Ť Su trazo, similar al de Operación Cóndor en los 70
Continúa en la sombra un proyecto de seguridad para AL
Ť Se trataría de una "alianza continental antiterrorista"
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 3 de octubre Ť Mientras avanza un plan de colaboración para el intercambio de datos y acciones conjuntas contra el terrorismo en el Mercado Común del Sur, a instancias de Argentina continúa en las sombras el proyecto de seguridad que tendría un trazado similar al de las dictaduras del Cono Sur en la década de los 70 y conocida como Operación Cóndor.
Sin que intervengan los Congresos regionales, en cualquier momento los mecanismos de represión continental en el contexto de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) estarán institucionalizados, en parte gracias a la acción de gobierno del presidente Carlos Menem, que se convirtió así en la "pata" latinoamericana de la política militar estadunidense en América Latina.
La creación de una alianza continental antiterrorista para unificar la legislación, la inteligencia y la coordinación de los organismos de seguridad regionales fue parte primordial en la agenda de los ministerios de Interior y Defensa de Argentina, cumpliendo así en el periodo democrático ųsegún algunos analistasų el papel de la dictadura chilena de Augusto Pinochet en la coordinación criminal del Cóndor.
En febrero de 1998, el ministro del Interior, Carlos Corach, arregló la llegada de misiones de la Oficina Federal de Investigaciones estadunidense (FBI) al país, y abundó en calificativos sobre la Triple Frontera, a la que mencionó como "un nido de terroristas islámicos y un centro de captación de fondos para actividades de fundamentalistas de Medio Oriente", en alusión a la comunidad árabe que desde hace años se asienta en esa frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.
En mayo de ese año, el diario La Nación de Buenos Aires afirmó que en un informe del departamento estadunidense de Estado sobre terrorismo se mencionaba al ministro Corach como impulsor de una "acción preponderante en la lucha contra el terrorismo en América Latina". Esto a pesar de que ese mismo ministerio nunca pudo descubrir a lo autores de los atentados contra la embajada de Israel (1992) y la mutual israelita argentina AMIA (1994), aunque existen evidencias de lo que se llama la "conexión local", que involucran a policías y hombres de seguridad argentinos.
El 11 de mayo, también de 1998, Louis Freeh, director del FBI, llegó a Buenos Aires para encuentros con funcionarios, mientras equipos de ese organismo estadunidense reunían datos sobre el terrorismo en Argentina, aunque a qué terrorismo se referían despertó interrogantes, sobre todo en una región donde disidentes políticos, intelectuales, profesionales, estudiantes y obreros, fueron desaparecidos bajo acusación de terrorismo en la guerra sucia continental que significo el Cóndor.
La Triple Frontera
Consultado a fines del año pasado por este diario sobre la definición del terrorismo a combatir, el ministro Corach se limitó a responder lacónicamente: "al internacional". Aunque la versión nunca fue confirmada, se atribuyó a Hezbollah, la guerrilla chiíta pro iraní del Líbano, la responsabilidad en la voladura de la embajada de Israel, y de allí partió la novela de la Triple Frontera.
Para fundamentar la virtual toma de esa frontera por organismos de seguridad extraregionales, en ese momento apareció uno de los tantos iraníes "arrepentidos" y de "identidad reservada" que hablaban del paso por la región de funcionarios iraníes y de policías procesados por el atentado contra AMIA.
En febrero de 1999, Corach y Freeh firmaron en Washington un convenio mediante el cual se instaló en Buenos Aires un agente estadunidense especializado en terrorismo para cooperar en forma permanente con Argentina, en tareas de capacitación "para el personal de seguridad, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura Naval, en la lucha contra el terrorismo". Con este convenio se institucionalizó la colaboración de seguridad entre Argentina y Estados Unidos, ya que implicó "la creación de una base de datos y el compromiso concreto de trabajar en conjunto, en forma institucional contra el terrorismo", según dijo el propio ministro en sus declaraciones de entonces.
El propio Corach reconoció que casi 500 agentes de seguridad argentinos se estaban especializando en la lucha antiterrorista en diversos establecimientos de Estados Unidos. Y la secretaria de Estado, Madeleine Albright, subrayó durante la firma de este y otros acuerdos "la importancia que le asigna Estados Unidos al trabajo antiterrorista con Argentina".
Junto a los acuerdos Corach- Freeh, también John Hamre, el secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos y el ministro argentino de Defensa, Jorge Domínguez, firmaron un "Acuerdo recíproco de adquisiciones y servicios" para facilitar la "interoperatividad" de los elementos militares de ambos países, así como un acuerdo que establece mecanismos para la protección recíproca de información militar clasificada.
Para completar este panorama, llegó la reciente autorización para la presencia de fuerzas de élite estadunidenses en la nordestina provincia de Misiones, frontera con Paraguay y Brasil, donde ya se han practicado maniobras estadunidenses. Y en la norteña provincia de Salta se desarrolla el Operativo Area Frontera Norte bajo mando de agentes de la DEA que actúan bajo identidad falsa, con equipos argentinos "independizados de sus mandos naturales", según informó el diario Clarín el 29 de agosto pasado.
Esta es sólo una parte del enorme esquema de intercambio de seguridad, que involucra incluso la presencia de agentes en aeropuertos como el internacional de Ezeiza y la radarización del espacio aéreo argentino a manos de la empresa estadunidense Northrop Grumman, asociada con la italiana Alenia.
La compañía francesa Thompson CSF se presentó el mes pasado ante la justicia solicitando medidas ante presuntas maniobras dilatorias del ministro Domínguez que habrían permitido la adjudicación en favor de Grumman-Alenia.
La Alianza opositora, favorita para ganar los comicios del 24 de este mes, está luchando por la anulación de esa preadjudicación, ya que el menemismo estableció que "los que ganan en primera etapa tienen una situación preferencial en una segunda adjudicación".
Este caso resultó otra muestra de cómo en las privatizaciones a nivel económico, como en lo militar y de seguridad, el saliente gobierno de Menem favoreció a Estados Unidos, heredando al próximo una alianza de imprevisibles consecuencias que ahora Corach intenta ampliar a otros países de la región.