Carlos Martínez García
La CIDH y los chamulas expulsados

LOS NEGOCIADORES DE LA SECRETARIA de Gobernación están muy atareados; buscan evitar una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalaría la grave violación a su libertad de conciencia y culto que padecen los indígenas evangélicos chamulas y, en los últimos años, sus coterráneos católicos identificados con la línea pastoral del obispo Samuel Ruiz García. Los católicos tradicionalistas de San Juan Chamula han expulsado en un lapso de tres décadas a cerca de 35 mil indios(as). El origen de la barbaridad es la conversión religiosa a credos distintos del sincretismo oficial que gobierna en el poblado tzotzil.

Una de las cuestiones a comprender en el conflicto chamula es la génesis del problema. Casi siempre en las notas periodísticas y en trabajos más académicos aparece la expresión "por supuestos motivos religiosos", para referirse a las causas por las cuales son desarraigados con violencia los indígenas que han dejado de compartir el núcleo de la identidad de la población expulsadora. En una sociedad homogénea, autárquica en el terreno de los valores, la disidencia religiosa es una ruptura que alcanza todos los aspectos de la vida personal y social. Al no existir una diferenciación entre espacio religioso y secular en sociedades tradicionales, necesariamente la disidencia religiosa cuestiona el sistema y sus prácticas fincadas en una sola cosmovisión que excluye a todas las demás. En este sentido la ruptura religiosa de los chamulas evangélicos tiene semejanza con las realizadas por otros grupos que debieron enfrentar a iglesias oficiales en la Europa del siglo XVI. Aunque iguales puntos de quiebre los podemos encontrar en los dos mil años de vida de la Cristiandad, es en la centuria referida cuando las células sectarias (en su sentido sociológico, no ideológico y descalificador) pusieron en evidencia a la intransigencia católica y a un sector del protestantismo. Las iglesias territoriales de uno y otro signo combatieron con similar intolerancia a la corriente que George Williams llama Reforma Radical. Los integrantes de este movimiento, cristianos anabautistas, pugnaron porque el Estado garantizara la libertad de conciencia y no persiguiera como delincuentes a los creyentes que tuvieran una identidad religiosa distinta a la oficial.

Para los expulsados de Chamula está claro que su desarraigo forzoso se debe a que no comparten el particular catolicismo que se practica en su poblado de origen. Como ese credo (en que se funden tradiciones culturales y creencias religiosas donde es difícil delimitar unas y otras) exige el cumplimiento de ciertas tareas que los disidentes religiosos juzgan incompatibles con su nueva adscripción de fe, éstos desobedecen y desafían al entramado socio-religioso que a su vez reacciona violentamente contra los heterodoxos. Desde afuera las faenas y cooperaciones forzosas que el sistema pan-óptico impone a sus habitantes pueden ser vistas como tradiciones dignas de encomio para mantener la cohesión cultural de la etnia. Pero desde el horizonte de los perseguidos y expulsados, lo mismo que a partir de la noción de los derechos humanos, los esfuerzos cohesiona-dores lesionan gravemente el principio de li- bertad de conciencia y culto. Dado que la flagrante violación, por décadas, ha sido contra indígenas que además son protestantes, el silencio en la opinión pública ha sido casi total. Por su parte las autoridades estatales y locales se debaten entre la indiferencia y la ineptitud para resolver el conflicto.

Por diversas instancias locales y nacionales los indígenas expulsados han denunciado los ataques en su contra. Gobernación, a través de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, se comenzó a movilizar con cierta celeridad cuando tres años atrás se hizo del conocimiento de la CIDH el caso de los niño(a)s evangélicos chamulas a quienes los tradicionalistas les impedían asistir a las escuelas. Ahora que el organismo internacional está llegando a conclusiones, en las cuales existe la posibilidad de hacer un llamado de atención al gobierno mexicano por la lentitud con la que ha tratado el caso, los funcionarios de Gobernación tratan de llegar a un "arreglo amistoso" con la CIDH (ver entrevista de Elio Henríquez al director de Asuntos Religiosos, Genaro Jaimes, La Jornada 4-10). Fue la sombra de la comisión interamericana la que logró destrabar la indolencia en la Secretaría de Gobernación. Pero en la reacción se deja ver más un interés diplomático, del tipo "evitemos que la imagen internacional de nuestra nación sea dañada", que auténtica preocupación por la vulneración de los derechos humanos en Chamula. Ante la franca negativa de las autoridades municipales priístas para terminar con las expulsiones, a los negociadores de Asuntos Religiosos les ha faltado imaginación y firmeza para acotar los ímpetus intolerantes y actitud retadora de quienes hacen caso omiso a garantías consagradas en la Constitución mexicana y en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Se ha estado burlando de nosotros", fue lo que Genaro Jaimes dijo para referirse a la actitud que ha tenido ante los enviados de Gobernación el presidente municipal de San Juan Chamula, Pascual Díaz López. Hay que cambiar de estrategia, a una que tenga por objeto la búsqueda y protección irrestricta de la libertad de conciencia, o de lo contrario la burla continuará. *