Deben esclarecerse algunos conceptos para juzgar la huelga que ha mantenido el CGH por cinco meses, pues prevalecen confusiones que podrían provocar explosiones no deseables. Desde el punto de vista constitucional, la UNAM es una institución del Estado encargada de educar e investigar en un ambiente autónomo del gobierno y de cualesquiera otras influencias que perturben sus libres compromisos con el conocimiento de la naturaleza y del hombre. La autonomía es condición sustantiva de la universidad porque protege la posibilidad de dudar o negar el saber como algo dado en términos absolutos.

Neguemos el dogma y nada admitamos sin tener altas evidencias probabilísticas de su certeza; rechacemos la afirmación apodíctica para así acercarnos en lo posible a la objetividad de las cosas, principios éstos sin los cuales es imposible el claustro universitario; además, su vigencia suele desestabilizar las doctrinas dominantes y opresivas de quienes monopolizan la riqueza y el ejercicio del poder político. Tratar de imponer al mundo el paradigma neoliberal es desafiar con los cañones el consejo de la inteligencia y el deber ser de la ética, cultivadas la una y la otra en las universidades que izan la bandera de la civilización y condenan las agresiones de la barbarie. Tales son los significados de la autonomía y de su implícita obligación de abrir su cátedra gratuita a todos los que la demanden, si están académicamente calificados para hacerlo; este es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las conclusiones saltan a la mirada de quienes desean verlas. Legitimó el CGH la obstrucción huelguística al funcionamiento de la universidad cuando se levantó en defensa de la gratuidad y de la democracia en la marcha de sus instituciones, perturbación legitimada por el apoyo moral que encontró en los sentimientos generales de la comunidad universitaria; exigir cuotas, además de inconstitucional es opuesto a la historia y naturaleza de la universidad mexicana, y adoptar decisiones o nombrar autoridades al margen de esta comunidad resulta en prácticas contrademocráticas. Acentuemos ahora que la interrupción de las funciones de una institución estatal con base en la moral pública conduce a la necesidad de un diálogo entre los litigantes, a fin de resolver el conflicto sin el uso de la violencia. Esto hay que entenderlo de manera cabal; echar sobre los estudiantes y el pueblo a las fuerzas armadas, según ocurrió el 2 de octubre de 1968, fue un procedimiento criminal, porque las partes mantenían conversaciones en el propósito de hallar la solución del conflicto, conversaciones interrumpidas bruscamente ``para salvar al país del comunismo internacional'', de acuerdo con las declaraciones gubernamentales de aquel año trágico. Mientras haya diálogo o simplemente su posibilidad, el uso de la coerción sería condenable. Cabe agregar de inmediato que maestros, investigadores, estudiantes y trabajadores universitarios forman una comunidad académica distinta a la idea del pueblo que integra el Estado; las comunidades aparecen en el momento en que alguna colectividad compromete sus intereses en objetivos bien definidos, y por esto es absurdo que el CGH se muestre como personero del pueblo universitario, personería vacua que engendra las ilegitimidades que por hoy alimentan los escándalos y actos reprochables que suelen nutrir las asambleas de los huelguistas. Veamos las cosas con calma. Las cuotas están suspendidas, aunque falta la declaración de gratuidad, pero en estos días el Consejo Universitario (CU) se declaró favorable a la propuesta de los eméritos -rechazada sin fundamento por el CGH-, y por tanto a la voluntad común de abrir debates públicos que discutan y resuelvan los problemas de manera que el propio consejo asuma las soluciones como propias. Es obvio que los puntos del pliego del CGH han sido admitidos a discusión por la autoridad que conforme a la Ley Orgánica tiene potestad para conocerlos y dictaminarlos de acuerdo con el sentir de la comunidad. Negar esta situación real y manipularla con argumentaciones sofisticadas, prolongando así el paro, es colocar al CGH al margen de las demandas de la comunidad universitaria, y configurarlo como un ente autoritario y consecuentemente ilegítimo. Ojalá que el encuentro entre las recién nombradas comisiones del CU y de los huelguistas restaure la vida universitaria en sus propios valores morales y científicos, en su propia sabiduría, sin necesidad de procedimientos de fuerza que la paralizan y dañan tanto como a la nación.