática e incisiva; lo que el IFE haga debe ser comprendido por los ciudadanos, comunicadores y aquellos que forjan a la opinión pública.
Finalmente, nuestra elección será exitosa por el trabajo y la lealtad de nuestros cuadros profesionales. La eficacia técnica es el factor crítico de los comicios; nada será posible, ninguno de nuestros grandes acuerdos cobrará vida si no es ejecutado en tiempo y forma por nuestros funcionarios: desde el secretario ejecutivo hasta los vocales distritales. En el año 2000 no desarrollarán un trabajo cualquiera: de su experiencia y su responsabilidad, del cúmulo de detalles técnicos que erijan, dependerá la calidad del proceso y la viabilidad misma de la vida democrática.
Esos son los parámetros políticos con los que vamos a trabajar durante todo el proceso. De esa manera queremos desahogar los acuerdos electorales más relevantes.
Hay que ser enfáticos: están canceladas las condiciones para un fraude electoral en México. No es una cuestión de voluntad: es un hecho material, objetivo; reside en la forma como se organizan las elecciones en nuestro país.
Hoy empezamos un proceso que se construye por etapas. Cada fase tiene una complejidad particular, sus propios problemas técnicos y políticos, sus tiempos y sus plazos de resolución. Los partidos políticos tienen y tendrán acceso a cada una de las etapas, sin excepción. Buscaremos su aval a cada paso y para cada instrumento. A los partidos políticos nacionales, a sus representantes y a los representantes del Poder Legislativo les pido que apliquen todo el rigor en los exámenes y pruebas y que hagan una crítica franca y abierta a los defectos de nuestra operación.
Pero con la misma franqueza, una vez que hayan comprobado la limpieza y la pertinencia técnica de cada eslabón, solicito también que asuman como propias las decisiones y los instrumentos que hayan verificado. El IFE necesita esa reciprocidad. Ustedes son vigilantes del proceso, pero también son corresponsables. Tendrán toda la información y las herramientas que les permitan emitir juicios y dictámenes a tiempo. Pero queremos el reconocimiento, paso a paso, de un edificio electoral que espero será construido de manera común.
Los consejeros electorales, el secretario Ejecutivo y yo formamos parte de un órgano colegiado que tiene a su responsabilidad, por segunda ocasión consecutiva, la organización de los comicios federales. Es un timbre de orgullo compartido. Pero es, sobre todo, una responsabilidad mayor: no tenemos razón ni pretexto para fallar. En el año 2000 el IFE no se puede equivocar.
En este Consejo General hay una experiencia acumulada, un estudio minucioso de la institución, una planeación previa, una serie de modificaciones y cambios propiciados por los propios consejeros y obligados por la ley para llegar al día de hoy y ofrecer un proceso electoral mejor, más eficaz, más austero y confiable que el de 1997.
Este Consejo General concluyó todas las tareas encomendadas por el Congreso de la Unión. Todo en el IFE ha estado sujeto a inspección, cambio y corrección. Gracias al trabajo de los consejeros electorales arrancamos sobre una estructura humana y material examinada en todos sus detalles, corregida y renovada. Por primera vez desde su creación, el IFE organizará la elección al amparo de una legislación ordinaria, llegará a la elección habiendo alcanzado su plena normalidad operativa y legal. Pero las elecciones son una obra concurrente:
Vamos a necesitar la colaboración de las diversas instancias estatales y gubernamentales, en varios momentos y de muchas formas. Es un interés superior el que propicia esa colaboración; por eso queremos una relación fluida y respetuosa.
Del Ejército y la Marina mexicanos vamos a necesitar su seguridad y todo su apoyo para el resguardo y la custodia del material electoral. Así nos lo proporcionaron en el pasado y así buscaremos repetirlo en el año 2000.
También vamos a necesitar la generosidad de cientos de miles de ciudadanos para sacar adelante las semanas de entrenamiento y capacitación, sobre todo durante el día neurálgico de la jornada electoral.
A los medios de comunicación hay que pedir que sean los ágiles y sanos reproductores de la contienda política. En el año 2000 los medios van a definir, en gran medida, los tonos de la contienda: si premian y reproducen el conflicto y el escándalo, la contienda será conflictiva y escandalosa; si premian la seriedad y la civilidad, la contienda será seria y civilizada. Reproducir las posiciones plurales de manera objetiva e imparcial es una necesidad para el país. Su criterio como conductores del mensaje será fundamental para determinar el clima político del año por venir.
