Ť El secretario incumplió las condiciones de un amparo


Un juez ordena a Gurría devolver 127 inmuebles a los Amezcua

Ť El mandato beneficia a familiares de los presuntos narcos

Ť Los bienes raíces fueron decomisados por la PGR

Gustavo Castillo García Ť José Manuel Bárcena Villanueva, juez décimo de distrito en materia penal, emplazó al secretario de Hacienda, José Angel Gurría Treviño, a que en un "plazo breve" devuelva a la familia Amezcua Contreras los 127 inmuebles que les fueron decomisados por la Procuraduría General de la República (PGR) cuando los presuntos jefes del cártel de Colima, Jesús y Luis Amezcua Contreras, fueron detenidos.

Lo anterior, en virtud de que Adán Amezcua interpuso y obtuvo un amparo ante el juez cuarto para que las autoridades federales le devuelvan a sus familiares los bienes.

Tal situación motivó al juzgador con sede en el Distrito Federal a pedir la comparecencia de Gurría, a fin de que éste argumente el motivo por el cual mantiene incautados dichos inmuebles.

Sin embargo, el funcionario federal solicitó un amparo ante el juez décimo para no acudir ante el juez cuarto. El recurso legal le fue aprobado con fecha 2 de septiembre, pero en sus resolutivos se estableció que debe devolver las 127 propiedades.

Ahora, como no ha cumplido con ese requisito que se impuso en el amparo, el secretario deberá poner a disposición de la familia Amezcua sus propiedades, o de lo contrario se le revocará el recurso.

Gurría, quien promovió el amparo 746/99-A contra las determinaciones del juzgado cuarto, fue notificado de que a un mes de incumplimiento, el juez décimo acordó: "La resolución concede la suspensión definitiva, siempre y cuando cumpla con la devolución de bienes".

En el acuerdo del juez Bárcena Villanueva se agrega: "Se apercibe al quejoso ųGurría Treviñoų que no ha cumplido con la disposición por las que se le concedió el amparo; de no hacerlo se le revocará dicho beneficio".

De acuerdo con datos de la PGR, a los familiares de los hermanos Luis, Jesús y Adán Amezcua se les decomisaron las 127 propiedades por considerar que dichos inmuebles fueron adquiridos con dinero de procedencia ilícita.