Ť Impulsa Albores mayor violencia, asegura el Centro Fray Bartolomé
Expropia el gobierno los acuerdos de San Andrés: ONG
Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 3 de octubre Ť Mediante el gobernador Roberto Albores Guillén, el gobierno federal ha pretendido "expropiar los acuerdos de San Andrés, falsificar su contenido y utilizarlos como un pretexto más para la represión" en Chiapas, afirma el Centro Fray Bartolomé de las Casas en un informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al comenzar el organismo su 104 periodo de sesiones ordinarias en Washington.
"El gobierno federal ha pretendido ignorar su responsabilidad hacia el conflicto de Chiapas, reduciéndolo al ámbito meramente local, y dentro de este juego, al gobernador le toca tomar medidas para propiciar un clima de distensión; pero lejano a esto, ha ido generando un clima de mayor violencia", asegura el organismo que preside el obispo Samuel Ruiz García.
"El mutis hecho por el gobierno federal frente a acciones del gobierno de Chiapas, que pretenden pasar como parte de las que debe asumir libremente la soberanía estatal, sería levemente más creíble si no fuera porque en muchas de esas acciones suelen participar instancias indiscutiblemente federales, como el Ejército, la PGR y el Instituto Nacional de Migración", sostiene el informe titulado Situación de derechos humanos en Chiapas.
En el documento de 23 cuartillas, una de cuyas copias fue entregada a La Jornada, el Fray Bartolomé de las Casas sostiene que las reformas sobre derechos indígenas y remunicipalización, así como la creación de la ley para el desarme de los grupos civiles armados, forman parte del intento del gobierno del presidente Ernesto Zedillo de "expropiar" los acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, en los cuales se establece que el cumplimiento de los mismos se hará de manera bilateral.
En este mismo contexto ubica la aplicación de programas sociales "aparentemente destinados a beneficiar a la población marginada, pero que en realidad están diseñados y se ejecutan con el fin de socavar la base social del EZLN".
Esta táctica, explica el documento entregado a la CIDH el 30 de septiembre, "adquiere su mayor eficacia cuando se lleva a cabo a través del uso de la fuerza pública". Refiere que a esta entidad el gobierno federal le da un apoyo económico "como a ningún otro estado del país, a través de la Secretaría de Desarrollo Social".
La ONG menciona que la forma como las autoridades pretenden imponer los programas de supuesto beneficio a la población ųcomo en el caso de la carretera en Amador Hernándezų "es violatoria de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en el sentido de que el aprovechamiento de los recursos naturales y las obras de desarrollo económico en territorios indígenas deben contar con el consentimiento de las comunidades beneficiarias.
Reitera que en el caso de la remunicipalización oficial ųen días anteriores crearon siete nuevas demarcacionesų, las reformas tienen como propósito "desarti- cular la base social del EZLN, alterando artificiosamente la original estructura municipal del estado, sin una consulta previa y razonada a las bases zapatistas". Asegura que la mayoría de los nuevos municipios "están concebidos como bastiones priísta-gubernamentales enmedio de zonas de fuerte influencia zapatista".