La discusión sobre la publicidad de los créditos reportados por el auditor Michel Mackey en la revisión realizada por encargo de la Cámara de Diputados permite advertir los intereses políticos y comerciales de los partidos.

Más de 70 mil millones de pesos otorgados por la banca comercial han sido considerados por el auditor como ``reportables'', es decir, que deben ser nuevamente analizados. Mackey solamente revisó aquellas operaciones mayores de 20 millones de pesos, por lo que estamos hablando de créditos otorgados a empresas o personas con presunta solvencia.

Estas operaciones realizadas por los bancos privados, constituyen hoy deuda pública del Estado Mexicano, ya que los pagarés fueron avalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aunque en forma ilegal, y reconocidos posteriormente mediante la nueva ley del IPAB, expedida por el Congreso con los votos aprobatorios del PRI y el PAN.

El IPAB solamente podrá rechazar aquellos créditos considerados como ilegales por la autoridad competente que, por cierto, no es el propio IPAB, sino los tribunales. De esta manera, el nuevo Instituto para la Protección del Ahorro Bancario tendrá que asumir, por cuenta de la nación, todo el paquete Fobaproa, con sus más de 800 mil millones de pérdida.

La publicidad de los créditos reportables no busca dar a conocer una simple lista de deudores, sino de aquéllos que realizaron operaciones que contienen alguna irregularidad y que, no obstante, serán pagados por la Federación, es decir, por el pueblo de México.

Resulta ridículo que la Cámara de Diputados, la cual mandó a hacer la auditoría que después terminó siendo una revisión, no pueda conocer el resultado de la misma. Nadie ordena que se investigue para, después, mantener su ignorancia sobre el objeto o situación investigada. Pero el PRI y el PAN consideran que los diputados no pueden analizar en su integridad la revisión del auditor Mackey.

Se trata, en efecto, de la continuidad de las perversas relaciones de impunidad, las cuales se asientan en el desconocimiento de los hechos. El mayor problema es que, ahora, Acción Nacional se suma -aunque con protestas de algunos de sus diputados- al mismo sistema que antes criticó con vehemencia.

El contenido político de la decisión de Acción Nacional se encuentra dentro de la línea perversa de asumir las decisiones gubernamentales como fatalmente inevitables, especialmente cuando se trata de proteger ciertos intereses privados. Deber no es un delito, pero no pagar, pudiéndolo hacer, es un robo aunque legalmente no se pueda perseguir debido a diversos factores, entre los cuales se encuentran la indiferencia de las autoridades y la carencia de leyes efectivas.

Si Acción Nacional cambiara de actitud frente al reporte de Mackey, la Cámara de Diputados conocería de inmediato la lista y los montos de los créditos reportados por el auditor. No existe ningún otro factor que impida el conocimiento de dicha lista más que la actitud cómplice del PAN. Una vez más, el gobierno depende de una decisión panista y Acción Nacional le pasa facturas políticas baratas al Presidente y a su partido.