José Blanco
El Presidente

EL DOCTOR ZEDILLO DIJO el pasado miércoles, refiriéndose al conflicto en la UNAM: "En una sociedad democrática, plural y tolerante la ley no puede aplicarse de manera ciega ni con criterios autoritarios..., especialmente cuando se trata de resolver conflictos de orden político".

Contrario a los criterios del Presidente, por siglos los hombres han sabido que "la justicia es --precisamente-- ciega". La erguida mujer de túnica blanca, balanza, espada y ojos vendados, que no mira a quién imparte los designios del derecho, ahora muda su porte y con el ojo descubierto por la banda semicaída, se asoma a ver de quién se trata y qué asunto se trae entre manos, para formar su criterio: se aplica o no se aplica la ley.

Para quien dude de la fuerza que aún conserva el presidencialismo, "en una sociedad democrática, plural y tolerante" como México, el Presidente democráticamente decide con qué criterio los órganos legalmente competentes han de aplicar o no aplicar la ley. Estos, por su parte, hallan coincidentemente correcto ese criterio y, por tanto, a ese juicio ajustan la aplicación de las normas que rigen a la República.

En una sociedad democrática ciertamente el jefe del Ejecutivo no tiene atribuciones para emitir fallos acerca de una situación de probables violaciones masivas de la ley, como en el conflicto que aplasta a la UNAM. A través del Ministerio Público se da inicio a la instrucción del proceso judicial, y un juez competente emite la sentencia que dictamina si hay o no hay delitos y delincuentes. El criterio de conservar la prudencia, el bien social y el orden jurídico, corresponde a ese magistrado.

El Presidente dijo también que quienes piden la aplicación de la ley "no reconocen que abogan por una salida que incluiría la represión".

Una acción policiaca puede ser el último recurso de un proceso en el caso de que demandas, citatorios, audiencias, y demás elementos que conforman un proceso judicial, no funcionaran. Si un juez cita, o falla en contra de personas que han cometido delitos, y hubiera rebeldía frente a sus resoluciones, sería entonces necesaria la policía. Normal.

Decir que hay un conflicto político entre "dos partes" con ideas distintas de Universidad, es una muy mala formulación. El asunto se ha planteado como si a campo abierto dos bandos se enfrentaran con inquina desde posiciones divergentes, mientras muchos aconsejan el diálogo civilizado como forma de avenencia. En esa visión la ley no existe. En el marco del derecho, en cambio, ciertamente no hay esas dos partes. Una "parte", son las autoridades universitarias, es decir, los autorizados por la ley (académicos y alumnos) para tomar las decisiones.

Al oír o leer semejante tesis, la "izquierda" suele poner ipso facto el consabido grito en el cielo por la invocación del "sacrosanto principio de autoridad": pamplinas tercermundistas, por supuesto. Si la ley dice quiénes y cómo se toman las decisiones, ésa es la ley. Y si no nos gustan sus disposiciones, por el conducto que ella misma dispone, cambiémosla. Pero, si en lugar de observarla, todo lo negociamos, la ley incluida, entonces nos va como nos va, unos frente a otros, y todos frente al gobierno. El del Presidente no es un criterio político relativo al interés general (la UNAM está siendo devastada), sino uno ligado a la conveniencia coyuntural del poder.

Además de universitarios con interés real en la UNAM, en este conflicto han metido las manos miembros de diversos partidos políticos, y ultras y dizque ultras con fines políticos ajenos a la academia. Un juicio legal seguramente configuraría al menos los delitos de despojo y robo en gran escala. Además --crimen aún mayor--, se ha hecho un daño irreversible a las funciones sustantivas de la institución, y por ende, a la sociedad. No obstante, la UNAM sigue indefensa, y ultras y dizque ultras se mantienen en la impunidad, protegidos por el blindaje que les ha otorgado el criterio presidencial.

El Presidente puede, por supuesto, no tener ningún aprecio por la UNAM ni valorar su significado histórico, tal como lo ha mostrado su impasibilidad frente al brutal atentado que la hunde. No debería poder, en cambio, decidir si se aplica la ley o no se aplica.