ESTAMOS YA EN PLENA temporada presupuestal. Tanto el gobierno como el Congreso deben estar preparando sus iniciativas y propuestas de ley para discutir la políticas de ingresos y egresos para el último año de este sexenio. 2000 puede ser complicado no sólo porque habrá elecciones federales para la Presidencia y el Congreso, sino porque, supuestamente, todo está planeado para lograr que aguante la estabilidad económica cuando menos hasta el primero de diciembre.

El escenario es complejo, además, porque hay demasiados asuntos sin resolver o conflictos que no se han superado, y que serán motivo de disputa en los largos meses que aún quedan por transcurrir. En esta ocasión no debería haber una política de alfileres, como ocurrió en 1994, según dejó en claro, aunque a destiempo, la burda ironía de Pedro Aspe.

La Secretaría de Hacienda, responsable de presentar el presupuesto federal, anunció que no habrá sorpresas en la propuesta que envíe a la Cámara de Diputados. Pero que no haya sorpresas no significa que será fácil el debate, ya que por necesidad habrá muchas partidas que provoquen fuertes diferencias con los partidos de oposición, y puede ser que en esta ocasión la misma situación política pueda crear diferencias, incluso entre los comunmente disciplinados legisladores del propio PRI.

Ya estamos en octubre y no se ha fijado una fecha para entregar a los diputados el proyecto del presupuesto. La mínima eficiencia administrativa y legal, así como la responsabilidad política deberá evitar que el documento de Hacienda llegue tarde a la Cámara, que no haya suficiente tiempo para analizarlo y discutirlo, y que el trabajo de los legisladores sea otra vez ineficaz. Recordemos que en 1998 el presupuesto fue aprobado literalmente a la última hora.

El presupuesto federal para 2000 estará marcado, otra vez, por la insuficiencia de los ingresos del gobierno, y seguirá dependiendo fuertemente de los ingresos petroleros. Con ello dejará un pesado lastre al próximo gobierno, que se enfrentará a la impostergable necesidad de imponer condiciones para contener el deterioro de las finanzas públicas y la crisis fiscal. Una vez más hay que insistir en que no es lo mismo tener equilibrio fiscal que finanzas públicas sanas; eso lo saben bien en Hacienda aunque públicamente sigan sosteniendo esa confusión. Debemos estar alertas de que no se saque de nuevo el costurero y la provisión de alfileres.

La elaboración del presupuesto es un asunto esencialmente político y no meramente técnico. En las condiciones de restricción fiscal, que prevalecen en el país desde hace muchos años y con los estrictos criterios de estabilización de corto plazo que marcan la gestión financiera, hay poco espacio para cumplir con muchos de los objetivos declarados de la política económica. Una de las restricciones del próximo presupuesto proviene de los recursos que exige el manejo de la deuda interna. Por un lado está la alta tasa de interés que hay que pagar por ella y, por otro, su volumen, tanto el contabilizado como la enorme suma de aquélla que existe de manera virtual a partir de la crisis bancaria. Esta última porción de la deuda (del orden de 100 mil millones de dólares y que eleva el total a más de 230 mil millones de dólares) requiere de grandes sumas de recursos para administrarla. Para el próximo presupuesto del 2000 se estarían demandando 50 mil millones de pesos sólo para pagar los intereses reales devengados por la deuda del antiguo Fobaproa, ahora en manos del IPAB. Esto representa alrededor de 1 por ciento del PIB; sólo para tener una perspectiva de lo que significa debe recordarse que a la educación se destina 4 por ciento del producto.

De esta circunstancia se desprenden consideraciones importantes de la política presupuestal. Una puede señalarse de inmediato y se refiere a la posibilidad que tiene, en este caso, el secretario de Educación para acercar a los técnicos de Hacienda sus propias políticas en el sector que le corresponde y tener alguna capacidad de negociación con aquéllos que deciden en función de sus propios criterios las asignaciones del gasto. En la medida en que esos criterios de asignación y los diversos compromisos financieros son más restrictivos, es menor la capacidad de negociación que tiene el secretario Limón para negociar los requerimientos de fondos destinados a una actividad prioritaria en el desarrollo de esta sociedad. Y lo mismo ocurre en los otros campos de la política social, piense en la salud o en el combate a la pobreza, lo que acarrea no sólo mayores rezagos, sino igualmente importante, una gran ineficiencia en la gestión de los recursos públicos que son, finalmente, de la sociedad. Este es también un tema de la construcción de la democracia en México.