A las organizaciones no gubernamentales, a los observadores y los visitantes extranjeros queremos decirles que hemos emitido una convocatoria a su trabajo con gran anticipación, porque queremos que nos acompañen a todo lo largo de la organización electoral, que tengan una visión general del proceso, de cada eslabón. Queremos una observación profesional, sin prejuicios; una observación que nos exija, pero que al mismo tiempo sea capaz de reconocer el trabajo limpio y bien hecho, que sepa discernir lo real de lo aparente y que se apoye, más que en los dichos, en los hechos comprobables, los datos ciertos y las cifras mensurables.
Ellos son actores y constructores del proceso que hoy se inicia. Su rol particular demuestra que las elecciones son una obra concurrente que rebasa al IFE e involucra a millones, y para lo cual se necesita cooperación, asistencia, comprensión mutua.
Las elecciones del año que viene deben ser vistas como una expresión masiva, nacional, inequívoca, a favor de la vía democrática. Los partidos políticos, todos sin excepción, tienen la obligación política de convencer a los ciudadanos de que votar tiene sentido, más sentido que la abstención y, por supuesto, más sentido que la violencia.
Los partidos han sido los protagonistas indiscutibles del tránsito político. Por eso cada día es mayor su responsabilidad de crear las condiciones para una democracia que genere certidumbre y un horizonte nacional compartido y practicable. El nivel y el tono de las campañas será decisivo para la calidad de la nueva democracia. No es sólo una convocatoria de la autoridad: es una obligación impuesta por el articulo 38 de la ley electoral. Nada contribuirá tanto al prestigio y a la consolidación de la democracia como el prestigio y la consolidación de los partidos. Y a la inversa: nada erosionará más a la vida democrática como el desprestigio y la parálisis de los partidos.
Las elecciones que ha organizado el IFE durante casi una década han mostrado un país extraordinariamente complejo en sus opciones, mucho más allá de los reflejos y los cálculos del pesimismo político.
No hay vuelta al pasado porque la reforma política de México es protagonizada por decenas de millones de votantes, ciudadanos que han hecho suyo y han utilizado el espacio electoral para expresar su visión, su preferencia o su rechazo. Si algo demuestran las elecciones en los últimos años es que las leyes y las instituciones electorales son suficientes para garantizar la soberanía de los ciudadanos, el respeto de la voluntad de cada quien depositada en urnas.
Esa reserva de calidad ciudadana y voluntad política ha optado por la modernización del sistema político, se ha incorporado en enormes contingentes a los partidos y ha optado por una transformación drástica y pacífica. Existen dificultades hacia adelante, pero esa nueva ciudadanía, ese México participativo y democrático no podrá ser derrotado, ni por la tradición, ni por la violencia, la impaciencia o la nostalgia autoritaria.
El proceso electoral que aquí inauguramos es sencillamente la prolongación de lo que ya hemos hecho, de lo que el país ha estado viviendo. Al final de este proceso tendremos una Presidencia legítima y un Congreso denodadamente plural.
Pero el resultado electoral, ganadores o perdedores, son indiferentes para el IFE. Nuestra misión no es otra que organizar las mejores, las más limpias elecciones federales. México atraviesa por su oportunidad democrática. Nunca estuvimos más cerca de lograrlo. Con ese ánimo, declaro el inicio del proceso electoral del año 2000.
n Arranca formalmente el proceso del 2000
Canceladas, las condiciones para un fraude electoral: IFE
n Partidos y medios, corresponsables de comicios creíbles
Alonso Urrutia n Al iniciar formalmente el proceso electoral del año 2000, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg, sostuvo: "Hay que ser enfáticos, están canceladas las condiciones para un fraude electoral en México; no es una cuestión de voluntad, es un hecho objetivo que reside en la forma como se organizan las elecciones en México".
Discurso inaugural en el que advirtió que el IFE no se puede equivocar en el 2000: "No tenemos razón ni pretexto para fallar". Sin embargo, subrayó que en el proceso electoral los partidos son corresponsables de su organización, y los medios de comunicación, de su difusión; "si apremian el conflicto y el escándalo, la contienda será conflictiva y escandalosa; si apremian la seriedad y civilidad, será seria y civilizada".
