Ť Casi 3.5 millones de pesos, durante la gestión de Barroso Chávez
Evade la Cruz Roja responder sobre daño patrimonial: JAP
Ť Esta instancia insistirá en la recuperación de los recursos a favor de la institución, dice Ainslie
Ricardo Olayo Ť El Consejo de la Cruz Roja aceptó siete de las nueve recomendaciones que le envió la Junta de Asistencia Privada (JAP) para mejorar su funcionamiento tras revisar la gestión de José Barroso Chávez, pero no dio respuesta a dos asuntos que involucran un daño patrimonial de casi 3 millones y medio de pesos.
La JAP, indicó su titular, Alejandro Ainslie, insistirá en la recuperación de los recursos a favor de la Cruz Roja, y si es necesario la apoyará en las acciones legales que presente ante las autoridades.
En estos casos, indicó, la Junta puede coadyuvar con la institución de asistencia privada.
Al margen de las personalidades que puedan verse involucradas en este sector de la beneficencia privada, Ainslie precisó que el interés de la Junta es el respeto de la ley y lograr que se preserve el prestigio de la institución.
Más de un año ha pasado desde que cayó la sombra de duda sobre José Barroso, mientras se avivan versiones de fraude por las auditorías parciales filtradas durante la gestión del ex presidente de la JAP, Víctor García Lizama.
La revisión de los documentos por parte de la Junta de Asistencias Privada se tradujo en una serie de observaciones expresadas en el oficio DEF/RZSA/127/99 de la Dirección de Evaluación Financiera del organismo.
En su reciente sesión, los integrantes del Consejo de la Cruz Roja analizaron el informe, y en pleno determinaron que es necesario implantar mejores mecanismos de control, apoyando su opinión en el estudio que encargaron a la firma Price Waterhouse Cooper.
Hasta ahora, dicho Consejo no ha hecho públicas sus conclusiones, pero algunos de sus integrantes explicaron que no hay definición sobre la negativa de subsanar las anomalías en dos casos: el primero, por recursos de más de un millón y medio de pesos que fueron entregados al Centro Cívico de Solidaridad AC, una agrupación del propio Barroso, y, el segundo, por la venta de un inmueble por debajo del costo de mercado, operación que fue cedida a particulares.
En 1992 la Cruz Roja entregó fondos al Centro Cívico sin pedir la autorización correspondiente a la JAP, y hoy, "de acuerdo a registros contables al 31 de marzo (de este año) importa un millón 526 mil 791 pesos", indica en su oficio la JAP.
Sin embargo, "no obstante que la Junta ha solicitado a la institución efectúe las gestiones para el resarcimiento del citado adeudo", no se ha hecho nada para solicitar el regreso de los recursos.
En el segundo expediente se establece que la Cruz Roja nuevamente dejó al margen a la JAP para obtener la autorización "de llevar a cabo las operaciones relacionadas con el legado a la institución, de las acciones de Inmobiliaria Marsella SA, propietaria del inmueble ubicado en Schiller número 256, colonia Chapultepec Morales".
Por ello, en las conclusiones enviadas al presidente del Patronato de la Cruz Roja, Rafael Moreno Valle, se pide que operaciones de este tipo se realicen sólo previa autorización de la JAP y conforme a la ley.
Agrega: "El uso indebido del poder otorgado entre otros a Jaime Luis Ochoa y de la Peña culminó en la venta del inmueble propiedad de Inmobiliaria Marsella SA en condiciones poco favorables para la institución, impidiendo así que la Cruz Roja Mexicana IAP, pudiera obtener mayores beneficios económicos, presumiendo que la operación provocó un daño patrimonial del orden de un millón 945 mil 976 pesos, por lo cual la propia institución deberá emprender las acciones pertinentes contra quienes resulten responsables".
Ambas irregularidades fueron cometidas durante la presidencia de García Lizama en la Junta, pero fue hasta que se agudizaron las diferencias de él con Barroso Chávez que se decidió investigar y tratar de aplicar sanciones.
El titular de la Junta de Asistencia Privada, Alejandro Ainslie, confirmó que en dos aspectos está pendiente la acción de la Cruz Roja, pero dijo que corresponde al Consejo de la benemérita institución dar a conocer el detalle de lo que aprobaron en la sesión del 28 de septiembre.
En breve entrevista, explicó que no tiene elementos para afirmar que haya existido dolo o fines de lucro en las anomalías, pero lo que se ha documentado es descuido y falta de control en la tarea administrativa.
Prueba de ello, dijo, es que fueron aceptadas el resto de las recomendaciones, que van desde la no utilización de fondos extranjeros para los afectados por el huracán Paulina, hasta erogaciones ya aclaradas.