Sesión en la que el PRI anticipó que será estricto vigilante del cumplimiento de la legalidad y la imparcialidad, en tanto que PAN y PRD reivindicaron las nuevas condiciones para la elección, pero demandaron mayores garantías de equidad.
Integración de consejos estatales
Por otra parte, el Consejo General del IFE aprobó ayer la integración de los 32 consejos estatales, así como la designación y en algunos casos ratificación de los consejeros presidentes de las 32 entidades. Sin embargo, tras un largo debate, se reservó la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de dos presidencias y tres consejeros.
La aprobación de ambos puntos generó sendos y largos debates, en donde el PRI externó dudas sobre el método de designación de los consejeros presidentes; cuestionó a dos de ellos, pero especialmente hizo énfasis en criticar la aprobación de consejeros de Jalisco, Baja California Sur y Yucatán, por ser personas abiertamente antipriístas.
La imparcialidad garantiza
la legitimidad: PRI
El representante del PRI, Luis Farías Mackey, enfatizó una y otra vez en la necesaria imparcialidad del órgano electoral, así como su apego a la legalidad.
En este contexto recordó la serie de impugnaciones que "el PRI ha estimado pertinentes ante decisiones adoptadas, sobre la base de que la autoridad electoral está, como cualquier otra, sujeta a la intepretación de las leyes".
Dijo que la garantía de legimitidad de los comicios proviene de la imparcialidad de la autoridad electoral. Mencionó que la reforma que el PRI avaló pretende "afirmar la legitimidad de los comicios sobre la base de la transparencia de su organización, desarrollo y resultados, y asegurar la eficacia del desempeño de la autoridad encargada de la función estatal electoral".
Farías añadió: "Cualquier actuación que no se adecue a las disposiciones jurídicas aplicables, entraña no sólo la afectación de los legítimos intereses de ciudadanos o partidos, sino incluso el debilitamiento de la autoridad electoral".
Abstenerse de golpes bajos: PAN
A su vez, el panista Germán Martínez se centró en la defensa del IFE como árbitro electoral y en el acuerdo político que lo creó. "Confiamos en que ese acuerdo va a estar sin discusión durante todo el proceso, que no habrá golpes bajos a ninguno de los integrantes del consejo ni al organismo en su conjunto".
Martínez lamentó que el proceso arranque sin que se hayan aprobado nuevas reformas electorales que hubieran permitido, entre otras cosas, garantizar el voto de mexicanos en el extranjero y eliminar la sobrerrepresentación en el Congreso, "pues la falta de voluntad del oficialismo lo impidió".
Tampoco se incorporó una mayor transparencia en los gastos partidistas y el fortalecimiento de la fiscalización. Por ello, pidió al IFE un esfuerzo adicional, "para que no sea el dinero el elemento definitorio de la elección, y ésta gravite sobre propuestas; para que el acceso a los medios se dé equitativamente y se garantice la imparcialidad de la autoridad".
Detener el marketing político: PRD
El perredista Jesús Ortega -nuevo representante de su partido- también lamentó la improcedencia de las reformas electorales, pero además acusó que algunos partidos han ideado nuevas formas ilegales para buscar el triunfo, como es la compra del voto, "aprovechándose de la pobreza de manera muy perversa".
Demandó que el gobierno no favorezca estas prácticas de "consentir la ley, pero no cumplirla". Si el gobierno continúa con esa visión y con esas prácticas, entonces se estará atentando contra los comicios del 2000, y aún más grave, se daría un severo golpe al proceso de transición, con todo lo que implica, incluyendo las regresiones autoritarias".
Ortega advirtió también sobre la "la peligrosísima tendencia impulsada desde algunos partidos y precandidatos para desvirtuar el proceso electoral, confundiéndolo con una campaña comercial. Cautivados por el marketing, no difunden propuestas, y más bien se venden productos, con un gran daño al desarrollo democrático, abriendo camino para profundizar la inequidad de los procesos".
La desigualdad también fue criticada por el representante del Centro Democrático, Angel Avila, quien dijo que aun en la ley hay condiciones que no garantizan una contienda equitativa. Dijo que mientras el partido con la mayoría tendrá 34 por ciento del financiamiento, los nuevos contarán con 2 por ciento del total de prerrogativas a distribuir.